“Apostamos por una educación que nos permita Ser (ñandemo ha’eva), que nos permita Ser Auténticos/as (ñandemo ha’eteva), que nos permita Liberarnos (ñandemo piroyva), que nos permita el Encuentro (ñandemo jotopava) y que nos permita construir y hacer realidad nuestro proyecto histórico (ñandemo ñembo’yva)[1]. ‘El conocimiento, la educación y el acto de enseñar son diferentes formas de poder’[2]. Definir la educación desde las distintas corrientes, perspectivas y sociedades, es definir la cotidianidad en el despertar del (monstruo soñador y deseante)[3] para el devenir hombre, sujeto, ciudadano, tal como lo expresara Freire: nos vamos convirtiendo en ese ser, que para ser, tiene que estar siendo. Y este estar siendo tiende puentes con la ética, el poder y la política.

¿Qué la educación es un espacio de poder?

Es rotunda la respuesta por la afirmativa, pero hoy esto ya no basta porque la cuestión del poder asume actualmente en la propuesta del capitalismo (y más en su formato neoliberal) una diversidad de formas que requiere sutiles ejercicios de identificación. Probablemente sea pertinente distinguir aquello que resulta específico de la educación y que pasa por una singular triple articulación: “la educación es un triple proceso de humanización, socialización y entrada en una cultura y de singularización-subjetivación. Se educa un ser humano, el miembro de una sociedad y de una cultura, y un sujeto singular (…). Si queremos educar un ser humano, no podemos dejar de educar, al mismo tiempo, un miembro de una sociedad, de una cultura y un sujeto singular”5. Precisamente las formas del poder (aquellas trabajadas por Foucault en tanto producen subjetividades), operan sobre esta triple articulación. Si reconocemos que la educación se configura como fundamental en la transformación de la naturaleza y del mundo, ¿reconocemos igualmente en nuestras Reformas Educativas las subjetividades producidas?, ¿de qué manera operan las actuales formas del poder capitalistas en la manera en que se seleccionan conocimientos, prácticas, competencias promovidas por las políticas educativas?, ¿cómo opera el poder en la conformación de la identidad del docente, del alumno-a? Seguro que la educación –por esa triple articulaciónse constituye en herramienta  poderosa para realizar cambios. La cuestión está en reconocer los sentidos del cambio: ¿qué sujeto promovemos, para qué sociedad, para qué cultura? Frei Betto apunta: “el dilema es educar para la ciudadanía o dejarse ‘educar’ por el consumismo, que rima con egoísmo”[4]. Y hoy este dilema debemos pensarlo en un contexto de saberes constantemente mutables que implican e inducen a lo transitorio, a lo efímero, a lo discontinuo, en suma, a la inestabilidad. Corren días en que el poder promueve conocimientos que tienden por razones intrínsecas a la superficialidad, al apresuramiento, a lo útil porque ya no hay tiempo. Se plantea así un desafío para la  educación:

las condiciones de apropiación y de transmisión de los saberes están profundamente alteradas[5]. Parte de un pensar sobre otro poder posible desde las prácticas educativas se relaciona con la tarea de abordar esta alteración que sigue el ritmo de los flujos del capital. Los procesos de mercantilización de la educación a los que se ha sometido la escuela latinoamericana, se suman y se agravan con la prevalecía de un tipo de educación que en su contenido y en su baja calidad pone en peligro la construcción de ciudadanías sensibles a la vivencia plena de los derechos humanos[6].

Las discusiones acerca del sentido y función reproductora de la educación tienen hoy en este terreno nudos para desatar: ¿qué significa educar, enseñar, aprender en un mundo donde no hay tiempo de hacer todo eso si no es claudicando y extendiendo la superficialidad? Hoy, aquella visión restringida de la gobernabilidad que enfatiza la capacidad para apegarse a la reproducción y legitimación del orden social preestablecido, se traduce precisamente en los saberes legitimados que pueden circular por las escuelas.

