•    Los conflictos armados y los fallos de la ayuda internacional hipotecan el futuro de millones de niños
•    Colombia en el Informe: con la legislación más avanzada, pero con afectación de la violencia armada sobre la educación, sobre todo por el desplazamiento interno.
•    Poner fin a la impunidad, piden autores del Informe, que hace un llamado a los donantes para suprimir la línea divisoria artificial entre la ayuda humanitaria y la asistencia para el desarrollo a largo plazo.
•    Las violaciones y otros abusos sexuales están hipotecando el futuro de millones de niños dice la UNESCO:  un tercio de las víctimas de las violaciones denunciadas en la República Democrática del Congo fueron menores, y un 13% de éstos tenían menos de 10 años.

(París/Nueva York, 2 de marzo) – Los conflictos armados privan a 28 millones de niños de la posibilidad de instruirse y los exponen al riesgo de ser víctimas de violaciones y otros abusos sexuales, al tiempo que propician ataques contra las escuelas y atentados contra los derechos humanos, según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2011 editado por la UNESCO.

El informe Una crisis encubierta: conflictos armados y educación, advierte que el mundo no va por buen camino para lograr en 2015 los seis objetivos de la Educación para Todos suscritos por 160 países en Dakar el año 2000.

Aunque se han realizado progresos considerables en muchos ámbitos, se distará mucho de alcanzar la mayoría de los objetivos fijados, en gran medida debido a conflictos armados que aún azotan a muchas regiones del mundo. De los niños del mundo en edad de ir a la escuela primaria que están sin escolarizar, un 42%, esto es 28 millones, vive en países pobres afectados por conflictos.

Las conclusiones del informe están respaldadas por cuatro premios Nobel: Oscar Arias Sánchez, Shirin Ebadi, José Ramos-Horta y el arzobispo Desmond Tutu: “Las páginas de este informe detallan crudamente la violencia real que se está ejerciendo contra algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo, comprendidos sus niños en edad escolar, y retan a los dirigentes de todos los países, ricos y pobres, a emprender una acción decisiva”, dice el arzobispo Tutu en su colaboración especial para el informe.

“Los conflictos armados –dice la directora general de la UNESCO, Irina Bokova– siguen representando un importante obstáculo para el desarrollo humano en muchas partes del mundo, pero hasta ahora se han ignorado ampliamente sus repercusiones en la educación.

La originalidad de este informe estriba en que expone documentadamente la magnitud de esta crisis encubierta y sus causas subyacentes, al mismo tiempo que presenta propuestas bien argumentadas para efectuar los cambios que se imponen”.

El informe exige que se ponga fin a la cultura de impunidad que se da en torno a las violencias de carácter sexual, intensificando la vigilancia de los atentados perpetrados contra los derechos humanos, aplicando con más rigor las normas del derecho internacional vigente y creando una comisión internacional sobre las violaciones y los abusos sexuales que esté respaldada por la Corte Penal Internacional.

“Los niños y los sistemas educativos –dice el director del informe, Kevin Watkins– no sólo se ven envueltos accidentalmente en un fuego cruzado en un combate, sino que se están convirtiendo cada vez más en un blanco sistemático en los conflictos armados. El fracaso de los gobiernos en la protección de los derechos humanos es sumamente nocivo para los niños, ya que les está privando de la única posibilidad que tienen de recibir educación. Es hora de que la comunidad internacional pida cuentas a los que perpetran crímenes odiosos, como las violaciones sistemáticas, y respalde las resoluciones de las Naciones Unidas con una acción firme y resuelta”.

El informe señala también que los conflictos armados desvían hacia el gasto en armamento los fondos públicos que podrían emplearse en la educación. “Lo que en verdad debemos preguntarnos no es si podemos disponer de recursos para lograr la universalización de la enseñanza primaria, sino más bien si podemos permitirnos el lujo de seguir manteniendo prioridades equivocadas y aplazando el momento de convertir las bombas en libros”, dice Oscar Arias Sánchez, ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz (1987), en una colaboración especial para el informe.  El gasto en armamento también merma los recursos que los países donantes podrían destinar al apoyo de la educación en los países pobres. Tan sólo con lo que dedican en seis días los países ricos al gasto militar se podría disminuir el déficit anual de financiación de la Educación para Todos, que se cifra en 16.000 millones de dólares.

