Las organizaciones sociales, sindicales, defensoras de derechos humanos que hacemos parte de la Campaña por la Independencia de la Justicia hemos decidido reactivar nuestros esfuerzos para generar un debate público nacional e internacional sobre la importancia de la independencia judicial y la separación de poderes, a raíz del preocupante rol que están jugando los órganos de investigación y control en la coyuntura colombiana.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, instrumentaliza su cargo para favorecer con impunidad las graves violaciones de derechos humanos y los más graves casos de corrupción, mientras criminaliza a quienes ejercen el derecho a la protesta social. Así lo constataron recientemente cinco relatoras y relatores de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Descargue aquí el comunicado completo.

El Plan Nacional de Desarrollo debe incluir política pública de memoria y verdad en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

La Mesa por la Verdad es una plataforma de encuentro y articulación que aglutina alrededor de 28 organizaciones sociales del nivel nacional, regional y en el exilio que fue conformada durante los diálogos de paz de La Habana para dinamizar y poner en la agenda asuntos relacionados con la verdad, la memoria y la no repetición. Participamos en el acuerdo que creó la Comisión de la Verdad y en la redacción del decreto ley que la hizo posible e incidimos posteriormente en la Red Aliada y el Comité de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, sirviendo siempre de puente para viabilizar las demandas históricas de la sociedad civil en materia del derecho a la verdad.

Desde la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Iván Cepeda y la Mesa por la Verdad, así como otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la memoria y la verdad, se ha venido construyendo una propuesta de proyecto de ley por medio del cual se “establece la política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición como una política de Estado, se crea el Sistema Nacional de Verdad y Memoria y se dictan otras disposiciones” que incluye las preocupaciones que diversos sectores de la sociedad han conservado frente a la construcción de memoria en el país.

Como parte de las labores realizadas, conocimos recientemente la proposición del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo en relación con la Política de Memoria y Verdad y es por ello que las organizaciones, plataformas y entidades abajo firmantes, algunas parte de la Mesa por la Verdad, pretendemos compartir nuestras observaciones y proposiciones, teniendo en cuenta, además, una reunión el pasado 3 de marzo de 2023 con el CNMH, el Ministerio del Interior y la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Iván Cepeda.

Al respecto consideramos:

1. La proposición desconoce la posibilidad de garantizar una participación amplia de organizaciones comprometidas con la memoria del país y el exilio, pues se les reduce su participación y no se garantiza que ésta será de carácter decisivo, orientador y formulador sobre el Sistema Nacional de Verdad y Memoria. La proposición no puntualiza la importante necesidad de democratización y participación de las organizaciones de la sociedad civil en aspectos como la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad y/o el proceso de construcción, formulación, contenido y funcionamiento del Museo Nacional de la Memoria y la composición de su Consejo Directivo.
2. Si bien coincidimos en la necesidad de garantizar la permanencia en el tiempo del CNMH, es muy importante que esta entidad acoja la recomendación 12 del volumen de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad relacionada con el paso de varias funciones del CNMH al Museo Nacional de la Memoria. Así mismo, y teniendo en cuenta el antecedente de la última administración del CNMH, consideramos que el Museo Nacional de la Memoria no debe continuar bajo su administración y por el contrario debe conservar absoluta independencia y autonomía, en aras de fortalecer el apoyo a las iniciativas y procesos de memoria territoriales y prevenir el negacionismo del conflicto.
3. Preocupa que la proposición del CNMH exprese que éste será el que orientará “la formulación de la Política de Verdad y Memoria, así como su implementación”.
4. La proposición realizada por el CNMH ignora el compromiso que el Gobierno Nacional ha manifestado frente al estricto cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Con fundamento en los puntos anteriores, hemos solicitado al CNMH retirar la proposición. En su lugar proponemos:

