Propuesta de lineamientos para una reforma necesaria y democrática a la justicia en Colombia

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Campaña por la Independencia de la Justicia

Bogotá, mayo 20 de 2022

La Campaña por la Independencia de la Justicia, que agrupa organizaciones civiles, gremiales, sociales y derechos humanos tanto nacionales como internaciones, conscientes del grave deterioro que desde hace años padece la Administración de Justicia en Colombia, y especialmente el enorme retroceso que en materia de respeto a la separación de poderes y pérdida del equilibrio de pesos y contrapesos en el pasado reciente, ha convenido en presentar a los/as aspirantes a ocupar la Presidencia/Vicepresidencia de la Nación, los siguientes lineamientos para una Reforma a la Justicia que permita restablecer los principios esenciales de independencia judicial y de acceso universal e igualitario a la justicia, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho:

OBJETIVO

Posicionar en la agenda electoral y pública la independencia judicial como una piedra angular del estado social y democrático de derecho, es una de las mayores apuestas de la Campaña “Por la defensa de la independencia judicial en Colombia”, en la cual confluyen las más importantes Plataformas y Organizaciones de Derechos Humanos en nuestro país.

Informe DOS – OPIAF

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Observatorio de la Participación Ciudadana en la

Implementación del Acuerdo Final – OPIAF

Cuando se conmemoran cinco años de la firma del Acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc – EP, es preocupante el bajo nivel de desarrollo –y en algunos casos hasta el retroceso– en materia de las 114 tareas participativas identificadas por el Observatorio de la Participación Ciudadana en la Implementación del Acuerdo Final (OPIAF), tareas que representan cerca del 20% del total de las tareas acordadas por las partes.

Son pobres los avances que se pueden observar, como se podrá ver más adelante en este informe. Como lo han reportado analistas nacionales y extranjeros, la construcción de una paz estable y duradera no se ha promovido como corresponde, es más – es posible afirmar – ha contado con oposición por parte de representantes del gobierno y del partido de gobierno. La paz requiere de la participación de la sociedad en su conjunto y en particular de las comunidades, regiones y personas que más duramente han sufrido los rigores del conflicto armado, así como de organizaciones y movimientos sociales que den vida a la democracia, como se pactó en el Acuerdo Final. La aspiración de una paz que sea realmente democrática pasa también por superar las causas estructurales del conflicto colombiano para avanzar hacia una paz con justicia social y una convivencia pacífica. Y como bien lo señala el Acuerdo, esto sólo es posible con el concurso de una pluralidad de actores de la sociedad civil robustecidos y deliberantes que cuenten con escenarios de participación incidentes, de modo tal que se fortalezca la democracia.

Con este propósito, el OPIAF, iniciativa creada por Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía, se ha propuesto hacer un seguimiento al cumplimiento de las tareas participativas incluidas en el Acuerdo, a partir de la producción y divulgación de información sobre el tema, el seguimiento a los roles de las entidades públicas en la ejecución de dichas tareas, la propuesta de lineamientos de política pública y la oferta de insumos para el fortalecimiento de la acción ciudadana en favor de la paz. En esta ocasión hacemos entrega del Informe DOS con una lectura del comportamiento y desarrollo de las 114 tareas en el periodo comprendido entre 2020 y agosto de 2021.

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Consulta al CNE

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“Consulta sobre la aplicación de lo señalado en el Inciso 5 del Artículo 262 Constitucional respecto de nuevos partidos políticos que no participaron en la elección inmediatamente anterior”.

José Luciano Sanín Vásquez, director de la Corporación Viva la Ciudadanía; y Nicolás Farfán Name, Registrador delegado Electoral, elevaron una consulta ante el Consejo Nacional Electoral para que absuelva varias inquietudes…

(…) 1. A partir de la sentencia de la Corte Constitucional SU-257 de 2021, según la cual el Consejo Nacional Electoral aplicará la procedencia de efectos ínter comunis para el reconocimiento de personería jurídica frente aquellas agrupaciones políticas que acrediten en su contra hechos de violencia iguales o parecidos a los analizados en la providencia señalada, sírvase determinar:

¿Cuál es el criterio que se aplicaría respecto de la regla constitucional de que las coaliciones que se puedan conformar no superen el 15% de votación válida obtenida en la respectiva circunscripción conforme a lo establecido en el inciso 5 artículo 262, entendiendo que las agrupaciones políticas reconocidas a partir de los efectos inter comunis (SU-257- 21) no participaron en el proceso electoral del Congreso de la República elecciones 2018?

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Velar por el respeto de las reglas electorales es cuidar la democracia

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24 de marzo de 2022

Uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho radica en la existencia de normas electorales claras y autoridades competentes y autónomas que las hagan valer; garantizando el respeto por la voluntad ciudadana, posibilitando el pluralismo político y la alternancia en el poder. Cuando estos postulados fallan se pone en grave riesgo el conjunto del andamiaje institucional y se profundiza la desconfianza ciudadana.

Es por esto que las organizaciones y plataformas que suscribimos esta comunicación, exigimos al Presidente de la República, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación que cumplan con su deber y garanticen la plena transparencia en la finalización del proceso actual de escrutinio de las elecciones al congreso y de las elecciones presidenciales de mayo y junio próximos, tal y como lo mandatan las normas constitucionales y legales existentes.

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