Las organizaciones sociales y plataformas que trabajamos por la paz y los derechos humanos en la Convergencia POR LA PAZ, rechazamos el atentado con explosivos que segó la vida de 21 personas y dejó decenas de heridos en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá, y nos solidarizamos con los familiares y allegados de las víctimas.

Ante las afirmaciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que señala la autoría y responsabilidad del ELN en este atentado, exigimos al Ejército de Liberación Nacional pronunciarse de inmediato sobre esta delicada acusación pública, en aras de contribuir a la verdad y al esclarecimiento de los hechos.

Expresamos nuestra preocupación por las voces que desde diferentes sectores de la sociedad convocan a la guerra y la violencia como salida al conflicto armado interno. Llamamos a la sociedad colombiana a no permitir que se imponga la guerra, y por el contrario sigamos avanzando en la solución política negociada y el compromiso, decisión, amor y trabajo por la construcción de la paz en un país que ya no aguanta más violencia, ni más líderes y lideresas asesinados, estigmatizados y judicializados.

Colombia merece un presente y un futuro de paz, democracia y justicia social.

CONVERGENCIA POR LA PAZ

Bogotá, Colombia – enero 18 de 2019

Bogotá, 17 de enero de 2019

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU, La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, La Plataforma Colombiana de DDHH, Democracia y Desarrollo - PCDHDD, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE y La Red Nacional en Democracia y Paz, conformadas por más de 500 organizaciones sociales y de promoción de los derechos humanos, condenan el atentado explosivo contra la Escuela de Policía General Santander que ha dejado, según informaciones iniciales, 9 personas muertas y más de 50 personas lesionadas, y se solidarizan con los familiares y víctimas de este atentado.

Estas acciones, que pretenden hacer retroceder al país a épocas de zozobra y de guerra degradada, son condenables sin importar cuáles hayan sido sus responsables o sus justificaciones. El camino hacia una sociedad en paz y respetuosa de los derechos para todas las personas no puede ser otro que el de profundizar la salida negociada a nuestro conflicto armado interno y la implementación firme y decidida del Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Este atentado no puede convertirse en un pretexto para desistir de la vía negociada a la confrontación armada, incrementar la militarización y justificar el cierre de los espacios y libertades democráticas. Ante este panorama urge generar una amplia movilización de la ciudadanía para persistir en el fortalecimiento de la democracia y la vigencia irrestricta de los derechos y libertades públicas, lo que exige profundizar el cumplimiento de los compromisos del Estado, la comunidad internacional y la sociedad colombiana con la implementación cabal de los Acuerdos de Paz firmados con las Farc y la exigencia al Estado y al ELN de poner fin a las acciones que han impedido reanudar este proceso de negociaciones hacia la superación definitiva del conflicto armado en el país por la vía la negociación política.

Hacemos un llamado a la sociedad colombiana a persistir en la construcción de una paz estable y duradera. Las colombianas y colombianos podemos juntos superar esta historia de violencia indiscriminada si seguimos avanzando en la búsqueda de la convivencia pacífica. La guerra, la violencia, el terror no son la solución, por el contrario, generarán más violencia.

Demandamos una investigación completa, responsable y transparente para encontrar la verdad y los responsables de este atentado, que no caigamos en nuevos falsos positivos judiciales.

Abrazamos a las familias, allegados y allegadas de las nueve personas fallecidas y deseamos la recuperación completa de todas las personas heridas en estos hechos que condenamos.

“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” al que no estamos dispuestos a renunciar.

COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS

ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y AFINES

PLATAFORMA COLOMBIANA DE DDHH, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

LA RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y PAZ

Comunicado de prensa

Bogotá, 10 de diciembre de 2018

• 22 de los 24 proyectos relacionados con el Mandato Anticorrupción naufragaron.
• Los partidos políticos que firmaron el pacto anticorrupción mostraron durante esta legislatura su ausencia de voluntad política y de compromiso con las
• Tras el fracaso del Pacto Anticorrupción en el 2018, la Veeduría al Mandato Anticorrupción invita al Gobierno Nacional del presidente Iván Duque y a los Partidos y Movimientos políticos del Congreso a la creación de una Mesa Técnica, con participación de expertos y ciudadanía, con el propósito de consolidar Proyectos y Actos Legislativos que den cumplimiento al Mandato Anticorrupción.

A 8 días del final de esta legislatura el naufragio de los proyectos anticorrupción es inminente. El balance del trámite legislativo es muy desalentador. La Veeduría Ciudadana al Mandato Anticorrupción identificó 24 proyectos relacionados con lo que votó la ciudadanía el pasado 26 de agosto (los proyectos de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, del pacto sobre los 7 puntos de la consulta y lo correspondiente a anticorrupción dentro de Reforma Política y Reforma a la Justicia).

De estos, hay 1 proyecto que ni siquiera tiene ponentes (cátedra anticorrupción); 6 que no tienen ponencias (sin las cuales es imposible debatir); 9 que no fueron agendados para discutir; 3 que se hundieron y 5 que tienen trámite (con micos o sin contenidos transformadores).

