Los desplazados son el grupo social más vulnerable entre los vulnerables
La comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado realizó el pasado viernes 24 de abril, en las instalaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, la presentación pública del décimo primer informe Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia; que ya fue entregado y puesto en conocimiento a la Honorable Corte Constitucional.
Luís Jorge Garay, director del equipo de verificación de la sentencia T025 de 2004, y miembro de la secretaría técnica de la Comisión de Seguimiento, expuso varios hallazgos y resultados de dicha investigación:
Más del 90% de los hogares desplazados tenían bienes que no sólo eran bienes raíces rurales, sino bienes como vivienda, animales, que constituían parte fundamental de su patrimonio y a su vez le daban el capital de trabajo y de sustento a los hogares. Dentro del patrimonio total la tierra era apenas un componente y no necesariamente el más grande. La reparación debe incluir los bienes y su patrimonio en su conjunto. Se debe reconocer el lucro cesante general equivalente al 11% del Producto Interno Bruto.
Los desplazados son el grupo social más vulnerable entre los vulnerables. Han sido despojados de más de 5,5 millones de hectáreas de los últimos diez años, sus niveles de pobreza han pasado del 50% antes del desplazamiento, al 97% después del desplazamiento, y lo propio ocurre con los índices de indigencia que se han incrementado del 23% al 80%.
La estimación del daño emergente está en el orden de 10 billones de pesos, ósea 10 millones de millones de pesos, y el lucro cesante en el 12% del Producto Interno Bruto colombiano.
La población desplazada que fue despojada de bienes, ya sea tierras u otros, se aproxima a 3 y medio millones de personas en los últimos 10 años.
La tierra despojada equivale cerca al 11% de la tierra cultivable en el país.
De la tierra usurpada 1.3 millones de hectáreas era cultivada, sólo en Colombia hay aproximadamente 5 millones de hectáreas dedicadas al cultivo agropecuario, ésto quiere decir que es casi el 20 % de la producción de bienes alimenticios agropecuarios en el país, planteando serias problemáticas de qué tanto ha afectado la seguridad alimentaria no sólo de los hogares desplazados si no de la seguridad alimentaria del país.
Antes del desplazamiento el 51% de los hogares estaba bajo la línea de pobreza en el sector rural colombiano, en promedio en los últimos años a nivel de pobreza general es del 70%, quiere decir que el nivel de pobreza de los desplazados es menor al promedio de la pobreza del sector rural colombiano.
Después del desplazamiento el 97% es pobre, casi la totalidad, se ha producido un proceso de pauperización además de la perdida de sus activos, de su patrimonio, de sus tierras, en términos de ingresos para manutención la población desplazada lleva casi una pobreza generalizada, teniendo como agravante que el 80% está bajo la línea de indigencia, pobreza extrema.
El Estado colombiano no ha avanzado en una verdadera política de reparación integral a las víctimas en el caso del desplazamiento forzado, la sociedad tampoco ha realizado un verdadero compromiso.
En el país los múltiples conflictos, especialmente en el campo, coexisten, siguen con nuevas formas y actores. En muchas regiones del país permanece un inminente riesgo de desplazamiento de miles de familias.
La reproducción de grupos armados ilegales, narcotraficantes y otros, quieren recomponer el territorio en muchas zonas del país para grandes proyectos agropecuarios, para corredores del narcotráfico, existiendo así un problema de seguridad.
Es falso que sólo eran pequeños propietarios o poseedores de tierras, entre 0 y 5 hectáreas es el 36% de los hogares desplazados, entre 5 y 15 el 29% y entre 15 y 98 un 30%, dejando ver que hay una distribución proporcional por tamaño de tierra, no son los más pequeños.
No todos los propietarios que fueron despojados eran pobres, eran solamente la mitad.
Las tierras despojadas no eran de mala calidad, ya que el 1.3 millones de hectáreas eran cultivadas y se sembraba productos básicos de la canasta alimentaria (café, yuca, ñame, arroz, fríjol, maíz, panela etc.) que garantizaba el sustento de los mismos hogares desplazados y del país en algunas regiones. En el caso de animales se hizo un inventario de diferentes categorías vacuno, caballar, aves, cerdo etc. Con base en eso a nivel de información hogar por hogar, se hicieron promedios según el rango si eran pequeños, medianos o grandes propietarios de tierra.
En términos de tierra el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- no es completo, no tiene una verdadera caracterización de las propiedades tanto de tierras como de bienes y por lo tanto puede hacer una verdadera comparación sobre los estimativos globales que sí hicieron en el informe el equipo de verificación de la Comisión de Seguimiento con la dirección de Luís Jorge Garay. Lo que si está claro en el RUPD, es que se demuestra que un porcentaje elevado de los hogares, era poseedor de algún bien ya sea tierra, ganado o de otros. Los propietarios de tierras o bienes raíces era el 60% de los hogares, pero que los mismos en un 90 ó 91% de los casos, tenia bienes complementarios a tierra como animales o algún otro que les permitía subsistir, siendo así una caracterización clara que estos hogares desplazados eran poseedores de bienes que requieren ser restituidos.
Buena parte de las tierras despojadas están abandonadas, pero aún no se sabe con exactitud si los victimarios o ceros, las están utilizando con algún uso. El desplazado en su lugar de asentamiento no sabe muchas veces qué está pasando con su tierra de origen, la sospecha es que una alta proporción no se está cultivando con productos por lo menos alimenticios.
Se debe profundizar y fortalecer en la política de protección y prevención en términos de garantizar de que no haya posibilidades de despojo de tierras, o para los que estén en riesgo o amenaza de ser desplazados y despojados de sus bienes, que exista una mayor intervención, implantar una verdadera política de reparación integral y de extinción de las tierras de los victimarios, que implica que la ley de víctimas y la ley de reparación deba ser una reparación integral con la implantación de mecanismos de justicia transicional que revierta la carga de la prueba para poder facilitar la restitución y la reparación integral de la tierra.
Parte de los asistentes de la mesa principal en el vento fueron: el magistrado de la Corte Constitucional Luís Ernesto Guevara, el senador Juan Fernando Cristo, el defensor del pueblo Vólmar Pérez, la representante de la Mesa de Unidad Agraria Nelly Velandía, 3 testimonios de desplazados, monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Luís Jorge Garay director del equipo de verificación de la sentencia T025, Marco Romero, director de Codhes, Pedro Santana Rodríguez, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía, entre otros.
Esta encuesta se hizo alrededor de 4 mil hogares de manera representativa en el territorio nacional, no es un censo, ya que por lógica el Estado debe hacerlo para que todas y cada una de las tierras que hay en el país despojadas queden registradas. La Comisión tuvo que acudir a una encuesta representativa tomando el dato hogar por hogar, siendo un elemento importante porque no son agregados ni estimativos si no parte de la información a nivel hogar.
El XI informe Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia puede ser consultado en www.viva.org.co y www.codhes.org
