Sin lugar a dudas, el Sistema de Seguridad Social en Salud colapsó. Para el gobierno, el problema sigue siendo un asunto financiero. Para quienes pensamos que llegó al límite, se trata de un problema de estructura. Son visiones muy diferentes, tanto de las causas de la crisis como de las soluciones. Estas diferencias se expresan en las iniciativas legislativas que cursan en el Congreso de la República.

 

El gobierno, junto con parlamentarios de la Unidad Nacional, presentó una ponencia para el primer debate de los proyectos de ley estatutaria, en cabeza del senador Armando Bendetti. En esta ponencia se entiende la salud únicamente como los servicios de atención de enfermedades. Por esta razón, se asume que este derecho es simplemente un plan de beneficios costo-efectivo que deberá actualizarse cada cierto tiempo. De esta forma, se pretende "descongestionar" la tutela por medio de un mecanismo administrativo apoyado en una junta médica que definirá si lo que se solicita por fuera del plan es necesario y justificable económicamente. Si se aprueba, se acudirá a la demostración de pago de las familias para pagar por lo no cubierto. Desde esta visión, no se toca la estructura del modelo actual y, por lo tanto, continuarían las EPS, los dos regímenes (contributivo y subsidiado) y la medicina prepagada, es decir, salud para pobres, medios y ricos, aunque en apariencia tengan el mismo plan. Mientras tanto, se aprobó la ley de cuentas maestras y se aumentó la UPC subsidiada; así que las EPS están contentas con más recursos. Y para completar, el gobierno prepara otro proyecto de ley ordinaria que ajustaría las tuercas del actual sistema, sin obligar a las EPS a que devuelvan los recursos públicos que se apropiaron indebidamente, como lo ordenó la Corte Constitucional a finales de 2012. Todo apunta a más de lo mismo, con total impunidad.

Con 24 foros realizados en diferentes regiones del país y con una participación de más de doce mil colombianos y colombianas, avanza el proceso de construcción participativa de la política pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, un proceso que busca satisfacer la necesidad del país de contar con una política pública a 30 años, vinculante, que recoja los avances universales, que articule la actuación de todo el Estado, que tenga legitimidad y sirva para enfrentar la grave crisis de DD.HH y DIH que afronta el país.