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Propuesta de lineamientos para una reforma necesaria y democrática a la justicia en Colombia

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Campaña por la Independencia de la Justicia

Bogotá, mayo 20 de 2022

La Campaña por la Independencia de la Justicia, que agrupa organizaciones civiles, gremiales, sociales y derechos humanos tanto nacionales como internaciones, conscientes del grave deterioro que desde hace años padece la Administración de Justicia en Colombia, y especialmente el enorme retroceso que en materia de respeto a la separación de poderes y pérdida del equilibrio de pesos y contrapesos en el pasado reciente, ha convenido en presentar a los/as aspirantes a ocupar la Presidencia/Vicepresidencia de la Nación, los siguientes lineamientos para una Reforma a la Justicia que permita restablecer los principios esenciales de independencia judicial y de acceso universal e igualitario a la justicia, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho:

OBJETIVO

Posicionar en la agenda electoral y pública la independencia judicial como una piedra angular del estado social y democrático de derecho, es una de las mayores apuestas de la Campaña “Por la defensa de la independencia judicial en Colombia”, en la cual confluyen las más importantes Plataformas y Organizaciones de Derechos Humanos en nuestro país.

Conscientes de las reformas estructurales que se requieren para materializar la independencia judicial, como un derecho de los ciudadanos y fundamentalmente, como salvaguarda en contra del autoritarismo, la concentración del poder y la arbitrariedad, que han signado por décadas el ejercicio de lo público en contravía de la realización efectiva de los derechos humanos, la Campaña propone unos mínimos que considera deben convertirse en COMPROMISOS a desarrollarse con y para la sociedad, durante los próximos cuatro años de gobierno.

Para avanzar en el camino del cambio, se desarrollan ejes temáticos que se constituyen en el insumo primordial para el necesario fortalecimiento de la justicia.

- COMPROMISOS:

1. RESPETO Y FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

  • Comprometerse con el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales sobre independencia judicial.
  • Adoptar una política de cumplimiento de las decisiones judiciales y de respeto por los fallos que comprenda la adopción de medidas pertinentes, mecanismos efectivos y un código de conducta adecuado a dicho fin.
  • El gobierno debe abstenerse de influir, atacar y ejercer presión sobre las decisiones judiciales. Se acatarán los fallos de la judicatura colombiana, así como de los sistemas internacionales de justicia.
  • No se promoverán proyectos de reforma constitucional para restringir o limitar la independencia y autonomía de los Jueces, incluidas las Altas Cortes.
  • Promover a través de campañas el respeto de la institucionalidad y de la sociedad a los fallos judiciales, haciendo pedagogía sobre el contenido de las providencias y su importancia.
  • Revaluar el papel de la Procuraduría en la arquitectura del Estado de Derecho. En este sentido, se debe propiciar un amplio debate sobre una reestructuración a fondo o supresión de la Procuraduría General de la Nación, trasladando algunas de sus funciones a la Defensoría del Pueblo, Personerías Municipales, Oficinas de Control Interno de las entidades y Comisión de Disciplina Judicial. Parte de funcionarios de la Procuraduría deberían ser traslados a la Fiscalía para cubrir los cerca de 4000 cargos que aún hacen falta en dicha entidad.
  • Establecer el mérito como garantía para el acceso a los altos cargos del Estado con base en un concurso de méritos.
  • Privilegiar y fortalecer el sistema de carrera judicial, eliminando el sistema de cooptación en los órganos de cierre judicial.
  • Eliminar las facultades electorales de la Rama Judicial.
  • Fortalecer los mecanismos de protección a la integridad y vida de los servidores judiciales reformando los instrumentos actuales.
  • Garantizar que el presupuesto para la Rama Judicial, Fiscalía e INMLC permita subsanar el déficit anual acumulado y el crecimiento real del aparato judicial para garantizar su adecuado funcionamiento.
  • Reformar el órgano de autogobierno del poder judicial para dotarlo de autonomía en el manejo presupuestal a través de un mecanismo eficiente y controlado de los recursos.

2. ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

  • Garantizar la asistencia jurídica gratuita para los sectores más vulnerables de la población.
  • La Defensa Judicial del Estado, tanto en el escenario interno como en el internacional estará orientada por la defensa de los derechos de las víctimas, en un marco de responsabilidad fiscal.
  • Remover las barreras de acceso a la justicia, especialmente de los sujetos de especial protección constitucional.
  • Se respetará la integridad de la garantía constitucional a la Acción de Tutela y no modificará el artículo 86 de la Constitución Nacional (acción de tutela). Solo se revisará las trabas de acceso y la alteración abusiva de la competencia establecida mediante el Decreto 333 de 2021 así como establecer mecanismos para mejorar la efectividad del cumplimiento de los fallos y evitar la proliferación de incidentes de desacato que se ha tornado frecuente entre distintas autoridades y entidades estatales.
  • Ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos (Acuerdo de Escazú, Protocolo adicional a la Convención contra la tortura, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo Facultativo), el Tercer Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, el reconocimiento de Competencia prevista en la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, y el Reconocimiento Estatal a la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas previsto en la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas.
  • Incrementar a 15/100 mil habitantes el número de jueces en Colombia a fin de disminuir la carga de procesos y los inventarios finales.
  • Cada municipio del país contará como mínimo con una unidad de Fiscalía (integrada por un (a) Fiscal, un asistente, un policía judicial).
  • Promover y apoyar la justicia itinerante.
  • Formular e implementar acciones que respondan de manera pertinente a las necesidades reales de justicia de los territorios y reconozca de forma diferenciada sus características sociales, económicas y culturales, garantizando así el acceso efectivo a la justicia.
  • Descentralizar y desconcentrar la justicia en las grandes ciudades, en el marco del Plan Decenal de Justicia.
  • Crear la jurisdicción agraria y fortalecer la jurisdicción de Restitución de tierras, así como el modelo de Justicia Local y Rural.
  • Justicia comunitaria en los territorios a través de mecanismos de conciliación y amigable composición.
  • Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos MASC deben ser requisito de procedibilidad en las diferentes jurisdicciones.
  • Incentivar y hacer obligatoria la justicia restaurativa (trabajo conjunto entre víctima y victimario en pro del resarcimiento al daño causado).
  • Simplificar los trámites para acceder al sistema judicial y disminuir los promedios de duración de los procesos.
  • Fortalecer el acompañamiento a la JEP y el SIVJRNR y desarrollar la complementariedad en las investigaciones y procesamiento de responsables.
  • Fortalecer las instancias de “justicia administrativa”, tales como Inspecciones de Trabajo (Ministerio del Trabajo), Comisarías de Familia (ICBF), las funciones jurisdiccionales de las Superintendencias, Inspecciones de Policía, y otras instancias administrativas que acercan al ciudadano a la protección jurídica del Estado.

3. LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

  • Reestablecer de acuerdo con su sentido original, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación conforme fue convenida en el Acuerdo Final de Paz para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares por medio del procesamiento de sus jefes máximos y determinadores y financiadores detrás de su accionar.
  • Fortalecer la Unidad de Derechos Humanos y DIH para que se ocupe del esclarecimiento y procesamiento de los ataques a líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes firmantes de la paz.
  • Establecer una política criminal que articule, con investigaciones en contexto y foco en máximos responsables, las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos con miras a superar la visión fragmentada de las responsabilidades derivadas de los hechos.
  • Priorizar el carácter preventivo de la política criminal.
  • Crear los Comités territoriales de política criminal que desarrollen políticas públicas reales y ajustadas a las necesidades de la población.
  • Despenalizar todas las conductas relacionadas con el consumo de drogas ilícitas.
  • Reforma integral al sistema penitenciario enfocado en la resocialización de los condenados por delitos. Las cárceles deben ser lugares dignos que faciliten segundas oportunidades a quienes han sido condenados.
  • Reforma estructural de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la independencia frente al Ejecutivo, frente a la injerencia de gobiernos extranjeros y representantes de poderes económicos y políticos y para fortalecer la autonomía funcional de los fiscales.
  • Reformar los requisitos de experiencia en el área penal para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación.
  • Descentralizar de la Fiscalía General de la Nación las cifras sobre violaciones de derechos humanos y recuperar la capacidad institucional de contraste y complemento de información a través de instituciones como la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas de derechos humanos.
  • La investigación criminal dependerá única y exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación y no de entidades adscritas a la fuerza pública.
  • Fortalecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como una entidad autónoma no adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, priorizar el fortalecimiento presupuestal, técnico y científico para el INML.
  • Reforma del fuero penal militar. La justicia penal militar se enfocará en los delitos relacionados con el servicio y se excluirán los delitos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que siempre deberán ser procesadas en la justicia ordinaria.
  • Reformar el mecanismo de conflicto de jurisdicción para que se permita que la justicia ordinaria se presuma competente cuando reclame jurisdicción sin someterse las investigaciones a suspensión alguna.
  • Creación de una agencia elite de lucha contra la corrupción especializada en investigación forense que entregue resultados contundentes en los casos más significativos y emblemáticos de corrupción de los últimos años.
  • Revisión profunda a los distintos regímenes de contratación y al sistema de financiación de las campañas como fundamento de muchas de las acciones de corrupción.

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