La cultura del no pago de las multas judiciales en Colombia campea. No pagan los parapolíticos, con obligaciones incumplidas con las víctimas de las autodefensas que suman más de 120.000 millones de pesos. No pagan los capos del narcotráfico y mucho menos los corruptos. En total, el Consejo Superior de la Judicatura –quien tiene la tarea de realizar los recaudos de las multas impuestas por los jueces– está adelantando 46.876 procesos de cobro coactivo, por un valor de 11,6 billones de pesos, que sumados a los intereses alcanzan los 20,5 billones.

¿Qué son los protocolos y anexos? Son procedimientos técnicos que hacen parte integral e inseparable del Acuerdo. Se desarrollan de forma específica y detallada para que el CFHBD y DA se realice de manera verificable, en los tiempos acordados y con garantías de cumplimiento y trazabilidad. Son 23 protocolos y 2 anexos. Naciones Unidas, con imparcialidad y transparencia, será la encargada de hacer la evaluación final de cualquier incidente ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. En sus reportes, la ONU podrá hacer recomendaciones y contribuir a que se diriman controversia.

La Corporación Reconciliación Colombia y el Centro Nacional de Consultoría presentan los resultados la primera gran encuesta sobre reconciliación en el país de cara a los retos que implican el reencuentro entre los colombianos. La encuesta incluye 977 personas encuestadas en 43 municipios del país dentro de los que se incluyen algunos de los que han sido más afectados por el conflicto armado en Colombia en las regiones Atlántica, Central, Oriental, Pacífica y Territorios Nacionales.

El conflicto armado entre las Farc y el estado colombiano ha caído a sus niveles mínimos en 52 años, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos, y de acciones violentas. Esto debido al altísimo grado de cumplimiento del acuerdo bilateral de desescalamiento vigente desde hace un año. La reducción de la violencia directamente relacionada con el conflicto con las Farc ha sido mayor a la que se presentó en 2003, segundo año de implementación de la Política de Seguridad Democrática, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.