A PROPÓSITO DEL LLAMADO A INDAGATORIA DEL EXPRESIDENTE URIBE VÉLEZ…

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EXIGIMOS RESPETO A LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Bogotá, octubre 7 de 2019

Las organizaciones y redes firmantes manifestamos nuestro total rechazo a los ataques y campaña de desprestigio adelantada a través de las redes sociales y distribución de volantes con información engañosa contra la Corte Suprema de Justicia, el senador Iván Cepeda Castro y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” en la víspera de la indagatoria que debe rendir el senador ÁLVARO URIBE VÉLEZ ante el máximo tribunal penal en Colombia, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Dicha campaña tergiversa la actuación procesal, recurre a la difusión de mentiras y calumnias con la clara intención de afectar la independencia e imparcialidad judicial y menoscabar el debido proceso.

Comunicado de prensa Sept. 25 - 2019

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Alerta por regresión del país en materia de derechos humanos y pérdida de la paz

Gobierno Duque finge la paz, reinventa la guerra y retrocede en derechos humanos: Plataformas de DDHH

Recursos para periodistas:

Datos clave balance:

  • De los 37 billones previstos para la paz, más de una tercera parte son inciertos y los que están son para programas sociales generales del Estado.
  • Sin redefinir planes y recursos para la restitución de cultivos en las zonas cocaleras, la carrera contra el narcotráfico la va a perder el Estado Colombiano. La meta del gobierno es solo de 17 mil hectáreas a 2022.
  • En el primer trimestre de 2019 se duplicó el porcentaje de mujeres defensoras asesinadas de 6 en 2018 a 12 en 2019. Por su parte tres personas defensoras LBGTI fueron asesinadas durante el año 2018, mientras que en el primer semestre de 2019 ya han ocurrido seis asesinatos. 226 líderes sociales han sido asesinados en el primer año de gobierno.
  • Los decretos 1438 y 1426 expedidos por la Presidencia de la República en agosto, permiten la utilización de recursos de Fondo Paz y de Regalías para la construcción de paz, en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, con lo cual se abre la posibilidad de reducir aún más la financiación para la implementación del Acuerdo de Paz.

Bogotá 25 de septiembre de 2019. Más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales, agrupadas en tres plataformas de derechos humanos, presentan ante al Parlamento Europeo y en seis departamentos del país, el balance en términos de derechos humanos del primer año de gestión del presidente Iván Duque Márquez, en donde aseguran que hasta el momento este gobierno finge la paz, reinventa la guerra y es en general regresivo en términos de derechos sociales, económicos y de garantías para líderes, defensores y defensoras.

Defender la paz es defender la democracia

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Declaración del Primer Encuentro Nacional del movimiento Defendamos la Paz

Quienes conformamos el movimiento Defendamos la Paz nos reunimos hoy, para reafirmar nuestro compromiso con la construcción de la paz como política de Estado, nuestra defensa del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y nuestro respaldo a los líderes sociales en el territorio.

El Acuerdo Final permite hacer realidad los principios democráticos de la Constitución de 1991. El pleno ejercicio de los derechos; la construcción de la equidad social en los territorios; el surgimiento de una institucionalidad descentralizada y participativa; la reconciliación que se elabora sobre la justicia restaurativa y la verdad con protagonismo de las víctimas; la perspectiva de la equidad de género y la participación de los pueblos y comunidades étnicas; la conservación de los ecosistemas y el freno a la deforestación, son la base de la terminación del conflicto armado, que permite abrir las puertas a la convivencia pacífica y a la construcción de territorios verdaderamente sostenibles.

Constatamos los avances en la construcción de la paz, muchos de los cuales se han dado gracias a la valerosa acción de las lideresas y los líderes sociales que realizan inmensos esfuerzos diarios por avanzar en la consolidación de la reconciliación en los territorios. De igual modo, reconocemos la entrega de quienes dejaron las armas que, con hechos, demuestran su decisión de no volver a la guerra, y que defienden ese compromiso, en ocasiones al precio de su vida.

La construcción de la paz y la consolidación de la democracia son procesos inseparables. La animadversión al Acuerdo Final puede expresar contenidos de carácter autoritario que si son difundidos con métodos antidemocráticos como el uso sistemático de la mentira, incitan al odio. Se hace cada vez más evidente que el ataque al proceso de paz constituye una estrategia para la destrucción de la Constitución de 1991, las instituciones de la justicia, el principio de la separación e independencia de los poderes públicos y los derechos y libertades fundamentales.

