Otro golpe a los derechos de las víctimas y la independencia de la justicia

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

26 de marzo de 2021

Han pasado más de veinte años desde aquel 25 de mayo del 2000, cuando la periodista Jineth Bedoya Lima fuera privada de su libertad, torturada y violentada sexualmente por paramilitares que obraron en complicidad con agentes del Estado, mientras aguardaba para ingresar a realizar una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá, a la que regularmente acudía en el marco de una investigación sobre atroces hechos ocurridos al interior de este establecimiento. Anteriormente, Jineth Bedoya y su madre ya habían sido víctimas de amenazas y de un atentado que no fue investigado, y no se les había otorgado protección pese a presentar solicitudes reiteradas para ello. Lo que Jineth Bedoya sí obtuvo de la justicia colombiana son un constante silencio, impunidad y revictimización. Por eso este caso llegó a la justicia internacional y hoy es juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Presentación

En diferentes latitudes y escalas la pandemia del Covid-19 ha sido utilizada como excusa por las corrientes autoritarias para debilitar el Estado de Derecho, la división de poderes y recortar de manera drástica libertades y derechos ciudadanos. Producto de esta preocupación distintas organizaciones de la sociedad civil en Colombia hemos constituido la plataforma “Democracia en Riesgo” con el fin de documentar y alertar a la ciudadanía sobre las diversas formas en las que se está expresando dicho fenómeno en nuestro país.

Luego de varios meses de trabajo la plataforma “Democracia en Riesgo” ha logrado documentar y alertar sobre el uso desproporcionado y abusivo que el ejecutivo nacional hizo de la potestad de emitir decretos legislativos que le otorga la figura del Estado de Emergencia consagrada en la Constitución de 1991, también del preocupante debilitamiento de la figura del Congreso de la República como institución democrática fundamental que expresa la pluralidad de voces que componen el sistema político, así mismo sobre la grave afectación que han sufrido los Derechos fundamentales a la participación y a la protesta.

Algunos de los fenómenos, aún por profundizar, pero que revisten la mayor importancia son los asociados a las enormes restricciones que en el marco de la pandemia se han erigido en contra del Derecho al acceso a la información pública de manera ágil, oportuna y transparente por parte de la ciudadanía, así mismo la proliferación de diferentes herramientas impulsadas desde el Estado destinadas a recopilar información sensible de millones de personas sin el respeto por los estándares que rigen la materia podrían estar afectando de manera grave el Derecho a la intimidad y el habeas data.

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#NadiePorEncimaDeLaJusticia

En varias ocasiones desde la Campaña por la Independencia de la Justicia hemos alertado sobre la estrategia adelantada por el presidente Iván Duque y su partido para hacerse al control de instituciones claves de los organismos de control y del poder judicial, afectando de esta forma el equilibrio de poderes y la independencia judicial, y poniendo en grave riesgo la democracia y el Estado de derecho en su conjunto.

Esto es lo que ha sucedido con la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, quien llega a ese cargo luego de una intensa campaña adelantada por el propio presidente Iván Duque. Además de no tener trayectoria en derecho penal, como se esperaría para ocupar este cargo, Barbosa ocupó un alto cargo en el Gobierno nacional antes de ser Fiscal General de la Nación y es públicamente conocido por ser amigo entrañable del presidente y muy activo durante la campaña electoral de 2018.

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

El 9 y 10 de septiembre de 2020 la brutalidad policial se tomó las calles de Bogotá y las cubrió de sangre. La respuesta represiva y sistemáticamente violenta que caracteriza el actuar de la Policía Nacional y sus agentes dejó sin vida a 14 personas, más de 70 heridas y 3 víctimas de violencia sexual. En las movilizaciones de esos días la ciudadanía ejercía su derecho a la protesta con ocasión del homicidio de Javier Ordóñez, precisamente en manos de agentes de dicha institución.

En medio del lento avance de las investigaciones, el pasado 18 de enero de 2021 la Fiscalía imputó cargos a tres de los policías involucrados en estos hechos (1) que, presuntamente, habrían cometido el homicidio de cuatro personas en el marco de las movilizaciones del 9 de septiembre. Sin embargo, como ya es habitual en estos casos, la defensa de los miembros de la Fuerza Pública solicitó que la Justicia Penal Militar asumiera la competencia para juzgar a dos de los policías que habían comparecido por considerar que los hechos fueron actos del servicio, y durante las audiencias preliminares los jueces de control de garantías no tramitaron la petición de competencia de la justicia penal militar, argumentando que esto debía resolverlo el juez de conocimiento. Es decir, la posibilidad de que los casos sean conocidos por la jurisdicción militar sigue abierta dentro de las audiencias de imputación de cargos que están pendientes.