(1941 – 2010)

Eliécer Soto Ardila, Pbro.

Barrancabermeja – Santander

Cuando el Padre Jaime Prieto Amaya fue ordenado Obispo y luego posesionado como Pastor propio de la Diócesis de Barrancabermeja, en diciembre de 1993, asumió en su escudo episcopal el lema Justicia y paz, con esto reflejaba un deseo de mantener su línea ministerial: El compromiso de la Evangelización desde la realidad social y la coherencia entre lo que durante su presbiterado proclamaba y demandaba de la misión pastoral de los clérigos desde sus tres grados jerárquicos y lo que sería su desempeño como Obispo.

Lo interesante del comienzo del episcopado de Monseñor Jaime radica en que su vida pastoral en Cundinamarca, tanto en la Diócesis de Facatativá como en la capellanía del SENA había girado primordialmente en torno al desarrollo humano integral, en la línea de promoción humana y economía de la solidaridad y si bien, su experiencia con el Departamento de Pastoral Social del CELAM le había dado una visión clara y amplia de la realidad socio – política de América Latina y Colombia, fue el encuentro con la realidad del Magdalena Medio y con la dinámica de sectores de la sociedad civil y de la Iglesia Diocesana lo que lo llevó a validar el lema episcopal que intuitivamente había asumido.

Desde un comienzo Monseñor Jaime pidió a los agentes de pastoral un compromiso frente a la realidad social y poco a poco fue encausando la fuerza de ese compromiso en la evangelización de lo político sin desconocer que la promoción humana y social era básica y seguía siendo necesaria para crear una base social capaz de generar organización, movimiento e incidencia social y política.

Dos fueron los pilares operativos de ese compromiso, El Secretariado Diocesano de Pastoral Social de Barrancabermeja y el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, e innumerables han sido los apóstoles laicos (as), religiosos (as) y clérigos quienes, desde diversas áreas pastorales y del compromiso social, incluso no eclesial, han apoyado y complementado el trabajo de esos dos pilares.

Entre 1993 y 1997 se hizo énfasis en el trabajo por el desarrollo humano, la formación en torno a la solidaridad, sin desconocer el trabajo por los DDHH que llevó a la consolidación de la Comisión Diocesana de Vida y Paz. Pero fue la masacre del 16 de Mayo de 1998, la que llevó a Monseñor Jaime a motivar en la Diócesis un compromiso más acentuado con los DDHH y la Paz, bajo un atinado principio: trabajar por la paz y los Derechos Humanos implica afinar el trabajo por el desarrollo humano integral como nuevo nombre de la paz y la justicia social como prolegómeno de la justicia y reparación integral de todas las víctimas de violaciones de los DDHH y del Conflicto armado y social que soportaba y aún soporta tanto la región del Magdalena Medio como el País.

Entre 1998 y el 2001 fomentó, desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social y el Proyecto Laboratorio de Paz del PDPMM programas de formación para agentes pastorales y líderes sociales en el campo de organización comunitaria y liderazgo social político como el caso de la escuela de formación Comunitaria de la Comisión Diocesana de Promoción Humana y Social, y FAMEP de la Comisión Diocesana de Vida y paz; programas de atención a las víctimas del conflicto, que pasaban por atención psicosocial con apoyo de la Corporación AVRE y MISEREOR de Alemania desde Promoción humana y social y ATIDAV desde la comisión de Vida y Paz.

Estos programas permitieron generar una base social más capacitada y dispuesta para asumir los aportes y espacios que brindaba el proyecto Laboratorio de paz del PDPMM, que en esos momentos tenía mayor incidencia en el ámbito socio económico buscando generar procesos de movimiento social por los DDHH, la Democracia y la Paz.

