La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red regional de organizaciones de la sociedad civil que articula foros nacionales de educación en 15 países, redes regionales y organizaciones no gubernamentales internacionales, expresa su solidaridad con la masiva movilización ciudadana que se desarrolla actualmente en Chile exigiendo una política de Estado para la realización efectiva del derecho a una educación pública, en condiciones de igualdad, gratuidad, universalidad, y libre de toda forma de discriminación.

Hacemos un llamado al Estado chileno a garantizar la integridad de las distintas expresiones de protesta pacífica que han liderado los y las estudiantes de Chile, y condenamos cualquier tipo de represión violenta o irrespeto al derecho de movilización que asiste a todo ciudadano y ciudadana en democracia.

Nos unimos al conjunto de demandas que ha levantado el movimiento estudiantil chileno en torno a la gratuidad de la educación, a la abolición de toda forma de discriminación y segregación socioeconómica en el sistema escolar, al levantamiento del lucro que se practica de manera ilegal, y a la edificación de un sistema educativo público capaz de garantizar educación disponible, accesible, aceptable y adaptable para todos los ciudadanos y ciudadanas chilenas. No solamente resultan estas demandas legítimas y coherentes desde un punto de vista ético y político, sino que además están inscritas en el conjunto de compromisos que han sido firmados por el Estado chileno, al suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Derecho Humano a la Educación hace parte de los compromisos de los Estados con el derecho internacional de los derechos humanos, es como tal justiciable, y obliga a los Estados a respetar, proteger y garantizar la educación, en condiciones de igualdad y no discriminación, y asignando un presupuesto público que conlleve a su plena realización.

Denunciamos las tentativas de privatización de las cuales ha sido objeto la educación en distintos Estados de América Latina, en la medida que han dado primacía al lucro y al interés de corporaciones empresariales por encima del interés de ciudadanos y ciudadanas, colaborando para desmantelar la responsabilidad que el Estado y los poderes públicos tienen con la garantía del derecho humano a la educación.

No obstante, estos compromisos continúan vigentes tanto en la normativa internacional de Derechos Humanos, como en la mayoría de las constituciones de los países de la región, de manera que corresponde a la ciudadanía un papel activo en la exigencia de su cumplimiento, para lograr la materialización de sus derechos. Es, como tal, una obligación de los Estados respetar y proteger la movilización ciudadana pacífica, la que además está también inscrita como un derecho humano fundamental.

Frente a la creciente represión de que ha venido siendo objeto el movimiento estudiantil chileno en las últimas semanas, la CLADE manifiesta su rechazo categórico a toda tentativa de irrespeto o criminalización del disenso, y señala que la naturaleza de una sociedad democrática le confiere a la protesta social y al disenso ciudadano un estatus estructurador del debate público, y al contrario de negarlo lo acoge como legítimo, inscribiendo las diversas voces ciudadanas en los procesos de discusión y diseño de las políticas públicas.