Declaración del Primer Encuentro Nacional del movimiento Defendamos la Paz
Quienes conformamos el movimiento Defendamos la Paz nos reunimos hoy, para reafirmar nuestro compromiso con la construcción de la paz como política de Estado, nuestra defensa del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y nuestro respaldo a los líderes sociales en el territorio.
El Acuerdo Final permite hacer realidad los principios democráticos de la Constitución de 1991. El pleno ejercicio de los derechos; la construcción de la equidad social en los territorios; el surgimiento de una institucionalidad descentralizada y participativa; la reconciliación que se elabora sobre la justicia restaurativa y la verdad con protagonismo de las víctimas; la perspectiva de la equidad de género y la participación de los pueblos y comunidades étnicas; la conservación de los ecosistemas y el freno a la deforestación, son la base de la terminación del conflicto armado, que permite abrir las puertas a la convivencia pacífica y a la construcción de territorios verdaderamente sostenibles.
Constatamos los avances en la construcción de la paz, muchos de los cuales se han dado gracias a la valerosa acción de las lideresas y los líderes sociales que realizan inmensos esfuerzos diarios por avanzar en la consolidación de la reconciliación en los territorios. De igual modo, reconocemos la entrega de quienes dejaron las armas que, con hechos, demuestran su decisión de no volver a la guerra, y que defienden ese compromiso, en ocasiones al precio de su vida.
La construcción de la paz y la consolidación de la democracia son procesos inseparables. La animadversión al Acuerdo Final puede expresar contenidos de carácter autoritario que si son difundidos con métodos antidemocráticos como el uso sistemático de la mentira, incitan al odio. Se hace cada vez más evidente que el ataque al proceso de paz constituye una estrategia para la destrucción de la Constitución de 1991, las instituciones de la justicia, el principio de la separación e independencia de los poderes públicos y los derechos y libertades fundamentales.
Es el momento de reiterar el llamado al Presidente de la República, a que no se deje tentar por las corrientes del autoritarismo: a que cumpla su promesa de implementar en forma integral el Acuerdo de Paz; a que abandone el intento de cambio de reglas del juego para la justicia transicional; a que se emplee a fondo en acabar con los asesinatos de las personas que, en los territorios, lideran la defensa de la vida digna de las comunidades; a que no desconozca la generosa ayuda de la comunidad internacional para la salida del conflicto armado en Colombia; a que construya un verdadero diálogo con todos los sectores políticos y sociales en búsqueda de consensos en torno a la paz y al fortalecimiento de la democracia.
Respaldamos la verificación imparcial de la Misión de la ONU, cuyo mandato originado en el Consejo de Seguridad le otorga amplia legitimidad, y agradecemos el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de los demás programas y agencias del sistema de Naciones Unidas .
Recordamos y hacemos nuestras las palabras que nos dejó, en su visita de septiembre de 2017, Su Santidad el Papa Francisco: “Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente”.
Ningún acuerdo de paz en Colombia ha sido sometido a una implementación normativa, a una revisión constitucional y a una deliberación pública tan intensas como las que han acontecido en torno al Acuerdo Final. Por eso, consideramos que es plenamente legítimo, tiene rango estatal, sólidos fundamentos legales y constitucionales, y cuenta con el reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional. Hoy, al concluir nuestro primer encuentro nacional, renovamos la invitación a todos nuestros compatriotas a defenderlo y a defender los procedimientos e instituciones nacidos de la Constitución de 1991 que son su garantía democrática.
