Las víctimas en la implementación del Acuerdo de Paz, oportunidades y retos

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Mónica Duarte

Asesora – Estrategia de Lobbying

Corporación Viva la Ciudadanía

Uno de los grandes desafíos que debe afrontar la sociedad colombiana en el tránsito de la guerra a la paz es lograr la reparación integral y transformadora de los millones de personas que se vieron afectadas por el conflicto armado. Así mismo, pensar en las víctimas como protagonistas del proceso de construcción de paz y específicamente de la implementación del Acuerdo Final implica en primer lugar, su reconocimiento como sujetos de derechos más allá de la mera consideración como beneficiarios/as de las diferentes medidas propuestas. Éste reconocimiento es necesario y clave para la materialización de la premisa que afirma que las víctimas son el centro del Acuerdo.

En consonancia con lo anterior, es fundamental la participación de las víctimas en el debate legislativo para la paz facilitando espacios y mecanismos para que puedan presentar propuestas y recomendaciones frente a las normas en discusión en el Congreso de la República, así como la oportunidad de intervenir en la Corte durante el proceso de control constitucional. De la misma manera, el Gobierno Nacional debe garantizar las condiciones para que las víctimas participen en los diferentes instrumentos que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, particularmente en la Comisión de la Verdad (CEV), en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Condiciones que significan por ejemplo, la plena distinción del rol de la víctima en el proceso judicial, la posibilidad de presentar casos y ser escuchadas sobre su versión de los hechos, el acceso a información, la confidencialidad cuando sea necesario, contar con representación judicial, acompañamiento psicosocial y en general institucional, entre otras garantías materiales.

Las víctimas también reclaman otro asunto transcendental para el restablecimiento de sus derechos: La verdad. Pero, una verdad que realmente sea esclarecedora que dé cuenta de lo ocurrido, de sus responsables y de los daños causados. Una verdad que contemple las particularidades de género, etnia y territorio en el análisis de las causas y consecuencias de los hechos. Una verdad que dignifique la memoria de los miles de muertos y desaparecidos. Una verdad que sirva de base al fortalecimiento de la convivencia en las regiones. Una verdad que respondiendo a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos permita que las víctimas de masivas violaciones de Derechos Humanos ocurridas en el conflicto armado colombiano, sean protegidas y que tales abusos no se vuelvan a repetir.

Por otro lado, cabe mencionar que el país tiene desde hace más de una década programas de reparación a las víctimas del conflicto, pero el acuerdo profundiza el desarrollo de estos con medidas tanto simbólicas como materiales. Es decir, que van desde actos públicos de reconocimiento de las responsabilidades hasta acciones concretas como el desminado, la reconstrucción de pueblos y la entrega de cuerpos. La reparación colectiva se fortalecerá y se enlazará con los programas de desarrollo rural, de restitución y retorno de desplazados. Adicionalmente se fortalecerá la dimensión psicosocial y las FARC se comprometieron a contribuir con la reparación material de las víctimas. Esto es claramente un avance y así ha sido reconocido por diferentes sectores de la sociedad, sin embargo, resulta fundamental:

1. Que las más de dos mil propuestas que fueron realizadas por las víctimas en el marco del proceso denominado “Espacio amplio de participación” que desarrolló la Unidad Víctimas con el apoyo del Ministerio del Interior en respuesta a los establecido en el punto 5.1.3.7 del Acuerdo, sean tenidas en cuenta en el proceso de reforma a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

2. Que dicha reforma contemple cambios en términos institucionales y presupuestales para la mejora en la implementación de la Política Pública de Víctimas, la reglamentación de aspectos como: la reparación colectiva y la reparación de las víctimas que se encuentran en el exterior, y el fortalecimiento de los programas de salud y atención psicosocial, vivienda, empleabilidad y de retornos y reubicaciones.

3. Que se superen las medidas subsidiarias y en cambio se asuma el compromiso de poner en marcha una política social que logre reestablecer los derechos económicos y sociales de las víctimas.

4. Que la pedagogía sobre la justicia transicional sea permanente. Ya que por su novedad no es de fácil asimilación para un país con heridas abiertas y en el que política y justicia se entremezclan constantemente de manera riesgosa.

Humberto De la Calle - Retos de la Implementación del Acuerdo Final

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Común Acuerdo, proceso de movilización ciudadana para la pedagogización y compresión del Acuerdo de Paz, después de su II Encuentro sobre el Balance de Implementación, presenta una serie de vídeos donde de manera explícita y desde diferentes disciplinas se dialoga sobre los retos que presenta ésta fase.

Humberto De la Calle, ex jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional con las FARC.

La amnistía y la perfidia

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En artículos anteriores hemos dicho que no sabemos que es peor, si la ineptitud institucional o la complacencia de los representantes del gobierno con tal ineptitud. ¿Hoy además nos preguntamos, donde está la intervención de la Procuraduría cuando se trata de evidentes negativas de funcionarios judiciales a cumplir la ley, lo que constituye según la misma, una falta disciplinaria?

Antonio Madariaga Reales

Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía

Las dos palabras que dan título a esta columna no son ni mucho menos palabras de uso corriente, siendo eventualmente más utilizada la primera que la segunda. Sin embargo, parece necesario explicarlas en el contexto del actual proceso de paz. En términos constitucionales, el artículo 150 de la carta de 1991 en lo que hace a las funciones del Congreso determina que este puede, “Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos”.

