31 de mayo de 2023

La Campaña por la Independencia Judicial saluda la reciente decisión proferida por la jueza 41 penaldel circuito de Bogotá, Laura Estrella Barrera, mediante la cual negó la solicitud de preclusiónpresentada por la Fiscalía en el proceso penal que se adelanta en contra del expresidente Álvaro UribeVélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Consideramos que esta decisión es una muestra de la independencia que deben mantener losfuncionarios judiciales al momento de proferir sus decisiones. Para el caso concreto, esta se produjo enmedio de un escenario de evidente interés de la Fiscalía para lograr un fallo favorable a los interesesdel procesado. La funcionaria, con total autonomía, decidió que se debe continuar con el procesojudicial que tuvo su origen en una denuncia del expresidente Álvaro Uribe contra el senador de laRepública Iván Cepeda Castro. El proceso dio un drástico giro posteriormente cuando la Corte Supremade Justicia, después de una profusa y extensa investigación, consideró que no había pruebas parainvestigar por manipulación de testigos al senador, pero que en cambio sí había mérito para adelantarinvestigación contra su denunciante.

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Las organizaciones sociales, sindicales, defensoras de derechos humanos que hacemos parte de la Campaña por la Independencia de la Justicia hemos decidido reactivar nuestros esfuerzos para generar un debate público nacional e internacional sobre la importancia de la independencia judicial y la separación de poderes, a raíz del preocupante rol que están jugando los órganos de investigación y control en la coyuntura colombiana.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, instrumentaliza su cargo para favorecer con impunidad las graves violaciones de derechos humanos y los más graves casos de corrupción, mientras criminaliza a quienes ejercen el derecho a la protesta social. Así lo constataron recientemente cinco relatoras y relatores de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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El Plan Nacional de Desarrollo debe incluir política pública de memoria y verdad en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

La Mesa por la Verdad es una plataforma de encuentro y articulación que aglutina alrededor de 28 organizaciones sociales del nivel nacional, regional y en el exilio que fue conformada durante los diálogos de paz de La Habana para dinamizar y poner en la agenda asuntos relacionados con la verdad, la memoria y la no repetición. Participamos en el acuerdo que creó la Comisión de la Verdad y en la redacción del decreto ley que la hizo posible e incidimos posteriormente en la Red Aliada y el Comité de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, sirviendo siempre de puente para viabilizar las demandas históricas de la sociedad civil en materia del derecho a la verdad.

Desde la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Iván Cepeda y la Mesa por la Verdad, así como otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la memoria y la verdad, se ha venido construyendo una propuesta de proyecto de ley por medio del cual se “establece la política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición como una política de Estado, se crea el Sistema Nacional de Verdad y Memoria y se dictan otras disposiciones” que incluye las preocupaciones que diversos sectores de la sociedad han conservado frente a la construcción de memoria en el país.

Como parte de las labores realizadas, conocimos recientemente la proposición del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo en relación con la Política de Memoria y Verdad y es por ello que las organizaciones, plataformas y entidades abajo firmantes, algunas parte de la Mesa por la Verdad, pretendemos compartir nuestras observaciones y proposiciones, teniendo en cuenta, además, una reunión el pasado 3 de marzo de 2023 con el CNMH, el Ministerio del Interior y la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Iván Cepeda.

Al respecto consideramos:

1. La proposición desconoce la posibilidad de garantizar una participación amplia de organizaciones comprometidas con la memoria del país y el exilio, pues se les reduce su participación y no se garantiza que ésta será de carácter decisivo, orientador y formulador sobre el Sistema Nacional de Verdad y Memoria. La proposición no puntualiza la importante necesidad de democratización y participación de las organizaciones de la sociedad civil en aspectos como la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad y/o el proceso de construcción, formulación, contenido y funcionamiento del Museo Nacional de la Memoria y la composición de su Consejo Directivo.
2. Si bien coincidimos en la necesidad de garantizar la permanencia en el tiempo del CNMH, es muy importante que esta entidad acoja la recomendación 12 del volumen de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad relacionada con el paso de varias funciones del CNMH al Museo Nacional de la Memoria. Así mismo, y teniendo en cuenta el antecedente de la última administración del CNMH, consideramos que el Museo Nacional de la Memoria no debe continuar bajo su administración y por el contrario debe conservar absoluta independencia y autonomía, en aras de fortalecer el apoyo a las iniciativas y procesos de memoria territoriales y prevenir el negacionismo del conflicto.
3. Preocupa que la proposición del CNMH exprese que éste será el que orientará “la formulación de la Política de Verdad y Memoria, así como su implementación”.
4. La proposición realizada por el CNMH ignora el compromiso que el Gobierno Nacional ha manifestado frente al estricto cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Con fundamento en los puntos anteriores, hemos solicitado al CNMH retirar la proposición. En su lugar proponemos:

