7. Derecho al ambiente sano

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Las políticas públicas impulsadas en los últimos años han consolidado un modelo económico basado en la extracción de recursos no renovables, situación que ha propiciado una serie de conflictos territoriales y ambientales. A partir de 2002 se advierte un incremento en el otorgamiento de licencias de explotación de hidrocarburos y títulos mineros; se pasó de tener concesiones mineras sobre 1,1 millones de hectáreas en 2002, a tener concesiones sobre 4,9 millones de hectáreas en 2015. Los contratos de exploración hidrocarburífera suman 25,5 millones de hectáreas que incluyen la plataforma submarina del caribe y el pacífico.

6. Derechos a la tierra y al territorio

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La persistente desigualdad en la tenencia de la tierra fue confirmada por los resultados del Censo Nacional Agropecuario.Un 40.1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas, todas ellas mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8% del área censada está ocupada por el 69.9% de unidades productivas con una extensión igual o menor a 5 hectáreas.El despojo generado por el desplazamiento forzado reorganizó la tenencia de la tierra. Se calcula que al menos 6.8 millones de hectáreas cambiaron de manos entre los años 1980 – 2010 profundizando un modelo de propiedad desigual.

5. Derecho a la Educación (artículos 13 y 14 del Pacto)

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Los problemas de la política educativa se reflejan en las brechas que surgen entre zonas rurales y urbanas en el nivel de garantía del derecho.La población mayor a 5 años cuenta, en promedio, con 7,5 años de educación. En el área urbana el promedio es de 8,2 años y en la rural es de apenas 4,9. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) señaló que Colombia tiene una tasa de analfabetismo del 5.8%, es decir, que alrededor de 1.802.637 personas mayores de 15 años en Colombia no saben leer ni escribir.Los resultados del reciente Censo Nacional Agropecuario presentados por el DANE en el año 2015, evidenciaron que en el sector rural la tasa de analfabetismo llega al 12.4%. En algunos departamentos de la Costa Atlántica (La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Atlántico) y en el departamento del Chocó, la tasa de analfabetismo alcanza el 20% de la población.

4. Derecho a la Vivienda (artículo 11 del Pacto)

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La política del Gobierno Nacional ha expandido la entrega de viviendas con un diseño único que no ha tenido en cuenta la diversidad cultural, ni las diferencias regionales o climáticas. El informe enviado por el Estado colombiano indica una reducción del 10.9 % frente al déficit cualitativo de vivienda, situación que muestra una clara desatención frente a las recomendaciones del Comité. La intervención del Estado se ha orientado exclusivamente a paliar el déficit cuantitativo abandonando aspectos cruciales del contenido del derecho a la vivienda, como la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, la habitabilidad y la adecuación cultural.

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