
Muchos gobiernos en el mundo han optado por utilizar poderes excepcionales que les conceden las constituciones y los ordenamientos jurídicos para poder adoptar medidas inmediatas que les permitan enfrentar la crisis desatada por el Covid-19. Sin embargo, estas medidas tienen el riesgo de que los mandatarios las utilicen de forma desproporcionada o sin límite de tiempo, lo que puede generar graves afectaciones al Estado de derecho, la división de poderes, un recorte masivo de derechos civiles y sociales, entre otras.
En Colombia la declaratoria del Estado de emergencia coincidió con el inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso de la República, institución fundamental para la de Democracia y el equilibrio de Poderes; no obstante, mientras el Ejecutivo nacional aplicó las facultades extraordinarias que le otorga la constitución y la ley para enfrentar situaciones como la pandemia, el Congreso de Colombia comenzó a reunirse formalmente por medios virtuales, casi un mes después del inicio de la legislatura. No tramitó ninguna ley orientada a la pandemia, no modifico ninguna de las normas expedidas por el Gobierno, ni ejerció su función de control político ante la avalancha de medidas emitidas por el Ejecutivo nacional cuando, incluso, algunas de ellas no estaban directamente relacionadas con la atención de la pandemia. La ley colombiana contempla la posibilidad de hasta 3 prórrogas del estado de excepción, de las que el presidente Duque ya ha utilizado una, por lo cual el celo democrático debe ser mayor, pues la tendencia a concentrar el poder en el Ejecutivo puede romper el equilibrio de poderes que garantiza el Estado social y democrático de derecho. El Congreso de la República no puede renunciar de facto a ejercer el poder del control político ni a cerrar las posibilidades de convocar a un debate amplio y pluralista sobre la forma como se está regulando la vida social y política del país. Aunque se requieren medidas inmediatas, dada la velocidad creciente del contagio del Covid-19, las medidas de prevención no pueden eliminar el papel de los otros poderes públicos y menos marginar a la ciudadanía de participar en los asuntos que le conciernen directamente.