Humberto De la Calle - Retos de la Implementación del Acuerdo Final

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Común Acuerdo, proceso de movilización ciudadana para la pedagogización y compresión del Acuerdo de Paz, después de su II Encuentro sobre el Balance de Implementación, presenta una serie de vídeos donde de manera explícita y desde diferentes disciplinas se dialoga sobre los retos que presenta ésta fase.

Humberto De la Calle, ex jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional con las FARC.

La amnistía y la perfidia

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En artículos anteriores hemos dicho que no sabemos que es peor, si la ineptitud institucional o la complacencia de los representantes del gobierno con tal ineptitud. ¿Hoy además nos preguntamos, donde está la intervención de la Procuraduría cuando se trata de evidentes negativas de funcionarios judiciales a cumplir la ley, lo que constituye según la misma, una falta disciplinaria?

Antonio Madariaga Reales

Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía

Las dos palabras que dan título a esta columna no son ni mucho menos palabras de uso corriente, siendo eventualmente más utilizada la primera que la segunda. Sin embargo, parece necesario explicarlas en el contexto del actual proceso de paz. En términos constitucionales, el artículo 150 de la carta de 1991 en lo que hace a las funciones del Congreso determina que este puede, “Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos”.

A su vez, el acuerdo final para la terminación del conflicto no solo contempla la aplicación de la más amplia amnistía posible, llega hasta el punto de incorporar en el acuerdo el borrador del proyecto de ley de amnistía acordado por las partes. Del acuerdo se derivan dos tipos de amnistía que han sido desarrollados por el Congreso de la Republica, en el marco del procedimiento legislativo especial conocido como fast track, dando como resultado la expedición de la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016.

La primera de ellos, llamada de iure, se aplica según lo determina el artículo 15 de esa ley por los “delitos políticos de “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos”, a través de un procedimiento abreviado y según las reglas establecidas en esa misma ley. La otra amnistía para quienes no sean objeto de una amnistía de iure, la decisión de conceder amnistías o indultos dependerá de la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, que todavía no ha empezado a funcionar y que cuando lo haga deberá resolver la solicitud de amnistía en un término no mayor a los tres (3) meses desde que haya sido solicitada.

Se esperaría entonces que se produjera, para los miembros de las Farc que tuvieren un proceso en curso por los delitos mencionados, una solicitud inmediata por parte de la Fiscalía General de la Nación al Juez de Conocimiento competente de preclusión de todos esos procesos.

También se esperaría que quienes ya estuvieran condenados por esos mismos delitos el Juez de Ejecución de Penas competente, previo cumplimiento de requisitos mínimos, (solicitud por parte del condenado, verificación de la misma y de los listados de miembros de las Farc y suscripción de acta de compromiso), procedería a aplicar la amnistía, en un término no mayor a los 10 días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Si así hubiera ocurrido, a la fecha más de seis meses después de haber sido aprobada la ley todos los presos de las Farc condenados por los delitos políticos y conexos, o sea a quienes se les podría aplicar esta ley, deberían haber recibido la amnistía de iure y haber sido puestos en libertad.

La realidad es que el número de amnistías concedidas no alcanza al 50% de las que se esperaría y más aún la situación con los presos de las Farc, se agrava cada día en la medida en que un número de ellos que supera el millar completan 20 días de huelga de hambre.

La situación es tan grave que incluso ha motivado una enérgica comunicación de la Misión de Naciones Unidas, urgiendo al gobierno a dar cumplimiento a sus obligaciones con respecto a las amnistías. Dice la misión que “La detención de los miembros de las Farc – EP en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz” y añade que “es importante que los actores institucionales involucrados en el proceso de amnistía actúen con responsabilidad y celeridad para poner fin a una situación que debilita la construcción de la paz”.

En artículos anteriores hemos dicho que no sabemos que es peor, si la ineptitud institucional o la complacencia de los representantes del gobierno con tal ineptitud. ¿Hoy además nos preguntamos, donde está la intervención de la Procuraduría cuando se trata de evidentes negativas de funcionarios judiciales a cumplir la ley, lo que constituye según la misma, una falta disciplinaria?