La educación apenas representa 2% del total de la ayuda humanitaria y sólo se satisface una proporción muy reducida de las peticiones de apoyo a los sistemas educativos con los recursos de esta categoría de ayuda. Los recursos de los fondos comunes destinados a la ayuda humanitaria tendrían que incrementarse para alcanzar 2.000 millones de dólares.  Por eso el informe llega a la conclusión de que los donantes deben suprimir la línea divisoria artificial entre la ayuda humanitaria y la asistencia para el desarrollo a largo plazo. También preconiza que se canalice una parte más importante de la ayuda al desarrollo por conducto de los fondos comunes por país y que los donantes adopten disposiciones multilaterales para una financiación agrupada, incrementando los recursos de la Iniciativa Vía Rápida (IVR) en pro de la Educación para Todos, una vez que sea reformada, a fin de que ésta disponga de una dotación anual de 6.000 millones de dólares.

El informe denuncia también algunas deficiencias en el ámbito de la educación que contribuyen a fomentar los conflictos:

•    La deficiente formación de la juventud: En muchos países afectados por conflictos el peso demográfico de la juventud es enorme –un 60% de la población– pero los sistemas educativos no dotan a los jóvenes con las competencias que necesitan para salir de la pobreza, del desempleo y de una situación desesperanzadora.

•    La utilización incorrecta de los sistemas educativos: La educación tiene un gran potencial para actuar como fuerza de paz, pero con demasiada frecuencia se instrumentaliza para atizar las divisiones sociales, la intolerancia y los prejuicios que conducen a la guerra. En Guatemala, las poblaciones indígenas del país consideraron que la imposición del idioma español en las escuelas fue uno de los instrumentos importantes de un sistema más vasto de discriminación social generalizada. En Colombia, el gobierno es consciente de que el sistema educativo puede contribuir a la creación de una cultura de paz y, por eso, ha adoptado iniciativas encaminadas a resolver el problema de la violencia en el medio escolar que han tenido resultados positivos.

•    La insuficiente atención prestada a de la educación en la consolidación de la paz. La educación se tiene que integrar a estrategias más vastas encaminadas a fomentar la tolerancia, el respeto mutuo y la capacidad para convivir pacíficamente con los demás.

El  informe destaca los importantes avances conseguidos en la educación desde el año 2000, pero también pone de relieve lo siguiente:

•    El número de niños sin escolarizar está disminuyendo con demasiada lentitud.
•    Son muy numerosos todavía los niños que desertan la escuela antes de finalizar el ciclo de la enseñanza primaria.
•    Más del 8% de los adultos de la región de América Latina y el Caribe –esto es, unos 33 millones de personas- son analfabetos.
•    De aquí a 2015 será necesario contratar 1,9 millones de maestros suplementarios en todo el mundo para conseguir la universalización de la enseñanza primaria

Las violaciones y otros abusos sexuales están hipotecando el futuro de millones de niños

La generalización de las violaciones y otros abusos sexuales privan a millones de niños de la posibilidad de recibir educación en los países afectados por conflictos, según señala el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2011 de la UNESCO.

Aunque los tribunales internacionales creados a raíz del conflicto en la ex Yugoslavia y del genocidio de Rwanda han establecido inequívocamente que las violaciones y otros abusos sexuales perpetrados en situaciones de conflicto son crímenes de guerra, se sigue recurriendo ampliamente a este tipo de actos como verdaderas armas de combate.  Un tercio de las víctimas de las violaciones denunciadas en la República Democrática del Congo fueron menores, y un 13% de éstos tenían menos de 10 años. Es muy posible que el número de violaciones perpetradas y no denunciadas en las zonas de conflicto del este del país sea entre diez y veinte veces superior al de las denunciadas. Si esta estimación es exacta, tan sólo en 2009 el número de violaciones podría haber oscilado entre 130.000 y 260.000.

Las violencias sexuales constituyen un grave perjuicio para la educación a múltiples niveles. A las muchachas que son objeto de violaciones se les infligen con frecuencia graves heridas, que les impiden asistir a la escuela durante mucho tiempo. Además, las secuelas psicológicas de ese tipo de actos –depresión, retraimiento, trauma y vergüenza – causan estragos en la capacidad de aprendizaje de las víctimas de ese tipo de actos. Muchas niñas abandonan la escuela después de haber sido violadas, a causa de los embarazos indeseados, los abortos practicados en malas condiciones y el contagio de enfermedades sexualmente transmisibles como el sida, o porque han visto decaer su salud, padecen traumas, son objeto de estigmatización y se ven obligadas a cambiar de domicilio.

En muchos países que han sufrido conflictos armados en el pasado –por ejemplo Guatemala y Liberia– se sigue señalando la existencia de índices elevados de violaciones y abusos sexuales, lo que induce a pensar que esos comportamientos surgidos durante los conflictos violentos quedan enquistados en la sociedad duraderamente.

El informe señala que los dispositivos de supervisión y presentación de informes sobre las violaciones y otros abusos sexuales figuran entre los sistemas internacionales más endebles de ese tipo, y añade que los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones solamente disponen de elementos de información que suelen ser fragmentarios y anecdóticos.