1. Es la Ley de Política de Memoria y Verdad la que debe definir los componentes del Sistema de Memoria y Verdad, de tal manera que éste no quede sujeto a la orientación discrecional y total del CNMH y de las instituciones del Estado y del Gobierno. Su desarrollo debe garantizar que la política de memoria gozará de independencia y autonomía del Gobierno Nacional.
2. El Plan Nacional de Desarrollo debe incluir un compromiso con la Política de Memoria y Verdad y su Sistema para que funcionen de manera autónoma e independiente. El Plan también debería incluir que el Museo Nacional de la Memoria gozará de tal autonomía e independencia y de tramitar una ley que reglamente dichas características y garantice los recursos necesarios para su desarrollo y permanencia.
3. La Ley de Memoria y Verdad deberá velar por la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en materia de verdad, memoria y reconocimiento, lo cual se integra con el Plan Nacional de Desarrollo cuando en su artículo 8 dicta “Implementación de recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”.
4. La orientación, formulación y definición de la Política de Memoria y Verdad debe hacerse con la participación amplia, el debate y consenso de las organizaciones de la sociedad civil, garantizando la pluralidad y los principios democráticos para la construcción de memoria y verdad.

Agradecemos su atención.

Organizaciones y entidades

(la mayoría pertenecientes a la Mesa por la Verdad)

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación-Bogotá

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice[1]

Red Colombiana de Lugares de Memoria[2]

Caribe Afirmativo

Red de Mujeres del Caribe

Viva la Ciudadanía

Fundación para la Reconciliación

Corporación Reiniciar

Casa de la Mujer

Comisión Colombiana de Juristas – CCJ

Gestapaz

Ruta Pacífica de las Mujeres

Corporación Podion

Conciudadanía

Rodeemos el Diálogo

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP

Paz y Esperanza Colombia

Escuela Nacional Sindical-ENS

Instituto Popular de Capacitación – IPC

RedProdepaz

Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia – ACOOC

Corporación Jurídica Libertad

Plataformas de Derechos Humanos

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PCDHDD[3]

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU[4]

La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines para la Cooperación para la Paz.[5]

Otras organizaciones

Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia – ANMUCIC

Fundación del Sinú

Asociación de Mujeres Constructoras de Paz – coMstrupaz

Alta Voz Editores

Asociación de Familiares de Desaparecidos del Pacifico – AFADEPAC

Asochillangua

Alianza Mujeres Tejedoras de Vida

Mujeres agricultoras.

Asociación de parteras la Cigüeña.

Asociación de Líderesas del Pacífico Nariñense – ASOLIPNAR

Por amor arte lgbthp del Cauca

Asociación afrocolombiana desplazada de Sincelejo semilla de paz – ASADESPAZ

Asociación colombiana de campesinos – ASOCAMPO

Asociación de víctimas de la unión Sucre.

Asociación de mujeres víctimas – AMUCOBI

Mujeres víctimas palmiteras – MUVIPAL

Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez – FUNDIMUR

Asociación de mujeres víctimas de palmito Sucre – ASOMUVICPAL

[1]Integrada por más de 200 organizaciones.

[2]Integrada por 40 lugares, 37 de las comunidades y 3 institucionales.

[3]Conformada por 135 organizaciones.

[4]Conformada por 290 organizaciones

[5]Conformada por 142 organizaciones

CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA

CONVOCATORIA LABORAL

CARGO:                                            Asistente contable

ÁREA:                                               Finanzas y contabilidad

PERSONA A QUIEN REPORTA:    Contador

PERFIL:

FUNCIONES:

