Defender la democracia, nuestro compromiso con el país

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Bogotá, 30 de enero de 2019

  • Cerca de 300 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de todo el país, junto con congresistas de la bancada alternativa hemos conformado la Liga por la Democracia.
  • Hacemos nuestro el compromiso con la protección y defensa de la democracia, los mecanismos de participación ciudadana, consulta y consentimiento previo, consultas populares y la protesta social.
  • Rechazamos el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigimos protección inmediata.
  • Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y demandamos que se mantenga la búsqueda de la salida negociada al conflicto como único camino.

Cerca de 300 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de todo el país, junto con congresistas de la bancada alternativa queremos hacer público nuestro compromiso con la protección y defensa de la democracia, los mecanismos de participación ciudadana y la protesta social, y por ello nos hemos constituido en la Liga por la Democracia.

Organizaciones sindicales, ambientalistas, de mujeres, de organizaciones campesinas y comunitarias, pueblos indígenas y negros, estudiantiles, comunales, del movimiento de paz y de derechos humanos hemos reconocido los efectos nocivos que para los territorios y las comunidades generan los intentos de restricción de nuestra participación y posibilidad de decisión sobre nuestro desarrollo, el cuidado del agua y el ambiente.

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos étnicos, consagrado no sólo en la Constitución colombiana, sino en tratados internacionales reconocidos por el Estado. A pesar de las luchas de indígenas, negros y Rrom, es sistemáticamente violentado por los funcionarios del gobierno y por las empresas que buscan la explotación de nuestros territorios y nuestros pueblos. Rechazamos cualquier iniciativa de reglamentación, que han impulsado desde el ejecutivo nacional, desde el legislativo y desde los partidos políticos, que van en contra de los principios de la consulta previa y de nuestros planes de vida y etnodesarrollo, desconocen nuestros gobiernos propios, y la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Exigimos que se cumpla el derecho al consentimiento y la consulta previa libre e informada como plantea al Convenio 169 de la OIT, la Constitución nacional y reafirman las sentencias de la Corte Constitucional en la materia.

Las consultas populares mostraron ser un mecanismo de participación ciudadana capaz de poner la voluntad de las comunidades de preservar el agua, el territorio y la vida por encima de intereses privados. Los intentos de detenerlas han sido muchos. Sin embargo, diferentes movimientos ciudadanos han mostrado su legitimidad, así como la firme decisión de organizaciones y comunidades de ejercer su derecho a la participación, y por ello estamos dispuestos a utilizar todo lo aprendido para generar mejores y más eficientes mecanismos de participación que nos permitan defender nuestros territorios de la devastación.

El derecho a la protesta al ser un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, es un fundamento de toda la estructura democrática que ha demostrado ser un mecanismo eficiente para que los gobernantes escuchen el clamor de la ciudadanía, modifiquen sus políticas públicas, reversen medidas que atentan contra el bien común e incrementen la inversión.

Por ello consideramos que todas las medidas que se adopten para su reglamentación deben ir encaminadas al respeto, garantía y protección de todas las personas, organizaciones y movimientos sociales que lo ejercen. Es nuestra decisión seguir en la lucha por el ejercicio de este derecho, y lo utilizaremos para la defensa del agua, de los territorios, del ambiente, de la salud, de la educación, para el logro de la equidad, para la defensa de la paz, para seguir demandando la ampliación de la democracia y para lograr la efectiva protección del Estado frente al creciente número de homicidios y amenazas de líderes y lideresas sociales. Concluimos igualmente que es necesario seguir exigiendo el desmonte del ESMAD como una de las garantías del derecho a la protesta consagrado en la Constitución Política Colombiana.

Queremos además hacer un llamado a la sociedad colombiana para que aunemos esfuerzos para lograr la modificación de la actual política minero-energética y ambiental del país, de forma que se pueda iniciar el cambio hacia una transición energética justa, democrática, que garantice la participación de las comunidades y los individuos no solo en las tomas de decisiones sino en la propia generación de energía. La transición debe romper la dependencia de las energías fósiles y de grandes proyectos hidroeléctricos por energías más limpias, descentralizadas de pequeña y mediana escala, apoyada en la soberanía alimentaria y la justicia hídrica. El gobierno nacional y la empresa colombiana Ecopetrol deben contribuir a liderar la transición, por tanto, nos oponemos a su privatización.

Rechazamos el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigimos protección inmediata, abogamos por una solución política negociada al conflicto colombiano, de tal manera exhortamos al gobierno nacional a reestablecer la mesa de diálogo con el ELN y dar cabal cumplimiento al acuerdo firmado con las Farc. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y demandamos que se mantenga la búsqueda de la salida negociada al conflicto como único camino.

Contacto Prensa:

Maricela Londoño - 315 3808649 + Margarita Velásquez -300 6115592 + Yiya Gómez - 3174414455

Desconfianza para futuras negociaciones de paz y cuestionamiento internacional a Colombia, el resultado de incumplir los compromisos internacionales

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Bogotá – Colombia, enero 24 del 2019

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines reiteramos nuestro total rechazo y condena al ataque cometido por el ELN el pasado 17 de enero contra la Escuela de Policía General Santander, y reafirmamos nuestra solidaridad con las familias de las personas que allí murieron o resultaron heridas.

Creemos que, al declarar que la paz no es una política de Estado, desconocer los protocolos adoptados en caso de ruptura de negociaciones y pedir a Cuba que capture y entregue en extradición a los integrantes de la delegación de negociadores del ELN, el Gobierno colombiano se equivoca y contradice el apego a la legalidad que predica.

