Cartilla pedagógica
Históricamente, la labor de defensa de los derechos humanos, el liderazgo social y político desarrollado por sectores progresistas comprometidos con la agenda de derechos humanos en Colombia ha estado atravesada por múltiples formas de violencia, que han pretendido silenciar voces y procesos que buscan fortalecer la democracia, la garantía de los derechos humanos y avanzar hacia la consolidación de un país más justo, equitativo y en paz.
En el contexto social, político y armado actual, caracterizado por un creciente riesgo de debilitamiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos humanos y la construcción de paz, contar con herramientas para la prevención, el fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección y de gobernanza interna de las organizaciones, movimientos sociales y políticos de oposición, así como la implementación de rutas de actuación de carácter comunitario e institucional, resulta fundamental para continuar ejerciendo su labor.
Si bien los riesgos y las violencias se manifiestan de manera diferenciada para quienes ejercen la labor de defensa de los derechos humanos y para quienes desarrollan actividades de liderazgo social, participación política u oposición, desde la Corporación Viva la Ciudadanía se identificó la necesidad de construir una guía o protocolo que contribuya, por un lado, a la realización de análisis de riesgo ajustados a las particularidades sociales, territoriales y organizativas de quienes desarrollan estas labores y, por otro, que permita identificar las principales rutas y mecanismos que pueden ser funcionales a las garantías de seguridad para la labor de la defensa de los derechos humanos, liderazgo social, construcción de paz y el ejercicio de la política que se exigen en el contexto actual.
En este sentido, el presente instrumento se estructura en tres partes. La primera presenta los principales elementos para el análisis del riesgo y la comprensión de los factores que incrementan la exposición a distintas formas de violencia. La segunda desarrolla las rutas institucionales, comunitarias y organizativas que pueden activarse cuando los riesgos se materializan. Finalmente, la tercera reúne un conjunto de medidas complementarias de prevención, protección y actuación que pueden resultar útiles para responder de manera oportuna a situaciones de riesgo y fortalecer las capacidades de protección de las comunidades, organizaciones y movimientos frente a estas violencias.