• Recibir, revisar clasificar y contabilizar los comprobantes, consignaciones, notas, facturas y demás documentos que soportan las transacciones de la corporación.
• Revisar que la documentación sustentadora del gasto reúna los requisitos exigidos por ley.
• Reportar y analizar la información de ejecución financiera de proyectos
• Analizar las cuentas de balance y resultados de cada centro de costos, al cierre de cada mes y verificar que la información está correctamente registrada (depuración de las cifras de balance).
• Analizar las cuentas por pagar con terceros diferentes a la corporación y también entre proyectos; y establecer las alertas correspondientes, al cierre de cada mes.
• Efectuar las correspondientes conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito.
• Elaborar las facturas electrónicas.
• Organizar el archivo físico del soporte documentario.
• Proporcionar las novedades para la elaboración de la nómina; y los auxiliares para la elaboración de informes y estados financieros.
• Elaborar la liquidación de seguridad social mensual.  
• Depurar y alistar auxiliares con información tributaria para liquidar impuestos.
• Registrar los ajustes de regularización de registro contable, debidamente autorizados.
• Subir los pagos a la plataforma virtual de bancos y realizar las consultas, trámites administrativos y de documentación de cuentas bancarias (certificaciones, extractos, etc.) que sean requeridos.
• Preparar la información necesaria para los trámites de permanencia en RTE, reporte a la Alcaldía y demás requerimientos de entes externos.
• Proporcionar la información de soporte documentario requerida por auditoría.
• Las demás que su jefe inmediato le asigne de acuerdo con la naturaleza del cargo.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Contrato por prestaciones de servicios a seis meses. valor mensual de $2.000.000. (Dos millones de pesos m/cte.)

POSTULACIÓN: Se reciben hojas de vida hasta el 8 de marzo de 2023 al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Sobre las razones de la destitución de su expresidente

Pedro Santana Rodríguez en el año 2014

Bogotá, 1 de febrero de 2023

La Corporación Viva la Ciudadanía junto a sus instituciones socias – la Corporación Región, la Escuela Nacional Sindical – ENS, la Corporación Conciudadanía, Foro Nacional por Colombia, el Cinep/Programa por la Paz, la Corporación Podion, la Casa de la Mujer y Corfas – a raíz de distintas solicitudes de información sobre la remoción y destitución de su cargo como presidente a Pedro Santana Rodríguez el 25 de agosto de 2014 se permiten informar que:

• En el mes de agosto de 2014, la entonces directiva de la Corporación Viva la Ciudadanía recibió varias quejas de trabajadoras de la institución sobre conductas de acoso laboral y sexual por parte del entonces presidente de la Corporación, el señor Pedro Santana Rodríguez.

• En Asamblea Extraordinaria del 25 de agosto de 2014, una vez evaluados los hechos, en uso de sus competencias estatutarias, los socios de Viva la Ciudadanía decidieron por unanimidad, remover y destituir de la Presidencia de la Corporación al señor Santana Rodríguez, así como suspender su contrato laboral, mientras se adelantaba una investigación interna.La decisión se basó en la convicción de la Asamblea de que se había perdido la confianza en su capacidad de representar los valores y principios de la Corporación porque los hechos analizados fueron graves, inadmisibles e insuperables.

• El 29 de agosto de 2014, tras recibir la investigación interna presentada por una comisión designada, distintos testimonios, así como una comunicación del investigado Pedro Santana Rodríguez, la Asamblea le formuló cargos y procedió a terminar unilateralmente su contrato laboral, por estimar sustentadas las quejas de acoso laboral y sexual en contra de trabajadoras de la institución.

• Dicha determinación fue comunicada oportunamente a las denunciantes, a quienes se les brindó todas las garantías laborales y se inició un proceso orientado a su reparación integral, entre el que se contaba asistencia jurídica para adelantar las correspondientes denuncias penales, si así lo decidían, finalmente, ellas desistieron de la posibilidad de denunciar.

• La Asamblea, para garantizar la no repetición, formuló una reforma a los estatutos para rediseñar el modelo de dirección, la discusión y adopción de una política laboral y de nuevos protocolos y procedimientos para la prevención y sanción del acoso laboral y sexual a partir de un estudio y recomendaciones que realizó La Casa de la Mujer, entidad experta y socia de nuestra institución.

• Finalmente, la Asamblea comunicó las decisiones adoptadas, en primer lugar, a las organizaciones aliadas junto a la precisión de los hechos ocurridos y emitió un comunicado a la opinión pública y otro comunicado a las agencias de cooperación y aliados de Viva la Ciudadanía, sobre la decisión de destituir al señor Pedro Santana, ambos comunicados se anexan al final de este documento.

