Cuando las delegaciones del Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC lograron un acuerdo parcial sobre la “solución al problema de las drogas ilícitas”, el presidente Juan Manuel Santos preguntó: ¿se imaginan una Colombia sin coca?

En realidad no es una pregunta nueva. El ideal de un mundo libre de drogas ha sido siempre el fundamento político de la prohibición de estas sustancias. Así lo decía Richard Nixon cuando reconocía en las drogas al enemigo público número uno de los Estados Unidos, y así lo asumieron los estados cuando firmaron los tratados internacionales para la fiscalización de estupefacientes.

Pareciera entonces que no hay novedad alguna en dicho acuerdo. De hecho su título pareciera seguir el ambicioso fin de la prohibición: solucionar el problema de las drogas. Sin embargo, el borrador conjunto publicado el pasado 24 de septiembre contiene elementos que permiten pensar en una posible reforma a la política de drogas nacional.

Un primer elemento a resaltar es que con el acuerdo se pretende dar un enfoque serio de Derechos Humanos a la política de drogas colombiana. Dicho enfoque ha estado hasta el momento ausente pues la prohibición se caracteriza por dar prioridad a la finalidad de fiscalización de las sustancias sin reflexionar acerca de los efectos negativos que generan los medios empleados.

Así por ejemplo, hasta el momento la estrategia de erradicación de cultivos declarados ilícitos se ha caracterizado por recurrir a medidas de fuerza y seguridad como primera instancia para posteriormente pensar en planes de desarrollo y garantía de derechos para las comunidades. Esta lógica cambia drásticamente a la luz del nuevo borrador del acuerdo de paz, pues la regla general pasará a ser la sustitución consensuada de cultivos acompañada de planes de desarrollo territoriales y la excepción será el recurso de la fuerza a través de planes de erradicación forzada y aspersión aérea.

Un segundo elemento propio del prohibicionismo que parece cambiar drásticamente en el borrador del acuerdo es el uso excesivo del derecho penal para castigar cualquier conducta relacionada con drogas. En la actualidad, el sistema penitenciario colombiano ha llegado a tasas de hacinamiento carcelario superiores al 50 %. Un estudio realizado en 2009 por Dejusticia logró constatar que una gran parte de esos reclusos son personas condenadas por delitos de drogas que son tan solo eslabones débiles del negocio es decir, son personas que no son violentas, no obtienen mayor lucro de la actividad ilícita, que generalmente viven en condiciones socioeconómicas problemáticas, y que además son fácilmente reemplazables luego de ser capturados.

Lo anterior muestra que hasta el momento la política de drogas colombiana ha hecho un uso no solo excesivo sino además ineficiente del derecho penal. No sólo se han condenados a muchas personas innecesariamente sino que se han condenado a las personas equivocadas, pues en últimas el negocio de la droga poco se ha afectado. Sin embargo, el nuevo borrador del acuerdo de paz es claro en proponer un tratamiento penal diferenciado que va a dejar de perseguir a esos eslabones débiles que hoy llenan las cárceles del país y se concentrará ahora en las personas que sí tienen poder dentro de tan lucrativo negocio.

En este sentido, el acuerdo incluye la posibilidad de “tramitar” ajustes normativos para renunciar al ejercicio de la acción penal o para proceder con la extinción de la pena contra pequeños agricultores involucrados en la actividad de cultivo de plantaciones declaradas ilícitas. Y adicionalmente hace énfasis en fortalecer la política criminal para incorporar nuevas estrategias de persecución, por ejemplo, al lavado de activos, lo cual es una muestra de la firme intención no sólo de disminuir el uso del derecho penal sino de hacerlo más efectivo en la lucha contra el narcotráfico.

Finalmente, en tercer lugar, vale la pena destacar la buena dosis de realismo presente en los borradores del acuerdo. En lugar de proponer un cambio radical de la política de drogas que involucre la implementación de un modelo de legalización o regulación de sustancias como la cocaína, el borrador parece acercarse más a un modelo intermedio como el de la reducción de daños. Esto permite no sólo que el acuerdo sea aplicable a la luz de los tratados internacionales sobre drogas, sino además que el mismo sea refrendado por una sociedad que difícilmente aprobaría mayoritariamente una propuesta más liberal frente a las drogas.

Es por eso que el nuevo borrador del acuerdo, a diferencia del comunicado de prensa inicial, habla explícitamente de una política de reducción del daño. Enfoque que en lugar de buscar a toda costa el control absoluto sobre las drogas, prefiere concentrar los esfuerzos institucionales en reducir los impactos negativos que estas sustancias podrían generar en la sociedad. Por lo cual el borrador del acuerdo incluye acciones “orientadas a minimizar el impacto negativo del consumo de drogas en el consumidor, en la familia y en la comunidad.”

El compromiso serio por el respeto a los Derechos Humanos, el uso reducido y eficiente del derecho penal y la voluntad política de implementar acciones de reducción del daño, son elementos que parecen estar claros en el nuevo borrador del acuerdo y que prometen un cambio importante en la política de drogas. Son muchos más los elementos a destacar de este acuerdo como su enfoque participativo o su preocupación por el medio ambiente y también los elementos a criticar, como admitir excepcionalmente la aspersión aérea o no asumir una posición de estado concreta para el debate internacional sobre el tema, pero los que he mencionado parecieran acercarnos a una política de drogas más razonable y menos represiva. Son, a lo menos, pasos en la dirección correcta.