Los elementos de cobertura, calidad y continuidad del derecho, no han sido tenidos en cuenta de manera adecuada en los ejercicios de planificación del desarrollo territorial, evidenciándose graves vacíos de información que muestran un incumplimiento de la obligación del Estado de proveer agua en condiciones adecuadas. Una primera dificultad frente a la garantía del Derecho al Agua es la precaria disponibilidad de la información sobre cobertura y calidad en la prestación del servicio público de agua potable en el país. La Procuraduría General de la Nación indica que “del total de planes de desarrollo (municipales y departamentales) analizados, 568 municipios (56%) incluyen la cobertura urbana de acueducto en sus diagnósticos, mientras que el 44% restante no lo hace.

Las políticas públicas impulsadas en los últimos años han consolidado un modelo económico basado en la extracción de recursos no renovables, situación que ha propiciado una serie de conflictos territoriales y ambientales. A partir de 2002 se advierte un incremento en el otorgamiento de licencias de explotación de hidrocarburos y títulos mineros; se pasó de tener concesiones mineras sobre 1,1 millones de hectáreas en 2002, a tener concesiones sobre 4,9 millones de hectáreas en 2015. Los contratos de exploración hidrocarburífera suman 25,5 millones de hectáreas que incluyen la plataforma submarina del caribe y el pacífico.

La persistente desigualdad en la tenencia de la tierra fue confirmada por los resultados del Censo Nacional Agropecuario.Un 40.1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas, todas ellas mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8% del área censada está ocupada por el 69.9% de unidades productivas con una extensión igual o menor a 5 hectáreas.El despojo generado por el desplazamiento forzado reorganizó la tenencia de la tierra. Se calcula que al menos 6.8 millones de hectáreas cambiaron de manos entre los años 1980 – 2010 profundizando un modelo de propiedad desigual.

Los problemas de la política educativa se reflejan en las brechas que surgen entre zonas rurales y urbanas en el nivel de garantía del derecho.La población mayor a 5 años cuenta, en promedio, con 7,5 años de educación. En el área urbana el promedio es de 8,2 años y en la rural es de apenas 4,9. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) señaló que Colombia tiene una tasa de analfabetismo del 5.8%, es decir, que alrededor de 1.802.637 personas mayores de 15 años en Colombia no saben leer ni escribir.Los resultados del reciente Censo Nacional Agropecuario presentados por el DANE en el año 2015, evidenciaron que en el sector rural la tasa de analfabetismo llega al 12.4%. En algunos departamentos de la Costa Atlántica (La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Atlántico) y en el departamento del Chocó, la tasa de analfabetismo alcanza el 20% de la población.