Y aquí vamos a la otra palabreja del título, la perfidia, que no es más que la intención deliberada de traicionar la confianza del adversario y hacerle creer que se va a cumplir con la palabra empeñada por lo que este también tiene obligación de cumplir. Le corresponde al gobierno, al presidente Santos como jefe de Estado y al conjunto de la institucionalidad dar muestras evidentes de que no están cometiendo perfidia.

La única forma de hacerlo es cumpliendo con la ley de amnistía y con los demás compromisos adquiridos, sin excusas ni dilaciones.

Coda: La extraordinaria confianza depositada en los y las colombianas por parte de los países integrantes del Consejo de Seguridad al aprobar por unanimidad la Misión II de Naciones Unidas para verificar la reincorporación y la seguridad de líderes y organizaciones sociales en el marco de la implementación del Acuerdo debería ser objeto de celebración y orgullo y en Colombia pasa más o menos desapercibida.

La Alcaldía “aterriza” los Acuerdos de Paz en Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, en su compromiso de construir una estrategia de paz para el Distrito Capital, a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, inicia la serie de foros “Bogotanicemos los Acuerdos”, que abrirá espacios de diálogo para que, con la participación ciudadana, sean analizados los retos que se desprenden de los Acuerdos de Paz para Bogotá en cuanto a política pública, cultura y desarrollo socio-económico, entre otros aspectos.

El primer foro de “Bogotanicemos los Acuerdos” tendrá como eje central los efectos generales de los Acuerdos de Paz para Bogotá. Los invitados a este dialogo son de diversas corrientes, academia, gobierno, sociedad civil y una mirada internacional aportarán al debate.

“El país y los gobiernos locales necesitamos pensar qué quiere decir la paz en nuestro territorio. La Capital del país debe tener un rol muy importante, teniendo en cuenta las más de 600.000 víctimas que han llegado a nuestra ciudad, los más de 6.000 desmovilizados que viven en Bogotá y también por la importancia política de la ciudad”, indicó Ángela Anzola, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

La construcción de paz es un trabajo de todos y todas, y la participación ciudadana juega un papel fundamental para definir acciones que aporten a la convivencia pacífica en los territorios. En la Capital, es importante entender las implicaciones particulares y reflexionar sobre los acuerdos de paz en este contexto.

El foro se realizará el jueves 13 de julio, a las 9:00 am, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Este es el primero de cinco foros que se desarrollarán con diferentes temas en torno a los Acuerdos.

Los Acuerdos de Paz deben garantizar efectivamente la seguridad de defensores de Derechos Humanos y víctimas del país

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Redacción

Angélica Hernández

La defensoría del Pueblo, en reporte realizado el 31 de marzo de 2017, informó que 156 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en los últimos 14 meses. En la semana del 21 de junio, víctimas y líderes sociales que conforman la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales fueron sujeto/as de intimidaciones y amenazas por parte del Bloque de las Águilas Negras.

Hoy en las instalaciones de la Corporación Viva la Ciudadanía se realizó una rueda de prensa donde se recibió el apoyo oficial por parte del Ministro del Interior, Guillermo Rivera quien manifestó: “La protección de las víctimas son una prioridad para éste Gobierno. Nosotros tenemos toda la voluntad y la determinación de perseguir a estas estructuras de crimen organizado que vienen intimidando a los defensores de Derechos Humanos”.

Desde el Ministerio del Interior se está realizando planes pilotos en Buenaventura y Tumaco, zonas abandonadas por las Farc y estructuras de crimen organizado que quieren consolidar su dominio. Por eso el cuerpo élite de la Policía ya empezó a actuar y de manera prioritaria en el Litoral Pacífico.

El director ejecutivo de la Corporación Viva la Ciudadanía, Antonio Madariaga manifestó ante los medios de comunicación: “Los Acuerdos de Paz son muy importantes porque garantizan la seguridad de los liderazgos sociales” e igualmente aseguró que la sociedad civil sigue a la espera de más herramientas de protección.

Virgelina Chará, víctima y representante de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, afirmó: “Aún en medio del proceso de Paz existen 8 millones 600 mil víctimas desplazadas y pese a las amenazas dirigidas a la Mesa continuaremos trabajando por la Paz del país”.

La Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales es un espacio conformado por diversas organizaciones sociales que trabajan por la defensa, promoción y garantía de los Derechos Humanos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Actualmente desde la Mesa Nacional se viene haciendo seguimiento y trabajo de pedagogización de los Acuerdos de La Habana.

 

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