A partir de la renuncia presentada el 23 de julio de este año por parte de Carlos Bernal Pulido, quien se desempeñó como magistrado de la Corte Constitucional en los últimos tres años, se generó una gran controversia e incertidumbre frente a la integración de la terna para su reemplazo por parte del presidente Iván Duque. Esto se debe a que en estos dos últimos años el gobierno ha tenido manifestaciones de autoritarismo y de creciente cooptación de los cargos más importantes en los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, o en la Fiscalía General de la Nación.

El pasado 10 de diciembre se eligió como nueva magistrada de la Corte Constitucional a la abogada Paola Meneses, quien tiene experiencia en derecho corporativo y derecho público y se desempeñó como Superintendente del Subsidio Familiar gracias al nombramiento realizado por Iván Duque, y después de eso se desempeñó como Fiscal Delegada contra la Criminalidad Organizada. La nueva magistrada cuenta con un gran respaldo político, pues representa al ala conservadora y es cercana al actual Fiscal General Francisco Barbosa, quien se ha caracterizado por su falta de autonomía e independencia del ejecutivo en el desempeño en el cargo.

Su nombramiento no es sorpresivo, pero tampoco había posibilidad alguna de que quedara en el cargo alguien independiente del poder ejecutivo. Todas las personas que integraban la terna conformada el pasado 23 de noviembre tenían como único mérito la amistad con el Presidente de la República.

El segundo ternado era Fernando Grillo Parra, abogado especialista en derecho constitucional y derecho de familia, servidor público durante 30 años y actual director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien ocupa este cargo por segunda vez, pues ya lo había desempeñado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Por último, Duque incluyó en la terna a José María del Castillo, ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y actual vicerrector de la misma universidad en la que el presidente Duque cursó sus estudios y que se ha vuelto infaltable en los perfiles de los altos cargos como el mismo Fiscal Francisco Barbosa, Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, o Ernesto Lucena, Ministro de Deporte. Castillo no ha tenido una trayectoria importante en materia constitucional y se ha desempeñado, sobretodo, en el campo del derecho comercial y el derecho administrativo. Tampoco cuenta con experiencia en el sector público, y es recordado como uno de los partidarios de las inconstitucionales objeciones presidenciales de Duque a la Ley Estatutaria de la JEP.

La elección de Meneses mantiene la tendencia gubernamental de concentración de poder, y amenaza la imparcialidad, autonomía e independencia de la Corte Constitucional.

Además resulta cuestionable que la mencionada terna se integrara después de cuatro meses de la renuncia del magistrado. El Decreto 1081 de 2015, que establecía el procedimiento para la conformación de la terna para la Corte Constitucional, fue modificado convenientemente el pasado 15 de septiembre por medio del Decreto 1257 de 2020 que derogó las regulaciones existentes, dejando la conformación de las ternas a la total discrecionalidad del Presidente. .

Desde la Campaña #NadiePorEncimaDeLaJusticia lanzamos una nueva alerta ante la excesiva concentración de poder del presidente, el cual ahora afecta a la Corte Constitucional, alto tribunal que, además de la reconocida protección de los derechos fundamentales y el control de constitucionalidad de las leyes, desempeña un papel clave en la definición de límites claros al poder Ejecutivo y sus posibles arbitrariedades.

La Campaña manifiesta así mismo su creciente preocupación por el desmantelamiento paulatino por parte del Gobierno Duque del sistema de frenos y contrapesos establecido en la Constitución Política, e invita a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a defender la separación de poderes y la democracia, actualmente amenazadas por la acción presidencial.

El pasado 27 de noviembre, César Santoyo Santos, defensor de derechos humanos y Director Ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, fue brutalmente atacado por tres sujetos que lo interceptaron en horas de la madrugada, cuando se encontraba manejando su bicicleta cerca a la Calle 26 con Avenida Caracas de la ciudad de Bogotá. El ataque se realizó en presencia de otros sujetos que se movilizaban en tres motocicletas, resguardando y observando a los agresores que portaban un arma blanca con la cual hicieron una herida en el rostro, y hurtaron sus documentos, celular y bicicleta.

A finales de los años 80 el país se debatía en una gravísima crisis política, como bien la dibujó Francisco Leal Buitrago con el título de su libro “Al filo del caos: crisis política en la Colombia de los años 80”, y una generación desde la sociedad civil, desde los partido políticos, el gobierno y de los grupos insurgentes, coincidieron en generar el proceso constituyente que dio como resultado la Constitución Política de 1991, con su proyecto de construir un Estado Social y Democrático de Derecho.

Treinta años después, la generación política que le abrió el camino a la democracia participativa y a la eficacia de los derechos y la nueva generación que impulsó la paz con apertura democrática, deben asumir este crítico momento en el que estamos empezando a perder lo que hemos conquistado en materia de paz y democracia.

Este 9 de diciembre se cumplen 30 años de la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y del bombardeo realizado a “casa verde”, lugar donde se encontraban los principales líderes de las extintas FARC.

Queremos aprovechar esta efeméride para dar inicio al proceso de “Cumbre por la Democracia”, con un diálogo intergeneracional que nos permita como sociedad conocer y revalorizar lo que hemos logrado en democracia y paz, y con ello podamos generar una amplia movilización ciudadana en defensa del Estado Social y Democrático de Derecho. Este será un proceso, que terminará el 4 julio, día en que se firmó la nueva constitución, y en estos meses queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que se sume a los esfuerzos de reflexión, movilización y protección del Estado social y democrático de derecho que instauró el ordenamiento jurídico.

30 de noviembre de 2020

Hace un poco más de 36 años llegó Fanny González Franco a la Corte Suprema de Justicia, la primera mujer que en su historia se posicionaría como magistrada, y luego ella misma sería una de las víctimas del Holocausto del Palacio lo ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Pasaron más de 10 años para que una mujer volviera a ocupar este importante cargo, esta vez en la Corte Constitucional, cuando llegó Clara Inés Vargas.

Al día de hoy, sigue siendo una deuda la elección de más mujeres para que ocupen altos cargos en la administración de justicia, a pesar de que han transcurrido ya 20 años de la Ley de Cuotas, 581 de 2000, y de importantes avances a nivel legislativo y jurisprudencial que incluso han llevado a la adopción de enfoques de género en diferentes entidades, que buscan superar un sistema judicial patriarcal permisivo de todo tipo de violencias, a la par de acabar con la exclusión de las mujeres en espacios directivos o de toma de decisiones.