Llamado urgente al cuidado y protección de organizaciones defensoras de derechos humanos, feministas y constructoras de democracia y paz

La Corporación Viva la Ciudadanía alerta a la opinión pública sobre la gravedad de los recientes hechos que han afectado a dos de nuestras socias, organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos en Bogotá. Estos acontecimientos no son situaciones aisladas: configuran un patrón creciente de inseguridad y vulneración que amenaza directamente la labor de construcción democrática que estas instituciones sostienen en el país.

En las últimas semanas, el CINEP/Programa por la Paz ha reportado actos reiterados de riesgo en sus instalaciones durante las madrugadas, hechos que, aunque no han derivado en hurtos, sí evidencian un incremento de amenazas sobre un espacio dedicado a la investigación social, la producción de pensamiento crítico y el acompañamiento a comunidades en escenarios de conflicto y paz.

A ello se suma el robo perpetrado el 16 de febrero de 2026 contra la Casa de la Mujer, cuya sede fue violentada, con hurto de equipos de comunicación, archivos institucionales, discos duros con información sensible y manipulación del sistema eléctrico. Este ataque compromete no solo la seguridad de una organización histórica del movimiento de mujeres, sino también la integridad de información crucial para la defensa de derechos y la denuncia de violencias.

Estos hechos, tomados conjuntamente, no pueden seguir leyéndose como incidentes puntuales. Constituyen señales de alerta sobre un clima de creciente vulnerabilidad para quienes defienden la vida, los derechos, la igualdad y la democracia en Colombia. Las organizaciones sociales están siendo expuestas a riesgos que comprometen su funcionamiento, su seguridad digital y física, y su capacidad de incidencia pública.

Frente a este escenario:

3. Hacemos un llamado urgente a las instituciones del Estado a activar acciones de protección inmediatas, proporcionales y sostenidas, que garanticen condiciones mínimas de seguridad para la labor de defensa de derechos humanos, acompañamiento a comunidades, investigación social y fortalecimiento de la democracia.
4. Exigimos garantías reales para que organizaciones feministas, de paz y de derechos humanos puedan seguir operando sin miedo, sin vigilancia indebida y sin amenazas veladas o directas.
   
   
5. Recordamos que proteger estas organizaciones es proteger la democracia misma. Sus archivos, sus comunicaciones, su presencia territorial y su ejercicio crítico son bienes públicos esenciales que deben ser resguardados por el Estado.
   
   
6. Insistimos en que ninguna política de seguridad puede ignorar que las organizaciones sociales son parte fundamental de la arquitectura democrática y que su debilitamiento afecta a toda la sociedad colombiana.