Las organizaciones sociales, de derechos humanos y personas abajo firmantes rechazamos de manera categórica las decisiones unilaterales del gobierno de Abelardo de la Espriella, las cuales asestan un golpe crítico a los procesos de diálogo con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) y asfixian la operatividad de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Desconocer los acuerdos pactados no solo vulnera el principio de buena fe y la continuidad del Estado: condena al abandono a más de 13.000 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y deja en inminente riesgo de muerte a 99 personas en proceso de desmovilización. La paz de Colombia, y en especial la vida de las comunidades del sur del país, no puede supeditarse a revanchismos de turno.

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