Declaración de Defendamos la Paz

Luego del trámite y rechazo de las objeciones presidenciales por parte de las dos cámaras del Congreso de la República, y del auto en que la JEP decidió la garantía de no extradición para Jesús Santrich, dirigentes del partido de Gobierno han reclamado al presidente de la República, Iván Duque Márquez, la declaratoria de un estado de conmoción interior para forzar medidas excepcionales.

Pese a que fuentes gubernamentales han descartado esa posibilidad, consideramos necesario señalar que, de elegir ese camino, el presidente de la República estaría optando por destruir el proceso de paz en sus fundamentos, asestar un golpe contra la democracia, e indefectiblemente dar un giro hacia la entronización de un poder totalitario.

En nuestras convicciones estará siempre el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales, y que las discrepancias con las mismas deben tramitarse en sede judicial. Sin embargo, con relación a los últimos acontecimientos llamamos la atención sobre el contraste entre la manera fluida con que se dio la cooperación internacional con la Fiscalía y no con la JEP, los pasos que fueron omitidos por el ex fiscal Néstor Humberto Martínez para legalizar actuaciones en este proceso, y el ocultamiento de material que fue presentado después de la decisión de los magistrados. Mientras se resuelve su actual situación judicial y los eventuales conflictos de competencia, corresponde a las autoridades tomar todas las medidas para proteger la vida e integridad de Santrich.

Estos hechos generan la fuerte impresión de que todo lo ocurrido pareciera una actuación meticulosamente tejida para provocar una crisis de legitimidad a la JEP, causar un grave daño al proceso de paz, inducir la equivocada percepción de que ha acontecido un cambio traumático en el funcionamiento del mecanismo de extradición, y promover la sensación de que se ha producido una situación de caos institucional que solo puede resolverse con medidas excepcionales.

La verdadera crisis no se desprende de fallos de la JEP ni de la justicia ordinaria. La crisis del país se está viviendo en los territorios más afectados por la guerra, que luego de haber comprobado de primera mano los dividendos de paz en 2017, hoy sufren el incremento de los homicidios (encabezados por los de líderes sociales y exguerrilleros), los desplazamientos y las víctimas de minas. El Gobierno Nacional ha sido incapaz de llegar a estos territorios con una política de seguridad y justicia territorial dirigida a la protección de la población, y con bienes y servicios básicos para fomentar el desarrollo rural. Por el contrario, hoy se conoce que a los territorios se llega con una política de evaluación de resultados operacionales que tiene el potencial de devolvernos a las peores épocas de los ‘falsos positivos’.

El movimiento Defendamos la Paz llama a la ciudadanía a discutir las decisiones judiciales en democracia y por las vías institucionales, y a volcarse a la transformación de los territorios más afectados por la guerra, allí donde el proceso de construcción de paz es más frágil. También insta a los organismos de la comunidad internacional a que redoblen su acompañamiento y observación indispensables para el afianzamiento del proceso de paz en Colombia.

• Gobierno de Iván Duque incumple compromiso de Estado al no implementar integralmente el Acuerdo de Paz.
• En 2018 cada 48 horas fue asesinada una persona defensora de los derechos humanos o con liderazgo social.
• En los últimos 8 meses se han incrementado las masacres, los homicidios y los desplazamientos.

Bruselas, 4 de abril 2019. Más de 75 representantes de la sociedad civil colombiana, europea e internacional, se reúnen en Bruselas durante los días 4 y 5 de abril para evaluar la grave situación de derechos humanos en Colombia y para alertar a la UE y los Estados europeos sobre la falta de implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano.

Este encuentro internacional, que representa a más de mil organizaciones y movimientos sociales que trabajan en y por Colombia, ha sido convocado por la Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) junto con sus tres plataformas asociadas en Colombia: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia; y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).

Los participantes en este Encuentro coinciden en que, desde su llegada al Gobierno, el presidente Iván Duque no ha demostrado la suficiente voluntad para implementar el Acuerdo Final de Paz, ya que las políticas públicas propuestas en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, y derechos de las víctimas, así como el Plan Nacional de Desarrollo, son contrarias y regresivas a lo estipulado inicialmente en el Acuerdo, y por lo tanto ponen en peligro la construcción de paz en Colombia.

Existe una profunda preocupación por el desfinanciamiento y falta de respaldo gubernamental a los tres mecanismos del Sistema de Justicia Transicional. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya ley estatutaria fue objetada por el Presidente Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28% menor que el que había pedido para su funcionamiento. Los representantes de las plataformas recuerdan que la JEP es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que “tendría que ser intocable”.

