Desde el pasado 10 de marzo, cuando el presidente Santos hizo pública la propuesta de reformar la Ley 30 de 1992 que rige la educación superior en Colombia, las reacciones de los estamentos universitarios han tomado fuerza. Entre los hechos más destacados están el Encuentro Nacional Estudiantil coordinado por la Federación Nacional Universitaria (FUN Comisiones), realizado el 19 y 20 de marzo en Bogotá, la Asamblea Triestamentaria de la Universidad Nacional realizada el 29 de marzo, Asambleas permanentes en las Universidades de Caldas y de Antoquia, varias marchas y protestas estudiantiles. Para el jueves 7 de abril se ha citado a una movilización nacional por la defensa de la educación, convocada inicialmente por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), a la cual se han adscrito personal laboral, directivos y grupos de estudiantes de las universidades públicas. También lo han hecho representaciones estudiantiles de universidades privadas como la Universidad Autónoma de Colombia.

El principal argumento del movimiento universitario es que la reforma propuesta no responde a la fragilidad financiera de las universidades públicas y, por el contrario, propone un nuevo modelo de universidad constituido por nuevas universidades con ánimo de lucro y la financiación parcial de la universidad pública con inversión privada. Entre los artículos propuestos causa preocupación el número 38 que indica que los pasivos pensionales deben ser incorporados a los gastos de operación de las universidades. Además, que la propuesta hace énfasis en un modelo educativo asociado a las necesidades del mercado laboral y que es necesario cambiar el modelo de gobernanza para que el Gobierno tenga mayor incidencia en los diseños curriculares, propuestas que minan la autonomía universitaria.

En efecto, en cuanto a la crisis financiera, el Gobierno propone aumentar los presupuestos de las universidades para 2012 en un punto más la inflación causada en 2011, para el 2013 en dos puntos más la inflación causada en 2012 y para el 2014 en tres puntos más la inflación causada en 2013. Según el movimiento universitario, esto no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas que se caracteriza por un desbalance creciente entre gastos e ingresos. Por el lado de los gastos, su rápido aumento se debe a que la universidad pública pasó, de acuerdo con las cifras del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), de 200.000 estudiantes matriculados en 1992 a más de 550.000 en 2010, lo que representa más de 50% con respecto al total de estudiantes universitarios. En lo que respecta a la investigación, desde que se implementó la política de fortalecimiento a grupos, de acuerdo con cifras del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, de los 3.000 grupos activos la universidad pública alberga por lo menos la mitad de ellos. Este significativo crecimiento de los grupos de investigación ha implicado gastos asociados con el equipamiento para la investigación, lo que a su vez ha estado acompañado de mejoras en la titulación de la planta docente y por lo tanto de su remuneración. Así las cosas, el sistema de puntaje establecido por el Decreto 1279 de 2002 generó un mecanismo explosivo sobre los gastos por cuenta del reconocimiento de la calidad y la producción de los docentes y por la remuneración a los cargos administrativos ejercidos por ellos. Adicionalmente, los gastos en seguridad social y las condiciones de igualdad para los docentes ocasionales frente a los de planta han presionado la estructura de gastos de personal.

Por el lado de los ingresos, la Ley 30 de 1992 determinó que los aportes de la Nación deberían crecer anualmente usando el Índice de Precios del Consumo (IPC) como indicador lo que, en opinión del profesor Moisés Wasserman, dio lugar a que «la interpretación de los Gobiernos desde la expedición de la Ley ha sido que el incremento se hace “sólo” con el IPC sin ninguna preocupación por el mantenimiento del valor real de la oferta educativa…». Asimismo, añade:«A primera vista pareciera que el IPC y el valor real son la misma cosa, pero no es así. Desde 1993 se han venido dictando leyes y decretos diversos que modifican el costo de la Universidad muy por encima del IPC». Debe tenerse en cuenta que la inflación medida por el IPC ha sido de 4,85%, 4,48%, 5,69%, 7,67%, 2%, y 3,17% entre 2005 y 2010, respectivamente.

Para evaluar esta situación se creó la Comisión de Vicerrectores Financieros de siete universidades públicas que elaboró el documento “Revisión de la financiación con recursos de la Nación para las universidades públicas” que propone:

1. Reconocer, a valor presente, los gastos adicionales en que han incurrido las universidades públicas en cumplimiento de la normatividad expedida con posterioridad a la expedición de la Ley 30 de 1992 en materia de gastos de funcionamiento, que a manera de ilustración para el caso de los gastos de personal en un estudio realizado para 30 universidades públicas, que superó el medio billón de pesos en 2010.

2. Actualizar los aportes de la Nación en un porcentaje equivalente al IPC más 5,5% representado en la cualificación docente por el impacto de las normas y el incremento del aporte patronal por seguridad social; más 3,5 % representado en el impacto por gastos generales y gastos de personal por docentes temporales para el cumplimiento del desarrollo misional.

Desde la pasada administración, los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) le han insistido al presidente y al Congreso de la República que se modifique el sistema de transferencias a las universidades públicas teniendo en cuenta la relación real entre ingresos y gastos. En respuesta, el Gobierno incorporó 160.000 millones de pesos en el presupuesto de 2010 «para fortalecer el presupuesto de las universidades públicas» pero ese dinero no se ha transferido directamente a las universidades sino que se le adicionó a los presupuestos del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), con lo que la fragilidad financiera de las universidades se profundizó en 2010.

Los rectores del SUE han solicitado participación en el debate de la reforma propuesta, pero en su último comunicado del 27 de marzo indican que no han sido atendidos por el presidente Santos y que por lo tanto irán directamente al Congreso de la República para concertar los alcances y contenidos de la reforma. Asimismo, «invitan a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para que participe y genere procesos de debate y análisis que contribuyan a fortalecer la propuesta de creación de una nueva ley de educación superior».

Tomado de: notiagen | 5 abril, 2011 | URL: http://wp.me/p1kCQN-76