El nuevo orden económico (que se sostiene en la profundización permanente de la desigualdad) requiere de ciertas subjetividades y otras son desechables.

Desde esta perspectiva, la educación es un espacio de poder trascendental para la  concreción de los actores que sueñen, piensen y actúen en busca del bien común de la sociedad. En este punto lo que falta por hacer aún es mucho, más ahora que la educación pública se mueve como un subsector de la economía[7]. La educación es un espacio de poder que no debemos dejarlo a merced del mercado; la posibilidad de ahondar en una democracia activa (barullenta, diría Meter McLaren), polifónica, que se constituye desde la pluralidad de voces que emerge de los discursos y prácticas de la identidad popular, tiene en el ámbito de la educación un lugar para realizarse.

La profundización de la democracia exige poner el énfasis en el rol de la educación para

fortalecer la capacidad de los futuros ciudadanos y de las condiciones requeridas para pugnar por una participación plena en la política, el trabajo y los derechos sociales en función de la dignidad que humaniza, emerge como una precisa tarea educativa[8].

¿Qué la educación es cuestión de ética?

Lo anterior implica la dimensión ética entretejida con la educación y las puntadas del entretejido no se realizan en el vacío. Una decisión clave al respecto pasa con el lugar que le asignaremos al drama de la desigualdad. La propuesta neoliberal pasa por la subordinación de la dignidad de la vida a los imperativos del capital. Ante esto, ¿la educación debería asumir aquello que Fito Páez canta en ‘Al lado del camino’: “No vine para divertir a tu familia/mientras el mundo se cae a pedazos”? América Latina nos interpela con la urgencia de generar espacios para la formación de los sujetos, ciudadanos en la lucha por la realización de proyectos sociales emancipatorios de carácter democrático, indispensables para el rescate de la dignidad y el respeto por sí mismo y por los demás. Esto implica en el ámbito educativo la necesidad del diálogo, nutrir la confianza, y de incentivar el desarrollo de capacidades, actitudes y conocimientos que permitan el ejercicio pleno de una ciudadanía democrática en la conquista, defensa y ampliación de los derechos humanos.

Luchar por el derecho a la educación es, en este sentido, hoy, una forma radical de luchar por la de la vida, centro y finalidad de los derechos humanos para descubrir, a partir de las realidades históricas, al humano-a como ser de proyectos personales y colectivos, como alguien que se libera y humaniza.

Que la educación es una cuestión de ética, entonces esta claro y por lo mismo se deriva su dimensión de acontecimiento político. Acontecimiento en tanto la educación precisa optar entre reiterar la destrucción de la vida o generar y multiplicar espacios para que la vida se manifieste en sus ‘hermosas adaptaciones mutuas’ (Darwin). Los temas relacionados con la diversidad, la participación, el diálogo, la interculturalidad, entre otras cuestiones, asumen en este punto una significativa centralidad. Las Reformas Educativas implementadas en la región desde la década del 90, encuentran en estos núcleos sus borramientos más importantes.

La desigualdad, por tanto, un desafío ético para la educación. Por eso la tarea de apropiarnos de los instrumentos, las estrategias requeridas para la demanda, la exigibilidad de los derechos que permiten la expansión de la dignidad de la vida, emerge como una precisa tarea educativa.

La ciudadanía no cae del cielo (y menos del cielo neoliberal); se la construye en el tiempo y espacio de esa democracia barullenta cruzada por una polifonía de voces que en su mismo emerger va generando las condiciones de su posibilidad.

Si la educación tiende puentes con el poder, la ética, la política, entonces también supone revisar las relaciones de poder y ética que desde lo educativo determinan las articulaciones de los actores de la sociedad civil con el Estado. La profundización de la democracia exige poner el énfasis en el rol de la educación para fortalecer la capacidad  de los futuros ciudadanos y de las condiciones requeridas para pugnar por una  participación plena en la política, el trabajo y los derechos sociales en función de la dignidad que humaniza, aquella que conoce, toma la palabra, y asume el poder para actuar revolucionariamente por la esperanza, por el conocimiento crítico, la ciudadanía reflexiva y la responsabilidad ética que nos compete a los y las latinoamericanos/ as.

