Herramientas para proteger los derechos laborales en tiempo de Coronavirus

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Las causas profundas de la economía informal tienen múltiples facetas, para lograr promover el trabajo decente en Colombia no solamente se requiere del llamado que hacen constantemente organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, se requiere de una institucionalidad judicial, política y económica que sea eficaz, y con acceso equitativo. La economía en Colombia funciona muy por debajo de su potencial y es la consecuencia de la informalidad y la poca o nula garantía de la aplicación efectiva de contratos que garanticen la seguridad personal y estabilidad social de los empleados.

Para quienes se encuentran en la economía formal cuentan con recursos a nivel de información, infraestructura pública, servicios sociales, mercados y tecnologías, un ámbito totalmente opuesto para los trabajadores y empresas informales. La declaración de la Organización Internacional del Trabajo – OIT – es relativa a los principios y derechos fundamentales protegiendo a los trabajadores de la economía informal.[1] Figura no aplicada en el estado colombiano.

Desde el 24 de marzo y aún con la incertidumbre que vaya hasta abril 13 de 2020, Colombia vive una crisis de salud pública que afecta a miles de trabajadores, especialmente a los informales por aislamiento social, preventivo y necesario para el país, pero que a su vez significa la pérdida de ingresos por el cese de sus actividades.

Crece el virus, crece el desempleo y la informalidad

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística –DANE– sobre los indicadores coyunturales en el marco de la emergencia derivada de la expansión del COVID-19, la tasa de desempleo registrada en enero de 2020 fue de 13% y la del trimestre noviembre de 2019 a enero de 2020 fue del 10,6%, siendo una de las tasas de desempleo más altas registradas en los últimos años. El total de la población ocupada –total nacional– el 42,8% de las personas son trabajadores por cuenta propia, y 3.8% trabajadores familiares sin remuneración.

Así también, en el trimestre noviembre de 2019 a enero de 2020, en las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas la tasa de informalidad fue de 46,6%, siendo las mujeres las más afectadas por este flagelo con un porcentaje de informalidad en mujeres ocupadas de 48,5% en contraste con la informalidad en ocupados hombres que corresponde al 45%.

Lo anterior significa que existe un importante déficit de trabajo decente en el país, que implica para la población de la economía informal una completa desprotección ante las crisis y las fluctuaciones económicas, perdida de sus ingresos, poco acceso a los bienes necesarios para subsistir e incapacidad de contribuir al Sistema integral de Protección Social para protegerse ante contingencias como la maternidad, paternidad, desempleo, enfermedad o incapacidad.

Pero ¿qué hacer antes la vulneración de estos derechos?

Conscientes de esta problemática y con el objetivo de brindar apoyo a trabajadores del cuidado no remunerado, con contrato de prestación de servicios, de la economía informal, trabajadoras domésticas remuneradas y trabajadores formales, la Central Unitaria de Trabajadores – CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC, presentan: “Los trabajadores y sus derechos ante el coronavirus” una serie de 5 cartillas que contienen información detallada, con herramientas para que trabajadores/as conozcan sus derechos en tiempos del Covid-19.

Cartilla 1: Trabajadoras y trabajadores con contrato de prestación de servicios

En estos contratos, en la mayoría de los casos utilizados para esconder una relación laboral real, los trabajadores vinculados tienen un trabajo económicamente dependiente, es decir, derivan todos o la gran mayoría de sus ingresos de este solo contrato y la suspensión o cancelación de este implicaría en la no percepción de ingresos para la persona o familia entera.

VER: Trabajadoras y trabajadores con contrato de prestación de servicios

Cartilla 2: Trabajo del cuidado no remunerado

En el trabajo no remunerado, mujeres y hombres en algunas circunstancias han sido enviados a sus hogares para continuar con la prestación de sus servicios de forma remota, sin que se tenga en cuenta que también tienen que cumplir con todo lo que implica el cuidado directo e indirecto que ya no pueden contratar para que otros asuman.

VER: Trabajo del cuidado no remunerado

Cartilla 3: Trabajadoras domésticas remuneradas

A pesar de los esfuerzos para adecuar las leyes nacionales a las normas internacionales como el Convenio 189 de la OIT, la informalidad en este sector es supremamente alta, el 60% gana menos de un salario mínimo, el 77% recibe alimento como pago en especie y la mayoría de las personas prestan sus servicios sin afiliación a seguridad social, según información de la Escuela Nacional Sindical.

VER: Trabajadoras domésticas remuneradas

Cartilla 4: Trabajadores y trabajadoras formales

El teletrabajo no puede alterar la naturaleza laboral del vínculo ni la modalidad en función del tiempo (indefinido, a término fijo, por duración de la obra o labor contratada o para labores (accidentales, ocasionales o transitorias). El salario del tele trabajador no podrá ser inferior al que se pague por la misma labor.

VER: Trabajadores y trabajadoras formales

Cartilla 5: Trabajadores y trabajadoras de la economía informal

El Sistema de Protección Social colombiano no responde a las necesidades reales de las personas más vulnerables, se requiere que el Gobierno Nacional adopte la propuesta de “Ingreso universal” que corresponde a un monto de dinero que permita cubrir a todas las personas –o al menos a las más vulnerables– sus necesidades básicas.