Las entidades que suscribimos este comunicado reiteramos nuestro compromiso con la promoción de la democracia, la vigencia de los derechos y la construcción de la paz, y reafirmamos que la justicia y la equidad de género son condiciones para alcanzar esos fines. En ese marco, consideramos de la mayor trascendencia y gravedad cualquier acto de acoso y abuso sexual, tenemos cero tolerancia con esas situaciones y rechazamos toda forma de violencia contra las mujeres y, en general, toda violencia de género. Por ello hemos construido e implementado protocolos y medidas para su prevención y sanción.

Descargue aquí el comunicado en PDF y los anexos

#NoMataras

El próximo 2 de octubre, en el marco del Día Internacional de la No Violencia, tendremos en Colombia y en otros lugares del mundo una jornada de reflexión popular y colectiva, alrededor del valor de la vida y la urgencia de parar esta carrera de muertes y masacres. El movimiento Defendamos La Paz, Redepaz, el movimiento ecuménico e interconfesional en Colombia, Fecode, defensores de Derechos Humanos y Paz, organizaciones sociales y artísticas invitamos a sumarnos al mandato #NoMatarás. Colombia unida por la vida y por la paz.

Leer comunidado…

Síntesis del diagnóstico y las recomendaciones

En el siguiente texto presentamos en primer lugar las tesis políticas de diagnóstico que dan cuenta de las tendencias generales de lo encontrado en materia de implementación del Acuerdo Final de Paz, en segundo lugar, las recomendaciones generales para avanzar en el desarrollo de la política de Paz Total, en tercer lugar, las recomendaciones legislativas para avanzar en la plena de implementación del Acuerdo Final de Paz y en el desarrollo en la política de Paz Total, en cuarto lugar, las recomendaciones específicas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.

Tanto el diagnóstico como las diversas recomendaciones fueron construidas teniendo como insumos las reuniones e información entregadas por diversas entidades y mesas de empalme, los diagnósticos y recomendaciones de los componentes de verificación y seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, las reuniones y recomendaciones de las diversas organizaciones que trabajan temas de paz con las que como equipo nos reunimos en el marco del proceso de empalme.

En los próximos días será publicado el conjunto del informe en materia de implementación del Acuerdo Final de Paz en el proceso de empalme y las principales recomendaciones que hacemos para cada una de las entidades de paz del sector Presidencia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Agencia para la Renovación del Territorio, Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondo Colombia en Paz y el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Agradecemos al Presidente electo Gustavo Petro por confiarnos una tarea tan importante para lograr hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Especial agradecimiento a las más de cien personas que durante tres semanas trabajaron arduamente en este proceso de empalme.

Descargue aquí el documento

Campaña por la Independencia de la Justicia

Bogotá, mayo 20 de 2022

La Campaña por la Independencia de la Justicia, que agrupa organizaciones civiles, gremiales, sociales y derechos humanos tanto nacionales como internaciones, conscientes del grave deterioro que desde hace años padece la Administración de Justicia en Colombia, y especialmente el enorme retroceso que en materia de respeto a la separación de poderes y pérdida del equilibrio de pesos y contrapesos en el pasado reciente, ha convenido en presentar a los/as aspirantes a ocupar la Presidencia/Vicepresidencia de la Nación, los siguientes lineamientos para una Reforma a la Justicia que permita restablecer los principios esenciales de independencia judicial y de acceso universal e igualitario a la justicia, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho:

OBJETIVO

Posicionar en la agenda electoral y pública la independencia judicial como una piedra angular del estado social y democrático de derecho, es una de las mayores apuestas de la Campaña “Por la defensa de la independencia judicial en Colombia”, en la cual confluyen las más importantes Plataformas y Organizaciones de Derechos Humanos en nuestro país.