A lo anterior se suma la nueva Política de Defensa y Seguridad, que representa una regresión en materia de derechos humanos: favorece el aumento de la militarización en los territorios, fortalece la participación ciudadana en actividades de seguridad, promueve la erradicación forzada de cultivos ilícitos y cierra puertas a la negociación con el ELN.

Las organizaciones reunidas en Bruselas quieren denunciar que la implementación del Acuerdo de Paz no solamente se ha desacelerado, sino que su incorrecta implementación está poniendo en riesgo a las personas defensoras y líderes sociales, en especial a quienes viven en regiones donde se registra una débil o nula presencia del Estado, es decir, donde antes se encontraban las FARC.

“El Estado tiene que actuar con urgencia y llegar con su institucionalidad a las zonas rurales más alejadas, apoyando los procesos de implementación del acuerdo en curso que atienden las causas estructurales del conflicto armado y en donde más defensores son asesinados, especialmente aquellos que trabajan con temas como la restitución de tierras o la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.

Para las plataformas europeas y colombianas, que tienen una agenda política con altos representantes de la UE en Bruselas, una de las grandes preocupaciones para transmitir son las cifras alarmantes de asesinatos de líderes y lideresas sociales y de personas defensoras de derechos humanos, al igual que los retrocesos en materia de garantías de protección para este colectivo, en particular para las comunidades étnico-territoriales, las mujeres y las personas LGBT.

Según datos de la Defensoría del pueblo de Colombia, durante el 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales, sin embargo, el Gobierno colombiano sigue negando la existencia del conflicto armado y continúa criminalizando la protesta social, como lo hace actualmente con la Minga Social (movilización masiva de campesinos e indígenas en el Suroccidente del país en paro desde el 10 de marzo).

De acuerdo con el último informe anual de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las masacres han aumentado un 164% en el último año, pasando de 11 casos 2017, a 29 en 2018. Los desplazamientos forzados, por su parte, aumentaron de alrededor de 127.000 personas víctimas en 2017 a 145.287 en 2018. Con todo esto, afirman las organizaciones, “podemos decir que Colombia atraviesa una crisis humanitaria”.

“Las organizaciones colombianas y europeas tememos que la paz en Colombia esté en riesgo. Por eso pedimos a las instituciones de la UE y a sus Estados miembro que continúen acompañando de cerca el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que pidan cuentas de los recursos que han entregado para éste, y que insten al gobierno colombiano a mantener sus compromisos con la búsqueda de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas”, concluyen.

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Bogotá D.C. 14 de marzo 2019

Con el propósito de seguir abriendo espacios para la consolidación de la paz, es obligación de la ciudadanía, de todos y todas, defender y proteger el mayor logro político y social de la historia reciente de Colombia. La construcción de paz será el resultado de encontrarnos en nuestras diversidades.

Ante la campaña de desprestigio de los sectores políticos que han atacado y se han opuesto reiteradamente a la terminación del conflicto armado, es nuestro deber proteger a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, parte fundamental de la construcción y preservación de las memorias colectivas, de la verdad sobre lo que ocurrió en el conflicto armado, de los responsables, y ante todo, de la garantía de No Repetición de los hechos victimizantes. Atacar a la JEP es atacar a las víctimas.

Miembros del equipo negociador del Estado Colombiano y de las FARC-EP, congresistas de diversas formaciones políticas, exministros, víctimas, académicos y líderes de la sociedad civil, enviaron una misiva a António Guterrez, secretario general de la ONU. La comunicación surge en respuesta a las objeciones anunciadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP.

Bogotá D. C., 12 de marzo de 2019. A través de una carta, los integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboraron el Acuerdo de Paz; congresistas de de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; víctimas del conflicto armado, académicos y dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, le expresaron a António Guterrez, Secretario General de las Naciones Unidas, su “preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como del sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.

La carta, que surge como respuesta a las objeciones que el día de ayer hizo el señor presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pese a que esta ya fue objeto de revisión por la Corte Constitucional. “Buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica”, anotan los defensores del acuerdo de paz que firman la carta.

La razón por la cual la comunicación fue enviada a Guterrez, tiene que ver con que el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copiasdel acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se la entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.

Finalmente, los firmantes de la carta piden al Secretario Guterrez y al Consejo de Seguridad de la ONU, instancia a la que le suscriben copia, a que sigan desarrollando una estricta observación de la situación colombiana. “Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional”, aseguran.