4. Derecho a la Vivienda (artículo 11 del Pacto)

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La política del Gobierno Nacional ha expandido la entrega de viviendas con un diseño único que no ha tenido en cuenta la diversidad cultural, ni las diferencias regionales o climáticas. El informe enviado por el Estado colombiano indica una reducción del 10.9 % frente al déficit cualitativo de vivienda, situación que muestra una clara desatención frente a las recomendaciones del Comité. La intervención del Estado se ha orientado exclusivamente a paliar el déficit cuantitativo abandonando aspectos cruciales del contenido del derecho a la vivienda, como la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, la habitabilidad y la adecuación cultural.

¡Bienvenida la Verdad!

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Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos esta comunicación, algunas pertenecientes desde hace cerca de dos años a la Mesa por la Verdad, espacio que tiene por objetivo el impulso y la exigibilidad del buen funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), hemos venido reflexionando sobre la formulación de los alcances y desarrollos de lo establecido en el punto 5.1.1. del Acuerdo Final, así como sobre los retos y desafíos de su labor para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en Colombia.

3. Derecho a la Alimentación (artículo 11 del Pacto)

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Aunque en 2008, el Estado adoptó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, su construcción e implementación careció de una perspectiva de derechos humanos, al tomar como enfoque central la “seguridad alimentaria” y no el derecho a la alimentación. El 42,7% de los hogares tiene inseguridad alimentaria, siendo mayor en las zonas rurales (57,5%) que en las urbanas (38,4%). La desnutrición crónica en menores de 5 años es del 13,2% en el total nacional (14,2% en niños; 12,1% en niñas; 10,6% en población afrodescendiente y 29,5% en población indígena), con valores de nuevo superiores en las zonas rurales (17%) si se compara con las urbanas (11,6%).

2. Derecho a la Salud y la Seguridad Social (artículos 9 y 12 del Pacto)

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El sistema de seguridad social vigente ha propiciado barreras al acceso físico y económico a la atención sanitaria. El principal rasgo de esta tendencia se refleja en una persistente crisis hospitalaria. Según la Superintendencia de Salud, de los 947 hospitales públicos existentes, 250 están en alto y mediano riesgo financiero. Un detonante de esta situación es el endeudamiento de las EPS (Empresas Promotoras de Salud) privadas con los hospitales públicos; solo en el departamento del Atlántico tales deudas ascienden a $147.700 millones (US$ 50.000.000) en mayo de 2016.

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