En primer lugar, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que la construcción de la paz es una política de Estado que debe ser cumplida de manera armónica por las instituciones. En segundo lugar, porque el argumento de que fue el anterior Gobierno, y no el actual, el que negoció y firmó los protocolos previstos para el caso de ruptura de las negociaciones no tiene fundamento y va en contravía del derecho internacional, donde los Estados (sin importar quien gobierne) están obligados a cumplir de buena fe los compromisos que adquieren. Honrar los protocolos suscritos y perseverar para llevar a los responsables de estos delitos ante la justicia no son acciones opuestas.

Consideramos que el Gobierno colombiano desaprovecha y desconoce el papel de los países que generosamente han aceptado ser garantes de la negociación y los compromisos adquiridos con ellos. Con su forma de actuar, el Presidente Duque conseguirá que se cuestione la credibilidad de Colombia en los foros internacionales y que difícilmente los países confíen o acepten facilitar futuras negociaciones de paz.

Las organizaciones agrupadas en la Alianza y la Plataformas lamentamos que con dicho proceder se esté cerrando la puerta a la búsqueda de la paz con el ELN, y a la posibilidad de evitar que actos tan graves y reprochables, como el del jueves pasado, sigan ocurriendo.

Esperamos que, a pesar de la actual coyuntura, Colombia siga contando con el apoyo de la comunidad internacional (y en ese sentido agradecemos las manifestaciones hechas ayer por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU apoyando la búsqueda de la paz), y con el de la sociedad en general, en la búsqueda de salidas negociadas a la confrontación armada que sigue viviendo el país.

Contacto e información:

Ana María Rodríguez – Alianza de Organizaciones Sociales – 3153241933

Juan Bernardo Rosado – Plataforma Colombiana – 3128517682

Todos y todas Unidas por la paz

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Las organizaciones sociales y plataformas que trabajamos por la paz y los derechos humanos en la Convergencia POR LA PAZ, rechazamos el atentado con explosivos que segó la vida de 21 personas y dejó decenas de heridos en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá, y nos solidarizamos con los familiares y allegados de las víctimas.

Ante las afirmaciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que señala la autoría y responsabilidad del ELN en este atentado, exigimos al Ejército de Liberación Nacional pronunciarse de inmediato sobre esta delicada acusación pública, en aras de contribuir a la verdad y al esclarecimiento de los hechos.

Expresamos nuestra preocupación por las voces que desde diferentes sectores de la sociedad convocan a la guerra y la violencia como salida al conflicto armado interno. Llamamos a la sociedad colombiana a no permitir que se imponga la guerra, y por el contrario sigamos avanzando en la solución política negociada y el compromiso, decisión, amor y trabajo por la construcción de la paz en un país que ya no aguanta más violencia, ni más líderes y lideresas asesinados, estigmatizados y judicializados.

Colombia merece un presente y un futuro de paz, democracia y justicia social.

CONVERGENCIA POR LA PAZ

Bogotá, Colombia – enero 18 de 2019

ORGANIZACIONES DE DDHH, SOCIALES Y DE VÍCTIMAS CONDENAN EL ATENTADO CONTRA LA ESCUELA DE POLICÍA GENERAL SANTANDER

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Bogotá, 17 de enero de 2019

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU, La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, La Plataforma Colombiana de DDHH, Democracia y Desarrollo - PCDHDD, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE y La Red Nacional en Democracia y Paz, conformadas por más de 500 organizaciones sociales y de promoción de los derechos humanos, condenan el atentado explosivo contra la Escuela de Policía General Santander que ha dejado, según informaciones iniciales, 9 personas muertas y más de 50 personas lesionadas, y se solidarizan con los familiares y víctimas de este atentado.

Estas acciones, que pretenden hacer retroceder al país a épocas de zozobra y de guerra degradada, son condenables sin importar cuáles hayan sido sus responsables o sus justificaciones. El camino hacia una sociedad en paz y respetuosa de los derechos para todas las personas no puede ser otro que el de profundizar la salida negociada a nuestro conflicto armado interno y la implementación firme y decidida del Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Este atentado no puede convertirse en un pretexto para desistir de la vía negociada a la confrontación armada, incrementar la militarización y justificar el cierre de los espacios y libertades democráticas. Ante este panorama urge generar una amplia movilización de la ciudadanía para persistir en el fortalecimiento de la democracia y la vigencia irrestricta de los derechos y libertades públicas, lo que exige profundizar el cumplimiento de los compromisos del Estado, la comunidad internacional y la sociedad colombiana con la implementación cabal de los Acuerdos de Paz firmados con las Farc y la exigencia al Estado y al ELN de poner fin a las acciones que han impedido reanudar este proceso de negociaciones hacia la superación definitiva del conflicto armado en el país por la vía la negociación política.

Hacemos un llamado a la sociedad colombiana a persistir en la construcción de una paz estable y duradera. Las colombianas y colombianos podemos juntos superar esta historia de violencia indiscriminada si seguimos avanzando en la búsqueda de la convivencia pacífica. La guerra, la violencia, el terror no son la solución, por el contrario, generarán más violencia.

Demandamos una investigación completa, responsable y transparente para encontrar la verdad y los responsables de este atentado, que no caigamos en nuevos falsos positivos judiciales.

Abrazamos a las familias, allegados y allegadas de las nueve personas fallecidas y deseamos la recuperación completa de todas las personas heridas en estos hechos que condenamos.

“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” al que no estamos dispuestos a renunciar.

 

COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS

ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y AFINES

PLATAFORMA COLOMBIANA DE DDHH, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

LA RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y PAZ

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