1. Es la Ley de Política de Memoria y Verdad la que debe definir los componentes del Sistema de Memoria y Verdad, de tal manera que éste no quede sujeto a la orientación discrecional y total del CNMH y de las instituciones del Estado y del Gobierno. Su desarrollo debe garantizar que la política de memoria gozará de independencia y autonomía del Gobierno Nacional.
2. El Plan Nacional de Desarrollo debe incluir un compromiso con la Política de Memoria y Verdad y su Sistema para que funcionen de manera autónoma e independiente. El Plan también debería incluir que el Museo Nacional de la Memoria gozará de tal autonomía e independencia y de tramitar una ley que reglamente dichas características y garantice los recursos necesarios para su desarrollo y permanencia.
3. La Ley de Memoria y Verdad deberá velar por la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en materia de verdad, memoria y reconocimiento, lo cual se integra con el Plan Nacional de Desarrollo cuando en su artículo 8 dicta “Implementación de recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”.
4. La orientación, formulación y definición de la Política de Memoria y Verdad debe hacerse con la participación amplia, el debate y consenso de las organizaciones de la sociedad civil, garantizando la pluralidad y los principios democráticos para la construcción de memoria y verdad.

Agradecemos su atención.

Organizaciones y entidades

(la mayoría pertenecientes a la Mesa por la Verdad)

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación-Bogotá

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice[1]

Red Colombiana de Lugares de Memoria[2]

Caribe Afirmativo

Red de Mujeres del Caribe

Viva la Ciudadanía

Fundación para la Reconciliación

Corporación Reiniciar

Casa de la Mujer

Comisión Colombiana de Juristas – CCJ

Gestapaz

Ruta Pacífica de las Mujeres

Corporación Podion

Conciudadanía

Rodeemos el Diálogo

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP

Paz y Esperanza Colombia

Escuela Nacional Sindical-ENS

Instituto Popular de Capacitación – IPC

RedProdepaz

Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia – ACOOC

Corporación Jurídica Libertad

Plataformas de Derechos Humanos

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PCDHDD[3]

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU[4]

La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines para la Cooperación para la Paz.[5]

Otras organizaciones

Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia – ANMUCIC

Fundación del Sinú

Asociación de Mujeres Constructoras de Paz – coMstrupaz

Alta Voz Editores

Asociación de Familiares de Desaparecidos del Pacifico – AFADEPAC

Asochillangua

Alianza Mujeres Tejedoras de Vida

Mujeres agricultoras.

Asociación de parteras la Cigüeña.

Asociación de Líderesas del Pacífico Nariñense – ASOLIPNAR

Por amor arte lgbthp del Cauca

Asociación afrocolombiana desplazada de Sincelejo semilla de paz – ASADESPAZ

Asociación colombiana de campesinos – ASOCAMPO

Asociación de víctimas de la unión Sucre.

Asociación de mujeres víctimas – AMUCOBI

Mujeres víctimas palmiteras – MUVIPAL

Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez – FUNDIMUR

Asociación de mujeres víctimas de palmito Sucre – ASOMUVICPAL

[1]Integrada por más de 200 organizaciones.

[2]Integrada por 40 lugares, 37 de las comunidades y 3 institucionales.

[3]Conformada por 135 organizaciones.

[4]Conformada por 290 organizaciones

[5]Conformada por 142 organizaciones

CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA

CONVOCATORIA LABORAL

CARGO:                                            Asistente contable

ÁREA:                                               Finanzas y contabilidad

PERSONA A QUIEN REPORTA:    Contador

PERFIL:

FUNCIONES:

• Recibir, revisar clasificar y contabilizar los comprobantes, consignaciones, notas, facturas y demás documentos que soportan las transacciones de la corporación.
• Revisar que la documentación sustentadora del gasto reúna los requisitos exigidos por ley.
• Reportar y analizar la información de ejecución financiera de proyectos
• Analizar las cuentas de balance y resultados de cada centro de costos, al cierre de cada mes y verificar que la información está correctamente registrada (depuración de las cifras de balance).
• Analizar las cuentas por pagar con terceros diferentes a la corporación y también entre proyectos; y establecer las alertas correspondientes, al cierre de cada mes.
• Efectuar las correspondientes conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito.
• Elaborar las facturas electrónicas.
• Organizar el archivo físico del soporte documentario.
• Proporcionar las novedades para la elaboración de la nómina; y los auxiliares para la elaboración de informes y estados financieros.
• Elaborar la liquidación de seguridad social mensual.  
• Depurar y alistar auxiliares con información tributaria para liquidar impuestos.
• Registrar los ajustes de regularización de registro contable, debidamente autorizados.
• Subir los pagos a la plataforma virtual de bancos y realizar las consultas, trámites administrativos y de documentación de cuentas bancarias (certificaciones, extractos, etc.) que sean requeridos.
• Preparar la información necesaria para los trámites de permanencia en RTE, reporte a la Alcaldía y demás requerimientos de entes externos.
• Proporcionar la información de soporte documentario requerida por auditoría.
• Las demás que su jefe inmediato le asigne de acuerdo con la naturaleza del cargo.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Contrato por prestaciones de servicios a seis meses. valor mensual de $2.000.000. (Dos millones de pesos m/cte.)

POSTULACIÓN: Se reciben hojas de vida hasta el 8 de marzo de 2023 al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.