Miembros del equipo negociador del Estado Colombiano y de las FARC-EP, congresistas de diversas formaciones políticas, exministros, víctimas, académicos y líderes de la sociedad civil, enviaron una misiva a António Guterrez, secretario general de la ONU. La comunicación surge en respuesta a las objeciones anunciadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP.

Bogotá D. C., 12 de marzo de 2019. A través de una carta, los integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboraron el Acuerdo de Paz; congresistas de de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; víctimas del conflicto armado, académicos y dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, le expresaron a António Guterrez, Secretario General de las Naciones Unidas, su “preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como del sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.

La carta, que surge como respuesta a las objeciones que el día de ayer hizo el señor presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pese a que esta ya fue objeto de revisión por la Corte Constitucional. “Buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica”, anotan los defensores del acuerdo de paz que firman la carta.

La razón por la cual la comunicación fue enviada a Guterrez, tiene que ver con que el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copiasdel acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se la entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.

Finalmente, los firmantes de la carta piden al Secretario Guterrez y al Consejo de Seguridad de la ONU, instancia a la que le suscriben copia, a que sigan desarrollando una estricta observación de la situación colombiana. “Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional”, aseguran.

Bogotá, D.C., 12 de febrero de 2019

Señor

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República

Respetado señor Presidente:

Reciba un saludo cordial.

Para el día de mañana, 13 de febrero de 2019, se ha anunciado una reunión en Washington entre usted y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Queremos manifestarle nuestra preocupación por la actitud complaciente del Gobierno Nacional con relación a una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, y a la participación que tendría nuestro país en ese propósito.

La complacencia a la que hacemos referencia se ha expresado de diversas maneras:

1. El 15 de septiembre de 2018, en la ciudad de Cúcuta, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acompañado del canciller, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que “[e]n cuanto a la opción militar para derrocar a Maduro, no debemos descartar ninguna opción”[1].

2. El 16 de septiembre de 2018, el gobierno colombiano se abstuvo de firmar la declaración del Grupo de Lima, en el que otros gobiernos de la región plasmaron su rechazo “[a]nte cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”[2].

3. El 18 de septiembre de 2018, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, declaró: “[s]e escuchan voces que hablan de operaciones militares unilaterales (sic). Creemos que debe darse una respuesta colectiva a esta crisis. Pero creemos, y, déjeme ser bastante claro, que todas las opciones deben ser consideradas"[3].

4. El 31 de enero de 2019, tras las reacciones por la nota en la libreta del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en la que se mencionaba el envío de “5.000 tropas a Colombia”, el embajador de nuestro país en los Estados Unidos dijo que “[e]s una jugada diplomática inteligente para decirle a Venezuela que está en el final (sic) […] Estados Unidos siempre ha dicho que ‘todas las opciones están sobre la mesa’”[4].

5. El 6 de febrero de 2019, ante ese mismo hecho que generó numerosas reacciones de preocupación en el mundo, al canciller Holmes Trujillo se le preguntó en rueda de prensa, luego de salir de la reunión con el Consejero de Seguridad de Estados Unidos, si había tratado el asunto de la anotación en la libreta a lo cual respondió: “Yo no iba a hacerle un interrogatorio, iba a conversar sobre lo que son las acciones que conjuntamente estamos diseñando política y diplomáticamente para crear condiciones que permitan que el hermano pueblo pueda vivir en democracia y libertad”[5].

6. El 31 de enero de 2019 se realizó la visita a Cúcuta del jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, con un despliegue militar inusitado en la región, generando mayor tensión en la frontera con Venezuela. En entrevista el 8 de febrero, el alto mando estadounidense fue consultado sobre si alguien le había pedido el envío de tropas a Colombia, dejando abierta tal posibilidad al responder que “una vez más remitía esa pregunta al Consejo de Seguridad Nacional”[6].

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Carta a Duque Venezuela120219-Y.pdf

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Bogotá, 30 de enero de 2019

• Cerca de 300 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de todo el país, junto con congresistas de la bancada alternativa hemos conformado la Liga por la Democracia.

• Hacemos nuestro el compromiso con la protección y defensa de la democracia, los mecanismos de participación ciudadana, consulta y consentimiento previo, consultas populares y la protesta social.

• Rechazamos el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigimos protección inmediata.

• Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y demandamos que se mantenga la búsqueda de la salida negociada al conflicto como único camino.

Cerca de 300 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos de todo el país, junto con congresistas de la bancada alternativa queremos hacer público nuestro compromiso con la protección y defensa de la democracia, los mecanismos de participación ciudadana y la protesta social, y por ello nos hemos constituido en la Liga por la Democracia.

Organizaciones sindicales, ambientalistas, de mujeres, de organizaciones campesinas y comunitarias, pueblos indígenas y negros, estudiantiles, comunales, del movimiento de paz y de derechos humanos hemos reconocido los efectos nocivos que para los territorios y las comunidades generan los intentos de restricción de nuestra participación y posibilidad de decisión sobre nuestro desarrollo, el cuidado del agua y el ambiente.

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos étnicos, consagrado no sólo en la Constitución colombiana, sino en tratados internacionales reconocidos por el Estado. A pesar de las luchas de indígenas, negros y Rrom, es sistemáticamente violentado por los funcionarios del gobierno y por las empresas que buscan la explotación de nuestros territorios y nuestros pueblos. Rechazamos cualquier iniciativa de reglamentación, que han impulsado desde el ejecutivo nacional, desde el legislativo y desde los partidos políticos, que van en contra de los principios de la consulta previa y de nuestros planes de vida y etnodesarrollo, desconocen nuestros gobiernos propios, y la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Exigimos que se cumpla el derecho al consentimiento y la consulta previa libre e informada como plantea al Convenio 169 de la OIT, la Constitución nacional y reafirman las sentencias de la Corte Constitucional en la materia.

