Reordenar el territorio sin federalizar

La Constitución de 1863 instaló durante 23 años en Colombia el federalismo radical. Los Estados Unidos de Colombia duraron hasta 1886. Con pretexto de los 160 años de ese grito federalista, la semana pasada se celebró un interesante foro en Rionegro (Antioquia) organizado por la Federación Nacional de Departamentos cuyo principal tema fue una mayor autonomía regional y más recursos. Incluso, un regreso al federalismo.

Sin embargo, el debate no se debe centrar solo en autonomía ni en recursos. Es mucho más: es un reordenamiento territorial ante la nueva realidad que hace rato nos desbordó: ¿Dónde nos debemos hacer? ¿Qué podemos o no hacer en cada lugar? ¿Cómo potenciamos los territorios? ¿Cómo los defendemos? ¿Qué figuras territoriales o modelos de integración son adecuados? ¿Cómo arbitramos los recursos y cuál su porcentaje?

Soy de quienes cree en la necesidad de mayor autonomía departamental, aunque sin llegar al federalismo. Pero más que esa autonomía, debemos hablar de todo un nuevo ordenamiento territorial para Colombia de lo cual estamos en mora. La Constitución de 1863 es solo una suerte de guía o, mejor, un símbolo, y la actual de 1991 lo permite, pero no ha habido voluntad.

Seguir manteniendo únicamente la histórica división nación-departamentos-distritos-municipios es anacrónico. Sin tampoco eliminarla, urge una nueva división (e integración) y redistribución de competencias y responsabilidades inspirada en nuevos retos y realidades, y en una moderna concepción de territorio, que es mucho más que lo físico.

No es un embeleco. La división territorial debe ser inteligente. No puede responder solo a la historia o a uniformidades culturales o geográficas, sin que dejen de ser aspectos a tomar en cuenta. No solo hay que adaptarse a esas nuevas realidades y retos, sino que la división debe ser funcional al desarrollo y al país que queremos. Y claro, al mundo. Y repito, no solo debemos hablar de división, sino de formas de integración o asociación.

Sin duda, hoy el medioambiente debe ser el elemento más determinante. Disponer el territorio para recuperar y proteger el agua y el aire, la vida. Y más que determinante, debe ser un elemento transversal a cualquier tipo de actividad a desarrollar.

En Colombia es también clave la paz: que los territorios sean fuente de desarrollo y convivencia, y no de disputas violentas o propiciadores de dinámicas de poder excluyentes. El despliegue del Estado en el territorio ha sido una de nuestras falencias. Ya casi nadie pone en duda que el gran error luego de la firma de la paz con las Farc fue que el Estado no copó los territorios que aquellas dejaron.

Se trata pues de ocupar el territorio por quien debe ser y cómo debe ser. Para ello se requiere definir qué autoridad es la idónea para protegerlo, potenciarlo y, en general, para gobernarlo o administrarlo. Cuáles autoridades deben concurrir o ser subsidiarias o solidarias entre sí, según las competencias asignadas y las necesidades a satisfacer, lo cual a su vez necesita unos recursos propios o transferidos.

Descentralizar es una acción que implica desprenderse el centro de poder, funciones y recursos, es decir, descentralización política, administrativa y fiscal ¿Por qué desprenderse? Porque en el actual momento institucional de Colombia los mayores poder, recursos y funciones están concentrados en el centro, en la capital.

¿Y por qué es mejor descentralizar? Porque cuando los gobernantes están más cerca de los gobernados y de sus jurisdicciones territoriales son más conocedores de sus problemas, historia, cultura y sueños, lo cual les facilita la toma de decisiones más adecuadas y oportunas. Pero no solo es esa cercanía, también es tener ciertas competencias autónomas y los recursos suficientes para ejercerlas.

Otro de los objetivos claves del nuevo reordenamiento es crear figuras infradepartamentales y supradepartamentales que permitan desarrollar o proteger ciertos territorios cuya extensión sea mayor o menor que los departamentos: provincias, regiones o asociaciones con mayor o menor autonomía según cada caso son permitidas por la Constitución del 91.

Se trata de territorios cuyo manejo en ciertos aspectos debe ser distinto al de otros dada su diversidad o su similitud con los de otros departamentos aledaños. Grandes cuencas, bosques, páramos, asentamientos con predominio de ciertas etnias, zonas aptas para determinado desarrollo económico, fenómenos de conurbación (a los que las débiles áreas metropolitanas poco responden), rutas arterias o corredores claves, zonas de riesgo, en fin: hay varios aglutinantes de diversos órdenes que no conocen de límites departamentales.

Ese necesario reordenamiento territorial debe estar regido por tres principios claves que se pueden cumplir con voluntad y una legislación inteligente: 1) No romper la unidad de la Nación. 2) No propiciar mayor rezago de ciertas regiones y, por el contrario, generar mayor equidad. 3) No implicar más burocracia ni gasto, pues se trata de reorganizar recursos que, además, con un nuevo orden territorial se deben incrementar para todos.

Y dejar hoy algo claro: sobre este reto los gobernadores nada pueden hacer diferente a promover el tema y a gestionar regulaciones legales ante el Congreso y los gobiernos nacionales. Pero es una agenda de la cual se deben apropiar. El visionario gobernador Guillermo Gaviria Correa fue quien más lejos llegó. Lideró un grupo de gobernadores y congresistas que le metieron el diente a un proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) efectivo y suficiente. Tuve el honor de aprender y trabajar con ese grupo donde hubo asesores nacionales e internacionales de muchos quilates. Vale la pena rescatar y retomar ese trabajo.

El ordenamiento territorial es un tema apasionante que da para cientos de columnas, foros y libros. Sin juegos de poder, sin regionalismos tontos, sin politiquerías y menos con oportunismos electorales, un reordenamiento territorial profundo es una asignatura pendiente en Colombia.