Observatorio de la Participación Ciudadana en la

Implementación del Acuerdo Final – OPIAF

Cuando se conmemoran cinco años de la firma del Acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc – EP, es preocupante el bajo nivel de desarrollo –y en algunos casos hasta el retroceso– en materia de las 114 tareas participativas identificadas por el Observatorio de la Participación Ciudadana en la Implementación del Acuerdo Final (OPIAF), tareas que representan cerca del 20% del total de las tareas acordadas por las partes.

Son pobres los avances que se pueden observar, como se podrá ver más adelante en este informe. Como lo han reportado analistas nacionales y extranjeros, la construcción de una paz estable y duradera no se ha promovido como corresponde, es más – es posible afirmar – ha contado con oposición por parte de representantes del gobierno y del partido de gobierno. La paz requiere de la participación de la sociedad en su conjunto y en particular de las comunidades, regiones y personas que más duramente han sufrido los rigores del conflicto armado, así como de organizaciones y movimientos sociales que den vida a la democracia, como se pactó en el Acuerdo Final. La aspiración de una paz que sea realmente democrática pasa también por superar las causas estructurales del conflicto colombiano para avanzar hacia una paz con justicia social y una convivencia pacífica. Y como bien lo señala el Acuerdo, esto sólo es posible con el concurso de una pluralidad de actores de la sociedad civil robustecidos y deliberantes que cuenten con escenarios de participación incidentes, de modo tal que se fortalezca la democracia.

Con este propósito, el OPIAF, iniciativa creada por Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía, se ha propuesto hacer un seguimiento al cumplimiento de las tareas participativas incluidas en el Acuerdo, a partir de la producción y divulgación de información sobre el tema, el seguimiento a los roles de las entidades públicas en la ejecución de dichas tareas, la propuesta de lineamientos de política pública y la oferta de insumos para el fortalecimiento de la acción ciudadana en favor de la paz. En esta ocasión hacemos entrega del Informe DOS con una lectura del comportamiento y desarrollo de las 114 tareas en el periodo comprendido entre 2020 y agosto de 2021.

Descargue AQUÍ el documento

“Consulta sobre la aplicación de lo señalado en el Inciso 5 del Artículo 262 Constitucional respecto de nuevos partidos políticos que no participaron en la elección inmediatamente anterior”.

José Luciano Sanín Vásquez, director de la Corporación Viva la Ciudadanía; y Nicolás Farfán Name, Registrador delegado Electoral, elevaron una consulta ante el Consejo Nacional Electoral para que absuelva varias inquietudes…

(…) 1. A partir de la sentencia de la Corte Constitucional SU-257 de 2021, según la cual el Consejo Nacional Electoral aplicará la procedencia de efectos ínter comunis para el reconocimiento de personería jurídica frente aquellas agrupaciones políticas que acrediten en su contra hechos de violencia iguales o parecidos a los analizados en la providencia señalada, sírvase determinar:

¿Cuál es el criterio que se aplicaría respecto de la regla constitucional de que las coaliciones que se puedan conformar no superen el 15% de votación válida obtenida en la respectiva circunscripción conforme a lo establecido en el inciso 5 artículo 262, entendiendo que las agrupaciones políticas reconocidas a partir de los efectos inter comunis (SU-257- 21) no participaron en el proceso electoral del Congreso de la República elecciones 2018?

Descargue aquí el documento completo

24 de marzo de 2022

Uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho radica en la existencia de normas electorales claras y autoridades competentes y autónomas que las hagan valer; garantizando el respeto por la voluntad ciudadana, posibilitando el pluralismo político y la alternancia en el poder. Cuando estos postulados fallan se pone en grave riesgo el conjunto del andamiaje institucional y se profundiza la desconfianza ciudadana.

Es por esto que las organizaciones y plataformas que suscribimos esta comunicación, exigimos al Presidente de la República, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación que cumplan con su deber y garanticen la plena transparencia en la finalización del proceso actual de escrutinio de las elecciones al congreso y de las elecciones presidenciales de mayo y junio próximos, tal y como lo mandatan las normas constitucionales y legales existentes.