Las consultas populares mostraron ser un mecanismo de participación ciudadana capaz de poner la voluntad de las comunidades de preservar el agua, el territorio y la vida por encima de intereses privados. Los intentos de detenerlas han sido muchos. Sin embargo, diferentes movimientos ciudadanos han mostrado su legitimidad, así como la firme decisión de organizaciones y comunidades de ejercer su derecho a la participación, y por ello estamos dispuestos a utilizar todo lo aprendido para generar mejores y más eficientes mecanismos de participación que nos permitan defender nuestros territorios de la devastación.

El derecho a la protesta al ser un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, es un fundamento de toda la estructura democrática que ha demostrado ser un mecanismo eficiente para que los gobernantes escuchen el clamor de la ciudadanía, modifiquen sus políticas públicas, reversen medidas que atentan contra el bien común e incrementen la inversión.

Por ello consideramos que todas las medidas que se adopten para su reglamentación deben ir encaminadas al respeto, garantía y protección de todas las personas, organizaciones y movimientos sociales que lo ejercen. Es nuestra decisión seguir en la lucha por el ejercicio de este derecho, y lo utilizaremos para la defensa del agua, de los territorios, del ambiente, de la salud, de la educación, para el logro de la equidad, para la defensa de la paz, para seguir demandando la ampliación de la democracia y para lograr la efectiva protección del Estado frente al creciente número de homicidios y amenazas de líderes y lideresas sociales. Concluimos igualmente que es necesario seguir exigiendo el desmonte del ESMAD como una de las garantías del derecho a la protesta consagrado en la Constitución Política Colombiana.

Queremos además hacer un llamado a la sociedad colombiana para que aunemos esfuerzos para lograr la modificación de la actual política minero-energética y ambiental del país, de forma que se pueda iniciar el cambio hacia una transición energética justa, democrática, que garantice la participación de las comunidades y los individuos no solo en las tomas de decisiones sino en la propia generación de energía. La transición debe romper la dependencia de las energías fósiles y de grandes proyectos hidroeléctricos por energías más limpias, descentralizadas de pequeña y mediana escala, apoyada en la soberanía alimentaria y la justicia hídrica. El gobierno nacional y la empresa colombiana Ecopetrol deben contribuir a liderar la transición, por tanto, nos oponemos a su privatización.

Rechazamos el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigimos protección inmediata, abogamos por una solución política negociada al conflicto colombiano, de tal manera exhortamos al gobierno nacional a reestablecer la mesa de diálogo con el ELN y dar cabal cumplimiento al acuerdo firmado con las Farc. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y demandamos que se mantenga la búsqueda de la salida negociada al conflicto como único camino.

Contacto Prensa:

Maricela Londoño - 315 3808649 + Margarita Velásquez -300 6115592 + Yiya Gómez - 3174414455

Bogotá – Colombia, enero 24 del 2019

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines reiteramos nuestro total rechazo y condena al ataque cometido por el ELN el pasado 17 de enero contra la Escuela de Policía General Santander, y reafirmamos nuestra solidaridad con las familias de las personas que allí murieron o resultaron heridas.

Creemos que, al declarar que la paz no es una política de Estado, desconocer los protocolos adoptados en caso de ruptura de negociaciones y pedir a Cuba que capture y entregue en extradición a los integrantes de la delegación de negociadores del ELN, el Gobierno colombiano se equivoca y contradice el apego a la legalidad que predica.

En primer lugar, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que la construcción de la paz es una política de Estado que debe ser cumplida de manera armónica por las instituciones. En segundo lugar, porque el argumento de que fue el anterior Gobierno, y no el actual, el que negoció y firmó los protocolos previstos para el caso de ruptura de las negociaciones no tiene fundamento y va en contravía del derecho internacional, donde los Estados (sin importar quien gobierne) están obligados a cumplir de buena fe los compromisos que adquieren. Honrar los protocolos suscritos y perseverar para llevar a los responsables de estos delitos ante la justicia no son acciones opuestas.

Consideramos que el Gobierno colombiano desaprovecha y desconoce el papel de los países que generosamente han aceptado ser garantes de la negociación y los compromisos adquiridos con ellos. Con su forma de actuar, el Presidente Duque conseguirá que se cuestione la credibilidad de Colombia en los foros internacionales y que difícilmente los países confíen o acepten facilitar futuras negociaciones de paz.

Las organizaciones agrupadas en la Alianza y la Plataformas lamentamos que con dicho proceder se esté cerrando la puerta a la búsqueda de la paz con el ELN, y a la posibilidad de evitar que actos tan graves y reprochables, como el del jueves pasado, sigan ocurriendo.

Esperamos que, a pesar de la actual coyuntura, Colombia siga contando con el apoyo de la comunidad internacional (y en ese sentido agradecemos las manifestaciones hechas ayer por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU apoyando la búsqueda de la paz), y con el de la sociedad en general, en la búsqueda de salidas negociadas a la confrontación armada que sigue viviendo el país.

Contacto e información:

Ana María Rodríguez – Alianza de Organizaciones Sociales – 3153241933

Juan Bernardo Rosado – Plataforma Colombiana – 3128517682