VER: Trabajadores y trabajadoras de la economía informal


[1] OIT: Key indicators of the labour market 2001 – 2002 (Ginebra, 2002).

 

SALUDAMOS CESE UNILATERAL DEL ELN

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Desde el movimiento Defendamos la Paz, saludamos la decisión tomada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN de declarar un cese unilateral por un mes, desde el 1 al 30 de abril, teniendo en cuenta los diferentes llamados hechos por las comunidades, sociedad civil y la comunidad internacional, especialmente el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres y su representante en Colombia, Carlos Ruíz Massieu.

En el contexto de la lucha por contrarrestar la pandemia del COVID19, este gesto del ELN genera alivio humanitario a las comunidades de las diferentes regiones del país que siguen viviendo el rigor de la violencia, lo que las hace aún más vulnerables ante la crisis sanitaria.

La declaración del cese unilateral se convierte igualmente en gran oportunidad de seguir avanzando en las condiciones necesarias para retomar el camino de los Diálogos de Paz entre esta guerrilla y el Gobierno Nacional y alcanzar una Paz Completa. Solicitamos al Presidente Iván Duque, responder positivamente a estas declaraciones hechas por ELN y facilitar un acercamiento.

De igual forma, saludamos la decisión del Gobierno Nacional de restablecer la condición de gestores de paz a Francisco Galán y Carlos Velandia, pues es un paso importante para retomar el camino de los diálogos. A ese propósito también puede contribuir, dar el mismo tratamiento al caso de Juan Carlos Cuéllar.

Reiteramos nuestro llamado a los diferentes grupos armados para que cesen todas las acciones en los territorios del país y no infligir más sufrimientos a las comunidades que enfrentan los riesgos de la pandemia del Coronavirus.

Colombia, 30 de marzo de 2020.

Comunicado ante el anuncio de paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional y del Ejército Popular de Liberación

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El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia – CNPRC como órgano asesor y consultivo del gobierno nacional, integrado por 36 sectores de la sociedad civil nacional y por instancias de la institucionalidad colombiana, pone de manifiesto a la opinión publica su preocupación frente a los hechos que vienen aconteciendo en los últimos días.

Quienes conformamos este Consejo, queremos expresar nuestro absoluto rechazo al anuncio y desarrollo del paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la región del Catatumbo; este tipo de actos violentos afectan principalmente a las comunidades y son contrarias a la paz y la reconciliación. Como integrantes de un organismo cuyo fin último es promover y desarrollar acciones para la construcción de paz MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO A CUALQUIER ACCIÓN VIOLENTA, surja de donde surja.

Consideramos necesario que se ponga en marcha una estrategia que priorice las zonas con presencia de estos grupos armados, para la exigencia de respeto por los Derechos Humanos de la población civil, mientras alcanzamos una Paz completa. Expresamos toda nuestra solidaridad con las personas y territorios del país que se han visto afectados por esta situación y nos ponemos a disposición en la búsqueda e impulso de una solución negociada de este conflicto. Colombia necesita con urgencia hechos de paz.

CONSEJO NACIONAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA

¡Que la Paz no nos cueste la vida!

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Rechazamos las amenazas de las Águilas Negras Bloque capital D.C., proferidas en los últimos días en contra de 16 personas miembros de organizaciones que hacen parte de las plataformas de derechos humanos y personas de una trayectoria impecable en la defensa de los derechos humanos y la paz.

La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines rechaza enérgicamente la amenaza, de las Águilas Negras Bloque capital D.C., proferida en los últimos días en contra de 16 personas, entre las cuales aparecen nuestros colegas Jahel Quiroga, Alirio Uribe y David Flórez, miembros de organizaciones que hacen parte de las plataformas de derechos humanos y personas de una trayectoria impecable en la defensa de los derechos humanos y la paz, quienes merecen todo nuestro respaldo, respeto y agradecimiento.

Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar, es integrante del Equipo Dinamizador de La Alianza y su vocera política en el Proceso Nacional de Garantías, desde donde ha liderado iniciativas muy importantes en favor del derecho a la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia.

Esta intimidación se une a la larga lista de atentados contra el ejercicio de liderazgo social en Colombia que ha cobrado la vida, según informe de Indepaz con corte a febrero 8 de 2020, de 46 personas, entre ellas nueve firmantes del Acuerdo de Paz. (Paz al liderazgo social)

Demandamos del Estado colombiano tomar medidas inmediatas y eficientes para proteger la vida de Jahel, Alirio, David y las demás personas incluidas en la mencionada amenaza, investigar y llevar a la justicia a quienes les han amenazado, y brindar garantías a todas las personas que defienden los derechos humanos cuyo aporte es indispensable para generar las condiciones de una paz estable y duradera en Colombia.

A la Comunidad Internacional le solicitamos acompañar de cerca este caso y reclamar del Estado colombiano acciones prontas y eficaces ante esta delicada situación.

¡Que la Paz no nos cueste la vida!

Bogotá, febrero 12 de 2020

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