Unido a este trabajo predominantemente eclesial, tanto la Pastoral Social en sus diversas comisiones como el PDPMM, apoyadas, animadas y respaldadas por Monseñor Jaime, empezaron a interactuar con otras organizaciones de los diversos sectores de la sociedad civil (Sindicatos, Organizaciones de Mujeres, de población desplazada, Victimas del conflicto y gremiales entre otras), para demandar respeto a los DDHH y al DIH por parte de todos los actores estatales y actores armados, al punto que se apoyaron movimientos cívicos de protesta pacífica y ciudadana como el paro de Mayo del año 98 que repudió la masacre ya referida y logró la atención del gobierno nacional, así como las marchas y jornadas de pare ciudadanos en Barrancabermeja y otras poblaciones de la Diócesis, que permitieron recuperar para la ciudadanía la protesta social civilista y democrática que habían usurpado tanto las guerrillas como los paramilitares y reivindicar el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente.

De igual manera, el Obispo Jaime daba su aporte directo con los diálogos pastorales que sostenía tanto con los actores Estatales como con los actores armados ilegales, siempre con ánimo pastoral, respetando la institucionalidad del Estado pero ratificando la primacía de todo ciudadano y de toda vida humana sobre estructuras o movimientos políticos y armados, para esto contó con el acompañamiento de Monseñor Leonardo Gómez Serna, entonces Obispo de San Gil y Socorro y de un buen grupo de clérigos y agentes de Pastoral social de Barrancabermeja. Este trabajo permitió colocar una talanquera a los paramilitares que pretendían pacificar a punta de masacres la región y si bien, no frenó totalmente el embate de la degradación del conflicto armado, sí menguó su impacto sobre todo en muertos, desaparecidos y en acciones de barbarie y terror contra la indefensa población civil, pasando por el desplazamiento forzado que manejaban a la par guerrilleros, paramilitares y hasta agentes del Estado como estrategia de guerra o en caso contrario la confinación de pobladores en sus terruños.

Todavía está en el tapete un tema que Monseñor Jaime desarrolló en ese momento, la necesidad de trabajar en diálogos y procesos regionales de paz como complemento y apoyo de los proceso y diálogos centrales, dado que Colombia es un país de regiones y el conflicto tiene expresiones propias y autónomas en las mismas, la historia le viene dando la razón a Monseñor aún cuando los gobernantes siguen tercamente cerrados ante esta propuesta con los consecuentes costos de un insuficiente proceso de erradicación del narco-negocio o del desmonte de las grupos paramilitares por citar dos casos que no han tenido tratamiento regional y siguen inconclusos.

A partir del 2002, apoyado en la interacción pastoral de la Diócesis y el PDPMM con los diversos sectores de la sociedad civil e instancias del Estado, Monseñor Jaime orienta la acción pastoral a la incidencia no solo social sino política (no en sentido partidista o electoral) surgen entonces, bajo su tutela propuestas como las del proceso “Barrancabermeja Ciudad Región de Paz”, que contó en su primera Etapa con el apoyo de la Unión Europea y Caritas España y desde el 2006 con el apoyo de la AECID y la misma Caritas España, así como con el acompañamiento de las corporaciones Viva la Ciudadanía y Compromiso; el programa de comisión Cívica de Convivencia Ciudadana, asumidos desde la Pastoral Social y la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y apoyado por la UE.

Estos programas y procesos, han permitido jalonar dinámicas sociales y políticas que recuperan el tejido social y su cohesión, las prácticas políticas desde una ética de mínimos, la recuperación del ejercicio del poder público por actores auténticamente civilistas, el fortalecimiento de la institucionalidad, su depuración tras la filtración de fuerzas oscuras en los distintos sectores del Estado y de la empresa privada, la participación ciudadana en espacios de decisión de lo público (Como el caso del apoyo al foro petrolero en defensa de ECOPETROL como Patrimonio Nacional); todo esto aún en pequeña escala pero con profundidad, de modo que, experiencias como la de las mesas de acuerdos sociales y políticos, el presupuesto participativo, las Comunas territorio de no violencia, las constituyentes de Betulia y otras poblaciones, el comité intersectorial de DDHH el espacio de Trabajadores y Trabajadoras de los DDHH y el Foro Social, entre otras, han ido recuperando ese Ethos social y político que se requiere para reconstruir la base social y los liderazgos políticos capaces de sacar el país o por lo menos la región del Magdalena Medio de esta noche oscura de barbarie política y social en la que, la degradación y el desgaste del conflicto, nos ha llevado a olvidar ¿qué es? o ¿cómo es una sociedad, un estado y un país en orden, en democracia real y estado social de derecho?