Es el momento de reiterar el llamado al Presidente de la República, a que no se deje tentar por las corrientes del autoritarismo: a que cumpla su promesa de implementar en forma integral el Acuerdo de Paz; a que abandone el intento de cambio de reglas del juego para la justicia transicional; a que se emplee a fondo en acabar con los asesinatos de las personas que, en los territorios, lideran la defensa de la vida digna de las comunidades; a que no desconozca la generosa ayuda de la comunidad internacional para la salida del conflicto armado en Colombia; a que construya un verdadero diálogo con todos los sectores políticos y sociales en búsqueda de consensos en torno a la paz y al fortalecimiento de la democracia.

Respaldamos la verificación imparcial de la Misión de la ONU, cuyo mandato originado en el Consejo de Seguridad le otorga amplia legitimidad, y agradecemos el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de los demás programas y agencias del sistema de Naciones Unidas .

Recordamos y hacemos nuestras las palabras que nos dejó, en su visita de septiembre de 2017, Su Santidad el Papa Francisco: “Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente”.

Ningún acuerdo de paz en Colombia ha sido sometido a una implementación normativa, a una revisión constitucional y a una deliberación pública tan intensas como las que han acontecido en torno al Acuerdo Final. Por eso, consideramos que es plenamente legítimo, tiene rango estatal, sólidos fundamentos legales y constitucionales, y cuenta con el reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional. Hoy, al concluir nuestro primer encuentro nacional, renovamos la invitación a todos nuestros compatriotas a defenderlo y a defender los procedimientos e instituciones nacidos de la Constitución de 1991 que son su garantía democrática.

En defensa de la democracia

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Declaración de Defendamos la Paz

Luego del trámite y rechazo de las objeciones presidenciales por parte de las dos cámaras del Congreso de la República, y del auto en que la JEP decidió la garantía de no extradición para Jesús Santrich, dirigentes del partido de Gobierno han reclamado al presidente de la República, Iván Duque Márquez, la declaratoria de un estado de conmoción interior para forzar medidas excepcionales.

Pese a que fuentes gubernamentales han descartado esa posibilidad, consideramos necesario señalar que, de elegir ese camino, el presidente de la República estaría optando por destruir el proceso de paz en sus fundamentos, asestar un golpe contra la democracia, e indefectiblemente dar un giro hacia la entronización de un poder totalitario.

En nuestras convicciones estará siempre el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales, y que las discrepancias con las mismas deben tramitarse en sede judicial. Sin embargo, con relación a los últimos acontecimientos llamamos la atención sobre el contraste entre la manera fluida con que se dio la cooperación internacional con la Fiscalía y no con la JEP, los pasos que fueron omitidos por el ex fiscal Néstor Humberto Martínez para legalizar actuaciones en este proceso, y el ocultamiento de material que fue presentado después de la decisión de los magistrados. Mientras se resuelve su actual situación judicial y los eventuales conflictos de competencia, corresponde a las autoridades tomar todas las medidas para proteger la vida e integridad de Santrich.

Estos hechos generan la fuerte impresión de que todo lo ocurrido pareciera una actuación meticulosamente tejida para provocar una crisis de legitimidad a la JEP, causar un grave daño al proceso de paz, inducir la equivocada percepción de que ha acontecido un cambio traumático en el funcionamiento del mecanismo de extradición, y promover la sensación de que se ha producido una situación de caos institucional que solo puede resolverse con medidas excepcionales.

La verdadera crisis no se desprende de fallos de la JEP ni de la justicia ordinaria. La crisis del país se está viviendo en los territorios más afectados por la guerra, que luego de haber comprobado de primera mano los dividendos de paz en 2017, hoy sufren el incremento de los homicidios (encabezados por los de líderes sociales y exguerrilleros), los desplazamientos y las víctimas de minas. El Gobierno Nacional ha sido incapaz de llegar a estos territorios con una política de seguridad y justicia territorial dirigida a la protección de la población, y con bienes y servicios básicos para fomentar el desarrollo rural. Por el contrario, hoy se conoce que a los territorios se llega con una política de evaluación de resultados operacionales que tiene el potencial de devolvernos a las peores épocas de los ‘falsos positivos’.

El movimiento Defendamos la Paz llama a la ciudadanía a discutir las decisiones judiciales en democracia y por las vías institucionales, y a volcarse a la transformación de los territorios más afectados por la guerra, allí donde el proceso de construcción de paz es más frágil. También insta a los organismos de la comunidad internacional a que redoblen su acompañamiento y observación indispensables para el afianzamiento del proceso de paz en Colombia.

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