Para que esa situación cambie, el informe formula propuestas en estos cuatro ámbitos importantes:

•    Crear una comisión internacional sobre las violaciones y abusos sexuales que pueda comprobar las proporciones que alcanza este problema en los países afectados por conflictos, identificar a los culpables y examinar las respuestas que den los gobiernos. Esa comisión debería estar encabezada por la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.
•    Pedir a los gobiernos de los Estados afectados por conflictos que elaboren planes nacionales para poner freno a la violencia sexual, basándose en las prácticas más idóneas. Los países donantes de ayuda y los organismos de las Naciones Unidas deberían coordinar sus esfuerzos en apoyo de esos planes.
•    Reforzar la coordinación de los organismos del sistema de las Naciones Unidas para luchar contra las violencias sexuales, encomendando esta tarea a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), dotándola para ello con los recursos y medios necesarios, y encargándola también de supervisar el cumplimiento de las resoluciones que el Consejo de Seguridad adopte en este ámbito.
•    Hacer que la Corte Penal Internacional desempeñe un papel más activo en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y fomente los esfuerzos de los países, las regiones y las Naciones Unidas para verificar cuantas violaciones y abusos sexuales se perpetran, establecer criterios de referencia para luchar contra su impunidad, proporcionar formación y fortalecer el papel de la mujer en puestos de responsabilidad a nivel local y nacional.

En su colaboración especial para este importante documento, el arzobispo Tutu dice: “Las páginas de este informe detallan crudamente la violencia real que se está ejerciendo contra algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo, comprendidos sus niños en edad escolar, y retan a los dirigentes de todos los países, ricos y pobres, a emprender una acción decisiva”.

De todos los niños del mundo en edad de ir a la escuela primaria que están sin escolarizar, un 42%, esto es 28 millones, vive en países pobres afectados por conflictos.

COLOMBIA EN EL INFORME

En el periodo 1999-2008, 35 países del mundo se vieron afectados por conflictos armados. Colombia fue uno de ellos. Los sistemas educativos se hallan en primera línea de esos conflictos, porque los combatientes consideran “legítimo” lanzar ataques contra los edificios de las escuelas, los alumnos y los maestros. Con frecuencia, las escuelas son el escenario de esos reclutamientos forzosos.

Los refugiados y desplazados internos del mundo entero tropiezan con importantes obstáculos para acceder a la educación, según señala el Informe. Colombia es el segundo país del mundo, con más desplazados internos. Los adolescentes desplazados colombianos de 12 a 15 años que todavía cursan primaria son dos veces más numerosos que los no desplazados de la misma edad. Esto indica que los desplazados ingresan tardíamente en la escuela primaria, repiten curso con mayor frecuencia y desertan con más facilidad.

El reclutamiento en las fuerzas armadas y el secuestro
La evidencia de Colombia ha puesto de relieve la asociación entre el desplazamiento y el secuestro. Grupos armados rutinariamente reclutan niños como soldados y trabajadores en el comercio de narcóticos ilegales, y las escuelas son a menudo los sitios de este reclutamiento forzoso. Un estudio encontró que la edad promedio de reclutamiento era de 13 años. El temor al reclutamiento forzado ha sido identificado como una de las principales causas de los desplazamientos en al menos cinco departamentos (de las Naciones Unidas, 2009d).

El desplazamiento, una barrera a la educación
Los desplazados internos han ido creciendo con el tiempo. A finales de 2009, se estimaba que había 27 millones de desplazados internos en 53 países. Cerca de 11.6 millones de desplazados internos en África, con la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán el 72% del total (IDMC, 2010D). Después de Sudán, con 5,3 millones de personas desplazadas, la mayor población desplazada internamente está  en Colombia, con más de 3 millones (IDMC, 2010C). En ambos países, los desplazados internos exceden el número de refugiados. En varios países, incluyendo Colombia, Georgia, Sri Lanka y Uganda, el desplazamiento suele durar por muchos años (Ferris y Winthrop, 2010).

Los desplazados internos son menos visibles y más marginados
En Colombia existen brechas significativas en la escuela secundaria entre los niños desplazados y el resto de la población. Sólo el 51% de los jóvenes desplazados internos asisten a la escuela secundaria, en comparación con el 63% de los jóvenes no desplazados. La proporción de jóvenes desplazados que todavía está en la escuela primaria en edades de 12 a 15, es casi el doble que para los no desplazados, lo que lleva a una incorporación más tardía, más repitencia y deserción escolar (Ferris y Winthrop, 2010). El hecho de que los afro-colombianos e indígenas se vean más afectados por el desplazamiento aumenta las disparidades nacionales de educación.