Podríamos extendernos en la relación de los aportes concretos que ha dado Monseñor Jaime Prieto Amaya y su significado frente al desarrollo, la Reconciliación y la Paz del Magdalena Medio y Colombia durante los 15 años de Episcopado en Barrancabermeja y el año y medio en Cúcuta (dónde trabajo por la integración fronteriza), pero más que una lista de acciones es importante hacer este balance cualitativo que nos permite valorar su aporte y ponderar la tarea que nos queda por seguir a las personas que continuamos escribiendo la Historia del pueblo e Iglesia del Magdalena Medio, en la triple dinámica de promoción humana, organización social e incidencia política para acercar la realidad histórica del Magdalena medio y de Norte de Santander al proyecto del Reino de Dios que es el proyecto de la Verdad, la Justicia y el amor-solidaridad, como superación del empobrecimiento, el sometimiento y la exclusión que aún nos agobian.

Por tanto, quiero concluir esta semblanza de Monseñor Jaime reiterando, a manera de principios o pautas de acción su legado, que refleja lo que significó y seguirá significando el aporte histórico de este hombre de iglesia, apóstol de la Paz y de los más pobres, pero sobre todo que implica retos para cada uno de los colombianos y Colombianas y de los ciudadanos del planeta amigos del país que se quieren comprometer con la recuperación integral de Colombia como un País soberano, autónomo, en democracia y en el que a todos se les reconoce y garantiza su dignidad humana:

• Tanto la Iglesia como las organizaciones sociales debemos avanzar en propuestas más orgánicas, que permitan la articulación y se ubiquen en línea de procesos y no de solas acciones puntuales.
• Pasar de la “protesta” a la “propuesta”, sin renunciar a la primera, es decir no quedarnos en el sólo rechazo de modelos económicos, políticos o culturales sino avanzar en la búsqueda de alternativas concretas y viables.
• Establecer procesos más abiertos e incluyentes en los que participen todos, rompiendo así la fragmentación y polarización social y política que nos ha llevado a escenarios y espacios de diálogo, encuentro o trabajo de “yo” con “yo” para pasar a dinámicas de interacción social y política de todos los actores aún desde las contradicciones para generar concertación o acuerdos en democracia.
• Es necesario pasar de políticas de gobiernos a políticas de estado en temas y asuntos públicos sensibles y estratégicos para el país, como la paz, la política energética y petrolera, la política social, las políticas públicas, entre otras, construidas desde dinámicas de participación democrática.
• Debemos comprometernos todos, desde nuestros ámbitos de acción, a fortalecer el Estado y los procesos de descentralización, por tanto en procesos como el de la resolución de los conflictos, o la construcción de políticas económicas y sociales, debemos construir en doble vía, desde el Estado Central y desde las Regiones, dado que muchos procesos estratégicos se juegan en las regiones y tienen incidencia nacional.
• Para la paz, la democracia, la legalidad justa y equitativa, la institucionalidad y la participación ciudadana: TODO; para los señores de la guerra, los proyectos anti-vida y los totalitarismos: NADA.
• Todo proceso que se apoye desde la Iglesia o las organizaciones sociales y políticas debe construir a las personas en todas sus dimensiones, respetando su diversa forma de concebir al hombre, el cosmos y la trascendencia divina.
• Ninguna causa puede justificar el atropello de los derechos fundamentales de persona, sector o comunidad alguna.

* El autor es Director Diocesano de Pastoral Social de Barrancabermeja.