Los tres proyectos que se hundieron son: Límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, que pasó primer debate en Comisión Primera de Cámara con el mico de hacerlos no consecutivos (ya se veía mala cara) y en plenaria de Cámara fue archivado con 69 votos a favor, provenientes del Partido Liberal, La U, los Conservadores y Cambio Radical; el tope para el salario de los congresistas y servidores públicos del Estado que ni siquiera superó su primer debate, también en Comisión Primera de Cámara, donde la mayoría de sus miembros de declararon impedidos (incluidos sus ponentes) por conflicto de intereses (dejando de lado que el proyecto planteaba un régimen de transición y estaba supeditado a nuevos congresistas), abandonando la sesión y no discutiendo; por consiguiente, el Ministerio del Interior decidió retirarlo; y la Reforma a la Justicia que se hundió porque no cumplió con sus primeros cuatro debates en esta legislatura.

De los proyectos con algún tipo de trámite dos van por buen camino: el de pliegos tipo, que fue aprobado sin problemas en Comisión Primera de Cámara, y el proyecto de la Fiscalía, que había pasado por Cámara la legislatura pasada y tiene pendiente su último debate en Plenaria de Senado. Este proyecto es muy importante porque responde a la necesidad de fortalecer los instrumentos jurídico-penales que permita la eficiencia en la lucha contra la corrupción y contempla distintas modificaciones normativas para contrarrestar las conductas que se han identificado como generadoras de corrupción (combatir el fenómeno en campañas políticas, procesos de contratación pública, el deber de denunciar hechos asociados a la corrupción, testaferrato en detrimento de la administración pública, ocultamiento o destrucción de pruebas, entre otros).

Sobre la divulgación de la declaración de bienes y renta (uno de los proyectos con mensaje de urgencia) cuyo trámite empezó mal, ya que fue aprobado con la proposición sustitutiva según la cual la publicación de bienes tiene carácter restringido a los órganos de control, por lo cual no es pública. 85 votos a favor y 55 en contra. Los autores de este mico en la Cámara de Representantes fueron Gabriel Vallejo (Centro Democrático) y Jorge Tamayo (U).

Es posible afirmar que 22 de los 24 proyectos anticorrupción naufragaron. A esto se suma, la falta de compromiso y voluntad política de los partidos que asistieron sacando pecho a firmar el pacto anticorrupción y a comprometerse con las 11.674.951 personas que expresaron su voluntad contra la corrupción y que no han hecho más que defraudar a sus electores.

¿Qué hacer en el 2019?

Tras el fracaso del Pacto Anticorrupción en el 2018, la Veeduría al Mandato Anticorrupción invita al Gobierno Nacional del Presidente Iván Duque y a los Partidos y Movimientos políticos del Congreso a la creación de una Mesa Técnica, con participación de expertos y ciudadanía, con el propósito de consolidar las reformas legales que den cumplimiento al Mandato Anticorrupción expresado por la ciudadanía, y sus aspiraciones en materia anticorrupción, en agosto de este año. Esta mesa técnica tendría por objetivo el diseño de los proyectos, su articulación bajo la sombrilla de una Estrategia Nacional de Integridad y Anticorrupción, su liderazgo ante el Congreso y la socialización de los mismos con la ciudadanía. Así, se sugiere que los proyectos se centren en:

1. Pliegos Tipo. Sacar adelante el Proyecto de Ley 082 de 2018 aprobado en primer debate, manteniendo el texto aprobado e incluyendo los tiempos de reglamentación, además de empresas de economía mixta y Alianzas Público Privadas en la aplicabilidad de la Ley.
2. Declaración de Bienes y Rentas y de conflictos de interés. Liderar el diseño de un Sistema de Declaración de Bienes y Rentas y de conflictos de interés para todos los servidores públicos, congresistas y encargados de administrar recursos del Estado, que cumpla con: 1. Declaraciones como información de acceso público a la ciudadanía; 2. Plataforma Nacional de acceso a la información; 3. Responsable de verificar y auditar la información consignada, y finalmente; 4. Periodicidad de la actualización de la información. Así se cumple con una rendición de cuentas transparente de parte de los servidores públicos, se reduce el riesgo de contratar personal con conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones, clarifica posibles impedimentos y se garantiza el derecho de participación y control social de los ciudadanos.
3. Protección de Denunciantes. La necesaria creación de Ley de Protección al denunciante de hechos de corrupción, que otorgue garantías frente a posibles amenazas a su integridad personal y laboral de los denunciantes y de su familia, incentive la denuncia y genere canales claros de información entre las distintas dependencias y entidades encargadas de los procesos y de las medidas de protección al denunciante (Contraloría, Unidad de Protección, Fiscalía, DAPRE, entre otras).
4. Presupuesto Participativo. La participación ciudadana es relevante en cada etapa del proceso presupuestal (asignación de recursos, ejecución presupuestal y evaluación presupuestal). El proyecto de ley debe considerar mecanismos de difusión de información, pedagogía y mecanismos para toma decisiones colectivas.

Todo lo anterior, en paralelo a continuar el trámite de la reforma política y reactivar la reforma a la justicia. Convencidos de la importancia de sacar adelante los Proyectos y en medio de una ocupada agenda legislativa, es fundamental diseñar proyectos viables con propuestas claras de implementación, contar con la participación de las entidades líderes de política y con el liderazgo y compromiso del Presidente de la República, Ministros y Congresistas.

Pueden consultar los detalles de cada proyecto en el siguiente enlace: https://drive.google.com/open?id=1j4NaupzaMIbsaJ86Oja_EiwqEo5JO96m

Veeduría al Mandato Ciudadano Anticorrupción

Informe Prensa: María Paula Rincón 3153836316 y Yiya Gómez 31744144