Los afanes colectivos que se expresan mediante el “otro mundo es posible” requieren una dimensión pedagógica que permita la construcción intencional (y esto es lo que define el carácter educativo de las luchas) del sujeto social que sitúa a la dignidad de la vida como principio jerarquizador del sistema de derechos humanos.

La educación ejercida como derecho persigue otros derroteros impregnando el contenido liberador al ciudadano activo en la transformación de un mundo que por hoy no es posible hablar de la realización plena de los derechos en sociedades con justicia. La educación debe educar al individuo para la democracia provocando espacios y escenarios sociales para que éstos desarrollen su ciudadanía responsable y activa, y por supuesto pensando muy agudamente en las características de éstas en nuestra América latina.

Aquí la tarea de la educación, con un marco ético sólido que jerarquice la dignidad de la vida, es se constituye en un factor clave para los proyectos emancipatorios.

¿Tareas o retos para la educación en América Latina?

Los sujetos políticos que enjambramos las democracias en América Latina pulsamos a distintos ritmos y modalidades educativas los esfuerzos de consolidación de la democrática real y participativa, desde principios éticos, políticos, económicos y culturales apuntando al fortalecimiento de sociedades con justicia, equidad y solidaridad.

¿Cómo la educación puede sumergirse y emerger en y de esta polifónica realidad? La cita de Rosa María Torres ubicada al inicio de estas reflexiones marca una de las tareas para la educación en América Latina: ¿cómo incluir los sueños de la gente, sus voces múltiples, sus saberes, muchos de ellos borrados desde los tiempos de la Colonia?, ¿de qué manera las luchas, las conversaciones de los colectivos generan esa dimensión pedagógica necesaria para la profundización de los mismos sueños y de las mismas conversaciones para que se tornen realidades? El abordaje de estos temas desde la ética y educación en nuestra América Latina es una tarea urgente desde nuestra propia identidad y necesidades culturales.

Otro desafío: la educación no puede ser indiferente ante el compromiso de la defensa de la democracia real y participativa. La educación debe ser un espacio de cuestionamiento, propuesta y lucha ante lo autoritario y los abusos de poder, debe ejercer, promover y promulgar los valores democráticos y los principios éticos que la fundamentan. La educación es un derecho que también reflexiona respecto al poder y la ética; hay que reconquistar el derecho a la palabra, porque por ella se transforma el sujeto y el mundo. La compleja articulación entre educación, poder ética y política pasa por situar en el centro a la dignidad de la vida. La educación es la exigencia ética de justicia, porque de ella se desprende el ciudadano político, con derechos que construye espacios públicos como espacios de resistencia ante el predomino de lo injusto, excluyente y asimétrico.

Eunice Alfaro y Ramón Corvalán

Gloobalhoy nº19 ; La Piragua

[1] Carta del Foro por el Derecho a la Educación, IIIª Edición Paraguay, 2006.

[2] Jayme Paviani, Problemas de filosofía da educaçao, Vozes, Río de Janeiro, 1988.

[3] El trabajo de la paideia, Castoriadis, 1988:146, citado Graciela Frigerio, Educar ese acto político, 2005.

[4] Educación para la ciudadanía. Frei Betto. en http://www.sinpermiso.info

[5] Crise da consciencia contemporanea e expansao do saber nao cumulativo. Claudine Haroche. Educaçao e Pesquisa, Sao Paulo, v. 31, nº 3, p. 347 – 362, set./dez. 2005.

[6] Vernor Muñoz, Relator del Derecho a la educación, ONU.

[7] Pedagogía do dissenso para o novo milenio. Meter McLaren, Artmed editora, Porto Alegre, 2000.

[8] Vernor Muñoz, Relator del derecho a la educación, 2006.