Una vez excluida la posibilidad de crear universidades con ánimo de lucro, es necesario atacar el desfinanciamiento y llegar a acuerdos en vigilancia y autonomía, indica Moisés Wasserman, rector de la UN.

El Gobierno nacional retiró de la propuesta de reforma a la educación superior la iniciativa que permitiría el funcionamiento de instituciones privadas con ánimo de lucro  en Colombia.

Según el presidente Juan Manuel Santos, la Mesa de Unidad Nacional (constituida por los partidos de La U, Conservador, Liberal, Cambio Radical y Verde) recomendó retirar este componente de la propuesta ante la falta de consenso político y social.

“Es un reconocimiento del presidente y de los partidos políticos de que las expectativas sobre estas instituciones son exageradas y no corresponden con la realidad. Es una decisión que la mayoría de miembros de la academia y la universidad aceptamos con gusto”, expresó Wasserman.

Desde que fue presentada la propuesta el pasado 10 de marzo, los rectores de las principales universidades del país se opusieron. “Este esquema no iba a generar una educación de calidad. Tampoco ofrecería una educación pertinente con las necesidades más importantes del país”, explicó Wasserman.

Ante el anuncio, el viceministro de Educación Superior, Javier Botero, señaló que los planes del Gobierno para aumentar cobertura no se afectarán.

“Las IES con ánimo de lucro solo traerían el 2% de los estudiantes en los próximos años. Se retira esta iniciativa pero se sigue adelante con la propuesta para ofrecer más y mejor educación para la mayoría de los colombianos”, anunció el funcionario.

El Ministerio espera ampliar la cobertura en educación superior del 38% en el 2011, al 50% en el 2014. Sin embargo, diversos sectores de la educación superior han insistido en que la actual propuesta de reforma a la Ley 30 no está diseñada para cumplir dicha meta.

Al respecto, el rector de la UN insistió en que la educación superior pública está llegando al límite de sus capacidades en cobertura. “Cuando se tienen los cursos llenos con 30 estudiantes, la ampliación de un cupo requiere otro salón, otros profesores y otros laboratorios. La cobertura se puede ampliar en cierta medida, pero para una ampliación tan seria como la proyectada en el Plan Nacional de Desarrollo es necesaria una inversión muy sustancial”.

Por lo tanto, las universidades públicas seguirán mostrando al país las necesidades de elaborar una reforma a la Ley 30 que permita, entre otros aspectos de suma importancia, garantizar la sostenibilidad financiera de las 32 universidades públicas del país, siempre teniendo en cuenta la ampliación de cobertura con alta calidad.

Bogotá D.C., ago. 23 de 2011 – Agencia de Noticias UN