Informe Nacional
La población campesina en Colombia atraviesa serias dificultades para superar las
condiciones de inequidad, injusticia y falta de oportunidades económicas que
históricamente la han afectado, y enfrenta, sobre todo, la urgencia de garantizar
condiciones para seguir defendiendo sus derechos, sus territorios y sus recursos frente
a un modelo de desarrollo rural que, pese a los esfuerzos significativos del actual
gobierno, sigue reproduciendo dinámicas de acaparamiento de tierras, agotamiento de
los ecosistemas y exacerbación de la crisis climática. El campesinado colombiano
—pescadores de río y de mar, cocaleros, agricultores, pastores, ganaderos,
agromineros, mujeres que cultivan y que cuidan, jóvenes rurales, cuidadores de bosques
y del agua— representa aproximadamente una cuarta parte de la población del país y
produce entre el 55 % y el 70 % de los alimentos que llegan a las mesas colombianas. Sin
embargo, y esta es una de las paradojas del presente informe, los hogares que se
identifican como campesinos tienen una probabilidad significativamente mayor de
enfrentar inseguridad alimentaria que aquellos que no se reconocen como tales: 35,4 %
frente a 21,8 %. Quienes alimentan al país son quienes más padecen el hambre y esta
contradicción sintetiza las profundas deudas que el Estado y la sociedad colombiana
mantienen con este sector de la población.
El informe que aquí se presenta está compuesto por diez capítulos que, escritos por
investigadores, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos,
abordan desde distintas perspectivas la situación del campesinado colombiano. Los
primeros capítulos establecen el marco general: el reconocimiento del sujeto campesino
y la garantía de sus derechos, y un análisis de la situación de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales que evidencia las brechas jurídicas y materiales que
persisten pese a los avances normativos. A continuación, se examinan las
territorialidades campesinas y la política agraria, incluidos los avances en el
reconocimiento de figuras como los Territorios Campesinos Agroalimentarios, las Zonas
de Reserva Campesina y los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios, así como la
dinámica de la economía campesina como componente estructural del sistema
alimentario del país. El informe ofrece también una lectura diferenciada sobre las
mujeres campesinas —quienes enfrentan una triple discriminación de género, rural y por
violencias— y sobre las juventudes rurales, cuya permanencia en el territorio está
amenazada por un modelo de desarrollo que sistemáticamente las expulsa. Se
reflexiona, igualmente, sobre los avances en el reconocimiento de los derechos
culturales del campesinado, sobre la gobernanza de excepción que ha imperado en los
territorios cocaleros a través de las políticas de sustitución y sobre la victimización
desproporcionada del campesinado en el marco del conflicto armado y los desafíos de la
memoria y la reparación colectiva. Finalmente, el informe cierra con un análisis del
derecho a la participación real y efectiva del campesinado, destacando la creación de la
Comisión Mixta de Asuntos Campesinos como primer espacio permanente de
interlocución entre el campesinado y el gobierno nacional, y la demanda persistente de
que la participación deje de s er meramente consultiva y adquiera carácter vinculante.
La tensión que atraviesa el conjunto del informe es, en definitiva, la que existe entre los
avances normativos e institucionales alcanzados en los últimos años y la persistencia de
las desigualdades estructurales que siguen determinando la vida del campesinado
colombiano. Estos capítulos buscan documentar ambas caras de esa tensión, con la
convicción de que nombrar con precisión la realidad es un paso indispensable para
transformarla, y con la certeza de que la sostenibilidad de lo alcanzado dependerá, como
ha ocurrido históricamente, de la capacidad organizativa y la movilización del
campesinado.