A su vez, el acuerdo final para la terminación del conflicto no solo contempla la aplicación de la más amplia amnistía posible, llega hasta el punto de incorporar en el acuerdo el borrador del proyecto de ley de amnistía acordado por las partes. Del acuerdo se derivan dos tipos de amnistía que han sido desarrollados por el Congreso de la Republica, en el marco del procedimiento legislativo especial conocido como fast track, dando como resultado la expedición de la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016.

La primera de ellos, llamada de iure, se aplica según lo determina el artículo 15 de esa ley por los “delitos políticos de “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos”, a través de un procedimiento abreviado y según las reglas establecidas en esa misma ley. La otra amnistía para quienes no sean objeto de una amnistía de iure, la decisión de conceder amnistías o indultos dependerá de la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, que todavía no ha empezado a funcionar y que cuando lo haga deberá resolver la solicitud de amnistía en un término no mayor a los tres (3) meses desde que haya sido solicitada.

Se esperaría entonces que se produjera, para los miembros de las Farc que tuvieren un proceso en curso por los delitos mencionados, una solicitud inmediata por parte de la Fiscalía General de la Nación al Juez de Conocimiento competente de preclusión de todos esos procesos.

También se esperaría que quienes ya estuvieran condenados por esos mismos delitos el Juez de Ejecución de Penas competente, previo cumplimiento de requisitos mínimos, (solicitud por parte del condenado, verificación de la misma y de los listados de miembros de las Farc y suscripción de acta de compromiso), procedería a aplicar la amnistía, en un término no mayor a los 10 días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Si así hubiera ocurrido, a la fecha más de seis meses después de haber sido aprobada la ley todos los presos de las Farc condenados por los delitos políticos y conexos, o sea a quienes se les podría aplicar esta ley, deberían haber recibido la amnistía de iure y haber sido puestos en libertad.

La realidad es que el número de amnistías concedidas no alcanza al 50% de las que se esperaría y más aún la situación con los presos de las Farc, se agrava cada día en la medida en que un número de ellos que supera el millar completan 20 días de huelga de hambre.

La situación es tan grave que incluso ha motivado una enérgica comunicación de la Misión de Naciones Unidas, urgiendo al gobierno a dar cumplimiento a sus obligaciones con respecto a las amnistías. Dice la misión que “La detención de los miembros de las Farc – EP en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz” y añade que “es importante que los actores institucionales involucrados en el proceso de amnistía actúen con responsabilidad y celeridad para poner fin a una situación que debilita la construcción de la paz”.

En artículos anteriores hemos dicho que no sabemos que es peor, si la ineptitud institucional o la complacencia de los representantes del gobierno con tal ineptitud. ¿Hoy además nos preguntamos, donde está la intervención de la Procuraduría cuando se trata de evidentes negativas de funcionarios judiciales a cumplir la ley, lo que constituye según la misma, una falta disciplinaria?

Y aquí vamos a la otra palabreja del título, la perfidia, que no es más que la intención deliberada de traicionar la confianza del adversario y hacerle creer que se va a cumplir con la palabra empeñada por lo que este también tiene obligación de cumplir. Le corresponde al gobierno, al presidente Santos como jefe de Estado y al conjunto de la institucionalidad dar muestras evidentes de que no están cometiendo perfidia.

La única forma de hacerlo es cumpliendo con la ley de amnistía y con los demás compromisos adquiridos, sin excusas ni dilaciones.

Coda: La extraordinaria confianza depositada en los y las colombianas por parte de los países integrantes del Consejo de Seguridad al aprobar por unanimidad la Misión II de Naciones Unidas para verificar la reincorporación y la seguridad de líderes y organizaciones sociales en el marco de la implementación del Acuerdo debería ser objeto de celebración y orgullo y en Colombia pasa más o menos desapercibida.

La Alcaldía “aterriza” los Acuerdos de Paz en Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, en su compromiso de construir una estrategia de paz para el Distrito Capital, a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, inicia la serie de foros “Bogotanicemos los Acuerdos”, que abrirá espacios de diálogo para que, con la participación ciudadana, sean analizados los retos que se desprenden de los Acuerdos de Paz para Bogotá en cuanto a política pública, cultura y desarrollo socio-económico, entre otros aspectos.

El primer foro de “Bogotanicemos los Acuerdos” tendrá como eje central los efectos generales de los Acuerdos de Paz para Bogotá. Los invitados a este dialogo son de diversas corrientes, academia, gobierno, sociedad civil y una mirada internacional aportarán al debate.

“El país y los gobiernos locales necesitamos pensar qué quiere decir la paz en nuestro territorio. La Capital del país debe tener un rol muy importante, teniendo en cuenta las más de 600.000 víctimas que han llegado a nuestra ciudad, los más de 6.000 desmovilizados que viven en Bogotá y también por la importancia política de la ciudad”, indicó Ángela Anzola, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

La construcción de paz es un trabajo de todos y todas, y la participación ciudadana juega un papel fundamental para definir acciones que aporten a la convivencia pacífica en los territorios. En la Capital, es importante entender las implicaciones particulares y reflexionar sobre los acuerdos de paz en este contexto.

El foro se realizará el jueves 13 de julio, a las 9:00 am, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Este es el primero de cinco foros que se desarrollarán con diferentes temas en torno a los Acuerdos.

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