Las limitaciones a las oportunidades de educación, una fuente de pobreza e  inseguridad
Las personas se unen a grupos armados por muchas razones. Las consideraciones económicas no operan en forma aislada, de tal modo que la pobreza, el desempleo, la hostilidad, el resentimiento y la falta de alternativas son potenciales estímulos para el ingreso a grupos armados. Una combinación de situaciones ha llevado a niños somalíes, de Kenia, Mogadiscio, Afganistán o la República Democrática del Congo a ingresar a las filas de milicias que, cualquiera sea su causa, de algún modo les permiten generar algunos ingresos, alimentos y refugio.

La violencia contra los niños en las escuelas tiene muchos efectos físicos, psicológicos y sociales, y un impacto significativo sobre sus logros. También puede aumentar el riesgo de que los niños se comporten de manera agresiva y participen en actividades delictivas y otras conductas de riesgo (Pinheiro, 2006). Mientras que los enlaces directos son a menudo difíciles de identificar, la evidencia de varios países muestra que la violencia en las escuelas puede llegar a ser parte de un ciclo de conflicto. Uno de esos países es Colombia (Recuadro 3.8).

Los niños y adolescentes que viven en los municipios y barrios con altos niveles de conflictividad violenta muestran niveles más altos de agresión y  acoso escolar. Encuestas realizadas en colegios de Bogotá en 2006 y 2007 sugieren que esto ha tenido efectos negativos sobre las relaciones interpersonales, a lo que se suman la rivalidad y la violencia común, las disputas de poder y la competencia por la popularidad asociada con la posesión de dinero, drogas y armas. Al discutir las preocupaciones sobre los niveles de robo, presencia de armas e intimidación en escuelas de Bogotá, un concejal identificó la situación de «defenderse de la violencia por medio de la violencia” como «el principio del paramilitarismo  y señaló que el carácter universal de la violencia hace imposible aislar a los estudiantes de la misma”.

Reconociendo que las escuelas pueden ayudar a crear una cultura de paz, el gobierno colombiano ha tomado iniciativas para abordar la violencia basada en la escuela (véase el capítulo 5). – Fuentes: Chaux et al. (2009), Martínez (2008), Villar-Márquez (2010).

Los derechos legales pueden hacer la diferencia – la legislación colombiana sobre los desplazados internos
Con una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, Colombia tiene probablemente el más fuerte marco legislativo para proteger a los civiles desplazados y su acceso a los servicios básicos, incluida la educación. ¿Qué tan efectiva ha sido la ley para hacer frente a la crisis de desplazamiento? El desplazamiento ha sido durante mucho tiempo una característica de la violencia armada en Colombia. Más de la mitad de los desplazados son menores de 18 años.

Los esfuerzos para fortalecer sus derechos han sido impulsados por los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Bajo la ley colombiana, los niños desplazados son elegibles para la educación gratuita, lo cual ha tenido un impacto positivo. Los datos del Ministerio de Educación muestran un aumento constante de la proporción de desplazados internos entre 5 y 17 años que asisten a la escuela, pasando de 48% en 2007 a 86% en 2010.

A pesar de estos logros, los desplazados internos de Colombia siguen enfrentándose a enormes dificultades. Mientras que gozan de una fuerte protección legal hay aún problemas en la traducción de los derechos nominales en derechos reales. La planificación en muchos municipios adolece de mala coordinación, poca capacidad y en algunos casos limitada voluntad política.

El nuevo gobierno colombiano, electo en 2010, se ha comprometido a reforzar el apoyo pero se enfrenta a considerables desafíos políticos y administrativos. Algunos de estos desafíos se relacionan con las dificultades que enfrentan los desplazados internos en el registro de su situación real ya que a menudo tienen dificultades para demostrar su elegibilidad para programas específicos, incluidos los educativos.

Por otra parte, los derechos legales no eliminan automáticamente los efectos de la pobreza y la marginación. Muchos desplazados internos comienzan la escuela tarde, con altos niveles de repitencia y deserción temprana. Fuentes: Birkenes (2006); Cepeda Espinosa (2009), Ferris (2010b).

La educación como una fuerza de paz
Los conflictos familiares y sociales pueden extenderse a las escuelas en forma de violencia entre los estudiantes. Algunos países de América Latina, incluyendo Brasil, Colombia y Perú, han establecido políticas explícitas en su legislación y han puesto en marcha iniciativas destinadas a enfrentar la violencia escolar mediante la promoción de los valores de consolidación de la paz (Villar-Márquez, 2010). En Colombia, el reconocimiento de la interconexión entre los conflictos armados y la violencia en las comunidades y las escuelas ha llevado a muchos programas de prevención de la violencia a centrarse en el desarrollo de «competencias ciudadanas» entre niños y jóvenes.

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El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo es una publicación anual realizada por un equipo independiente y editada por la UNESCO.