3. Derecho a la Alimentación (artículo 11 del Pacto)

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Aunque en 2008, el Estado adoptó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, su construcción e implementación careció de una perspectiva de derechos humanos, al tomar como enfoque central la “seguridad alimentaria” y no el derecho a la alimentación. El 42,7% de los hogares tiene inseguridad alimentaria, siendo mayor en las zonas rurales (57,5%) que en las urbanas (38,4%). La desnutrición crónica en menores de 5 años es del 13,2% en el total nacional (14,2% en niños; 12,1% en niñas; 10,6% en población afrodescendiente y 29,5% en población indígena), con valores de nuevo superiores en las zonas rurales (17%) si se compara con las urbanas (11,6%).

2. Derecho a la Salud y la Seguridad Social (artículos 9 y 12 del Pacto)

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El sistema de seguridad social vigente ha propiciado barreras al acceso físico y económico a la atención sanitaria. El principal rasgo de esta tendencia se refleja en una persistente crisis hospitalaria. Según la Superintendencia de Salud, de los 947 hospitales públicos existentes, 250 están en alto y mediano riesgo financiero. Un detonante de esta situación es el endeudamiento de las EPS (Empresas Promotoras de Salud) privadas con los hospitales públicos; solo en el departamento del Atlántico tales deudas ascienden a $147.700 millones (US$ 50.000.000) en mayo de 2016.

Algunos comentarios sobre el proyecto de acto legislativo de disposiciones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y a Agentes del Estado

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El pasado 19 de diciembre del año 2016 los Ministros del Interior, de Justicia y de Defensa Nacional presentaron ante el Congreso de la República una iniciativa legislativa que tiene como propósito incorporar un título de disposiciones transitorias en la Constitución que crean el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), sus mecanismos y medidas, y otorga tratamientos diferenciados y beneficios para Agentes del Estado, en el marco de la implementación normativa del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP el pasado 24 de noviembre.

Como corresponde a nuestra misión y al carácter de defensores y defensoras de Derechos Humanos, comprendemos que, por un lado, el mencionado proyecto de acto legislativo acumulado es relevante para la implementación normativa del Acuerdo de Paz, según este mismo documento, y que, por otro lado, la discusión en el marco del procedimiento legislativo especial pretende que sea aprobado con la mayor celeridad posible. Sin embargo, con ocasión del cuarto debate a ser efectuado por la plenaria del Senado de la República, es necesario resaltar la necesidad de cumplir con los deberes internacionales del Estado y la garantía y protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, incluso en asuntos sobre los que el derecho internacional y la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el régimen jurídico.

En este sentido, reiteramos los diversos pronunciamientos efectuados en debates anteriores sobre las diversas disposiciones problemáticas del proyecto de acto legislativo, y respetuosamente insistimos a los H. Senadores considerar las siguientes observaciones:

Comunicado Mesa por la Verdad

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Las organizaciones que integramos la Mesa por la Verdad y otras organizaciones expresan la satisfacción por la instalación y el inicio del trabajo del Comité de Escogencia, que tiene como tarea la selección tanto de Magistrados y Magistradas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), como de Comisionados y Comisionadas de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición (CEV) y la presidencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco y con ocasión del Conflicto...

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