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Reflexión sobre los avances alcanzados y los retos persistentes en la construcción de una paz duradera
Diciembre 11 de 2025
Han transcurrido nueve años desde aquel histórico 24 de noviembre de 2016, momento en que el Gobierno colombiano y las FARC-EP firmaron el Acuerdo de Paz, un pacto que prometía transformar la historia del país y abrir una senda de reconciliación, justicia y progreso. Hoy, al cumplirse casi una década, es ineludible hacer un balance honesto, reconociendo tanto los logros significativos alcanzados como los retos complejos que siguen poniendo a prueba la consolidación de la paz. El Acuerdo, aplaudido internacionalmente, es también reflejo de los enormes desafíos estructurales de Colombia.
El logro más visible ha sido el silenciamiento de los fusiles por parte de las FARC como actor armado nacional. Más de 13.000 exintegrantes entregaron sus armas y se reincorporaron a la vida civil, marcando el fin de un conflicto de más de cinco décadas. El desarme permitió reducir drásticamente los enfrentamientos armados, ataques a la población y el riesgo de desestabilización institucional. Como resalta Naciones Unidas: “El proceso de desarme de las FARC-EP ha sido uno de los logros más importantes para el país en la búsqueda de la paz” (Informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 2022).
Cerca de 11.000 firmantes continúan avanzando en la integración social y económica, con un 86% vinculado a proyectos productivos, educativos y laborales. La inversión estatal ha llegado a los 32 departamentos en apoyo a estas iniciativas, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2023).
La creación del partido Comunes, surgido de la antigua insurgencia, ha significado la presencia de 10 escaños en el Congreso durante dos periodos legislativos, garantizando la voz y participación política de los excombatientes y consolidando la apuesta por la democracia (Consejo Nacional Electoral, 2022).
La Reforma, pilar para la justicia social, ha formalizado más de 3,5 millones de hectáreas y adjudicado 275.000 hectáreas a campesinos y comunidades étnicas, avanzando en la redistribución de la tierra y la seguridad jurídica rural. Junto a ello, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han activado más de 16.900 iniciativas en regiones afectadas por la violencia, invirtiendo en infraestructura, educación y proyectos productivos (Agencia Nacional de Tierras, 2023; Agencia de Renovación del Territorio, 2023).
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido sanciones históricas tanto a excomandantes de las FARC como a miembros de la Fuerza Pública por crímenes de guerra y lesa humanidad, sentando un precedente en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Según el informe del Instituto Kroc: “La JEP ha avanzado en esclarecer los hechos más graves del conflicto y establecer responsabilidades” (Quinto Informe sobre la Implementación del Acuerdo, 2023).
El proceso de reparación y memoria ha avanzado con la recuperación de más de 1.200 cuerpos por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la realización de 162 entregas dignas y la localización en vida de 141 personas, aportando a la reconstrucción de la verdad histórica (Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 2024).
Frente al problema de los cultivos ilícitos, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha firmado más de 56.000 planes de inversión, impulsando mecanismos para la transición hacia economías legales, incluyendo alternativas no agrícolas y bancos de proveedores locales (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2023).
Para la protección de excombatientes y líderes sociales, se implementaron el Programa de Protección Integral (PPI), el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) y el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP), como respuesta institucional a los riesgos persistentes. Como señala la Defensoría del Pueblo: “El diseño e implementación de mecanismos de protección es fundamental para salvaguardar la vida de quienes apuestan por la paz” (Informe Defensorial 2024).
Estos avances han sido reconocidos a nivel internacional. La ONU y el Instituto Kroc destacan el Acuerdo colombiano como uno de los procesos de paz más avanzados del mundo, por su arquitectura institucional y enfoque integral para atacar las causas estructurales del conflicto. Así lo expresó el Quinto Informe del Instituto Kroc (2023): “El Acuerdo Final de Paz de Colombia es un referente global en procesos de terminación de conflictos armados”.
No obstante, el camino de la paz sigue siendo arduo y lleno de obstáculos. La violencia persiste en los territorios donde, tras la salida de las FARC, disidencias, el ELN y otros grupos criminales han ocupado el vacío de poder, disputando el control territorial y alimentando el narcotráfico y la minería ilegal. Esto ha generado nuevos desplazamientos, amenazas y homicidios, especialmente en regiones como Cauca, Catatumbo, Arauca y el Pacífico (Misión de Observación Electoral, 2023; Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2024).
Uno de los aspectos más preocupantes es el asesinato de líderes sociales y firmantes del Acuerdo: desde 2016, más de 480 excombatientes y decenas de líderes han perdido la vida. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 89 líderes y 25 firmantes asesinados, socavando la confianza en el proceso y el Estado de derecho. La Defensoría del Pueblo advierte: “El asesinato sistemático de líderes sociales y firmantes es uno de los principales retos para la consolidación de la paz” (Informe Defensorial 2024).
Aproximadamente el 15% de los excombatientes han retornado a las armas, formando estructuras disidentes que continúan cometiendo actos violentos. En algunos casos, los procesos de diálogo han sido utilizados como estrategia de fortalecimiento militar por parte de estas facciones (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 2023).
Apenas se ha adjudicado el 9% de la meta de tierras (3 millones de hectáreas), y persisten conflictos en la tenencia, falta de infraestructura y servicios, perpetuando la desigualdad rural y alimentando la violencia (Agencia Nacional de Tierras, 2023).
En cuanto al PNIS, aunque se han firmado más de 56.000 planes, solo el 1,5% de las familias ha recibido la atención completa, obstáculo para el abandono definitivo de las economías ilegales y la consolidación de alternativas sostenibles (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2023).
La ausencia de una presencia integral del Estado tras la desmovilización ha permitido que actores ilegales ocupen espacios vacíos en educación, salud y justicia. La implementación del Acuerdo también ha estado marcada por la polarización política y la falta de continuidad, lo que ha debilitado el consenso nacional y la sostenibilidad de las acciones pactadas (Instituto Kroc, 2023).
El Instituto Kroc alerta sobre el riesgo de fatiga institucional y la Defensoría del Pueblo señala un déficit superior a los 10 billones de pesos para cumplir compromisos como la electrificación rural. Además, la fragmentación institucional y la falta de coordinación han generado datos contradictorios y dificultado el seguimiento, la transparencia y la articulación de los esfuerzos (Defensoría del Pueblo, 2024).
El balance de estos nueve años muestra que la paz en Colombia es un proceso en marcha, con conquistas tangibles pero también con desafíos estructurales que requieren voluntad política, recursos sostenidos y un pacto social renovado. El lema “La paz es un camino que seguimos construyendo. ¡Sumemos esfuerzos!” resume la necesidad de perseverar, de mantener la esperanza y de fortalecer la participación de toda la sociedad.
El lema “La paz es un camino que seguimos construyendo. ¡Sumemos esfuerzos!” resume la necesidad de perseverar, de mantener la esperanza y de fortalecer la participación de toda la sociedad.
La experiencia colombiana, reconocida globalmente, sigue siendo un referente para otros países, pero la verdadera victoria será lograr que la paz sea estable, duradera y sentida en cada rincón del país.
