Boletín Observando la Implementación Nº 15

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El Congreso antes que honrar el Acuerdo Final e implementarlo de buena fe, está aprobando modificaciones que desvirtúan y lesionan gravemente los derechos consagrados en éste. Vimos esta semana como se introdujeron cambios regresivos en los proyectos de ley estatutaria de la JEP, en la Reforma política electoral y en la creación de las Circunscripciones transitorias especiales de paz.

Estas dos semanas serán cruciales para que el Congreso enderece el camino y le cumpla a la Paz. Ver el Boletín…

Comunicado a la opinión pública

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A propósito de la prohibición de realización del evento “Balance del primer año del acuerdo de paz: avances y retos” en el Museo Casa de la Memoria

La Mesa Voces de Paz, Común Acuerdo y SEPA, son plataformas sociales, académicas, comunitarias e interinstitucionales que han asumido como una de sus tareas, desarrollar procesos de pedagogía ciudadana en torno a los procesos de paz y su implementación, promoviendo el conocimiento y la participación informada de la ciudadanía.

En cumplimiento de su labor se programó para el 17 de noviembre el evento Balance del Primer Año del Acuerdo de Paz, Avances y Retos. Con sorpresa conocimos al final de la tarde del 16 de noviembre, la negativa de la señora Adriana Valderrama, directora del Museo Casa de la Memoria de prestar el auditorio donde estaba programado el evento, argumentando que la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) que entró en vigencia el pasado sábado 11 de noviembre prohíbe la realización de eventos en que haya candidatos a elecciones de corporaciones públicas en espacios institucionales.

En el comunicado que expidió el Museo Casa de la Memoria se dice:

“Por lo anterior y en aras del cumplimiento de dichas disposiciones normativas, y en particular del artículo 38 de la misma, a partir del 11 de noviembre el Museo no dispondrá de sus espacios para eventos, reuniones o cualquier actividad semejante, donde participen o puedan participar candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o Distritales, ni a otras corporaciones susceptibles de elección popular. Tampoco podrá hacerlo cuando participen voceros de los candidatos”.

Con respecto a esto, las organizaciones convocantes expresamos:

1. Nuestro rechazo a la interpretación que se propone de la ley de garantías dado que el carácter del evento no es proselitista sino académico, y de pedagogía ciudadana, y cuenta con la participación de varios funcionarios públicos del orden nacional. Además, porque no hay candidatos ni candidatas a corporaciones públicas entre los expositores. Pastor Alape, integrante del partido FARC surgido de la desmovilización de esta organización antes guerrillera no es candidato a ninguna corporación pública y hace su intervención como integrante del Consejo Nacional de Reincorporación. Por su parte, la señora Gloria López es precandidata a la Circunscripción Territorial Especial de Urabá, pero como bien se sabe, esta nueva figura de participación política territorial aún no ha terminado su tránsito en el Congreso de la República ni ha surtido su examen en la Corte Constitucional. Pero además, entendemos la creación de las Circunscripciones como una oportunidad para escuchar la voz de las víctimas y en consecuencia, promovemos su participación en espacios ciudadanos. Consideramos que extender de manera mecánica la figura de la Ley de Garantías a un proceso que aún no está definido ni mucho menos reglamentado, constituye mínimo, una extralimitación en la interpretación de la Ley.

2. Nuestra preocupación por la manera como decisiones como éstas, abonan a la polarización y a la creación de un ambiente adverso a la paz en el país. La construcción de la paz requiere una enorme suma de voluntades, máxime en una ciudad como Medellín que tiene un número cercano a las 650.000 víctimas, casi el 25% de sus habitantes. Esperamos de la Alcaldía y de una institución como el Museo Casa de la Memoria, iniciativas favorables a la construcción de la paz y el pleno respeto y reconocimiento a los derechos de las víctimas y a sus expresiones organizativas. No es de esta manera como sentaremos las bases sólidas para la reconciliación y la construcción de un país en paz, diverso, pero en el cual prime el pleno respeto por la diversidad y la dignidad humanas.

3. Convocamos a las organizaciones, las instituciones y a la ciudadanía a persistir en el deseo de comprensión del acuerdo y el papel de la sociedad civil en la construcción de paz. En tal sentido, les invitamos a asistir al evento Balance del primer año del Acuerdo de paz, avances y retos que se realizará en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob (de 8 a 4.30 pm).

Boletín Observando la Implementación Nº 14

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Pese al compromiso de los presidentes de Senado y Cámara, luego de las solicitudes que tanto organizaciones de la sociedad civil, como el propio gobierno les hicieron, para sesionar un día más cada semana, y así lograr el trámite necesario para los proyectos legislativos de implementación del Acuerdo de Paz, esto no ocurrió. Solo existe una explicación: la falta de voluntad política para utilizar el poco tiempo de procedimiento legislativo especial que queda: 16 días, 11 hábiles. Esta semana solamente se movieron en el Congreso 3 proyectos: Reforma Política, Circunscripciones transitorias especiales de paz y la Estatutaria de la JEP. Ver el Boletín…

El Congreso tiene la obligación de legislar para la Paz

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Carta Pública al Congreso

Señoras y señores congresistas de la República de Colombia, los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el agotamiento del Fast Track legislativo para la aprobación de normas sustanciales para la implementación del Acuerdo de Paz, como la Ley Estatutaria de la JEP, las Circunscripciones Especiales de Paz, la Reforma Política entre otras.

Por tal razón hacemos un LLAMADO URGENTE para que en el periodo que resta de la aplicación del Fast Track laboren de lunes a viernes, a los congresistas para que asistan a todas las sesiones y a las directivas del Congreso para que asuman su responsabilidad frente al deber supremo de la paz.

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