Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus Nº 18

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Consulte aquí el Boletín N°18 del Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus con análisis sobre la profundización de la crisis del empleo, las nefastas consecuencias del hundimiento del proyecto de Ley 322 de Senado y 050 de Cámara que permitía el traslado de millones de trabajadoras y trabajadores a Colpensiones, la protección judicial de los derechos de trabajadores de plataformas, entre otros temas.

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Neutralidad frente a la protesta

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Respeto y garantías para la minga  

Nadie por encima de la justicia

El pasado 22 de septiembre la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia protegió el derecho fundamental a la protesta, amenazado y vulnerado en el marco de las movilizaciones realizadas a partir del 21 de noviembre del 2019. Para garantizar dicha protección se emitieron distintas órdenes, una de estas se dirige a los miembros del Gobierno Nacional y consiste en mantener la neutralidad en el desarrollo de las manifestaciones no violentas, aún cuando los cuestionamientos se realizan frente a sus propias políticas. 

También se ordenó al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, en un término no mayor a treinta días, expedir un acto administrativo por medio del cual se ordene mantener la neutralidad a todas y todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, que incluye cumplir permanentemente con la obligación de garantizar imparcialmente y facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales a la protesta pacífica, reunión y expresión. 

En abierto desacato, varios funcionarios del Gobierno Nacional y de otras instituciones estatales dejan claro que su postura frente a la protesta no es neutral. La Ministra del Interior, Alicia Arango, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, han hecho referencia a supuestas infiltraciones en la Minga por parte de grupos armados al margen de la ley. Bajo este discurso, se pretende criminalizar la protesta y legitimar la respuesta violenta y represiva a los manifestantes. Es así como el Fiscal General anuncia desde ya judicializaciones por el supuesto terrorismo presente en las manifestaciones. 

También Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, ha deslegitimado la Minga, afirmando que el Gobierno ha cumplido con sus compromisos, por lo cual sugiere acudir a otros espacios como el Congreso, negando así la movilización social como escenario de debate político. 

Por su parte, Diego Molano, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Dapre- afirma que la movilización desarrollada por la Minga pone en riesgo la reactivación económica y llama a la Alcaldía distrital a hacer valer las normas de bioseguridad, con lo cual desconoce la expresa exigencia de las Naciones Unidas de no ligar esta enfermedad a ningún grupo social en particular, mucho menos a un grupo étnico en concreto, y de la CIDH a no restringir las garantías democráticas con la excusa de la pandemia.  

Todas estas declaraciones, ya características de este Gobierno y sus funcionarios, no sólo desconocen un fallo judicial sino la obligación que el Estado tiene de mantener una postura neutral para evitar la exclusión de diversos sectores que pretendan dar inicio o ser parte de un debate público. La neutralidad de los funcionarios frente a las razones de la protesta social es garantía de una sociedad plural y democrática. 

La Minga exige el respeto y la garantía del derecho a la vida, el reconocimiento de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los puntos del Acuerdo Final para la Paz, entre otros múltiples incumplimientos por parte del Estado colombiano. El gobierno Duque debe atender estas demandas, y abrir espacios al diálogo y a concertación con la Minga y las demás expresiones del movimiento social.

La Minga es protesta social, resistencia, dignidad, pluralidad y derecho ancestral. Es parte de la vida en democracia, no representa criminalidad y mucho menos terrorismo. Los pueblos indígenas han sido víctimas del conflicto armado. Tanto frente a la Minga como frente a las movilizaciones de esta semana, el Gobierno Nacional y sus funcionarios tienen la obligación de frenar toda estigmatización y expedir el correspondiente acto administrativo que ordene la neutralidad a sus funcionarios en el término ordenado por la Corte Suprema de Justicia. 

La neutralidad es un presupuesto democrático mínimo para avanzar en la construcción de la paz en medio de un país marcado por décadas de conflicto armado interno y la doctrina del enemigo interno, en la que desde los diferentes Gobiernos se ha intentado asociar el ejercicio del Derecho fundamental a la protesta a la comisión de un delito o a la pertenencia a grupos insurgentes. Al respecto afirma la Corte en dicha sentencia que “Una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo – enemigo”. 

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Exigimos respeto por la independencia judicial en Colombia

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787 organizaciones y personas suscriben comunicado por la independencia de la justicia en Colombia

Personalidades, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, dirigentes políticos y sociales expresan su preocupación por la situación de la independencia de la justicia en nuestro país, a raíz de recientes ataques que desde el gobierno nacional se han lanzado contra decisiones judiciales o incluso el desacato de estas.

El comunicado lanzado por la Campaña por la Independencia Judicial recoge las firmas de tres plataformas de derechos humanos, dos exmagistrados, 212 Organizaciones, 572 Personas, entre ellas nueve congresistas, dos exmagistrados, tres concejales de Bogotá, unidos por una preocupación: el rumbo autoritario que ha ido tomando el actual gobierno.

“El propio Presidente de la República y el partido de Gobierno adelantan una feroz campaña contra los derechos, el equilibrio de poderes, las Cortes y la independencia de la justicia avanzando de forma peligrosa en el camino del autoritarismo y el fin de los pilares esenciales del Estado de derecho” advierten firmantes.

Algunos ejemplos que citan son los recientes desacatos de las sentencias a los fallos judiciales en favor del derecho a la protesta, el que frenó el proceso de consulta previa virtual para el regreso de las aspersiones con Glifosato, pero también la medida de aseguramiento dictada contra el exsenador Uribe por la Corte Suprema de Justicia, recientemente revocada por Jueza de Control de Garantías, a petición de la defensa y con el respaldo de la Fiscalía y la Procuraduría.

También señalan dentro de estos ataques a la independencia judicial el hecho de que la justicia penal militar asuma la competencia para investigar casos de abuso policial, luego de que el país presenciara los recientes abusos de autoridad en las protestas donde fueron asesinadas 14 personas, el pasado 9 y 10 de septiembre.

“Llamamos al ministro de Defensa y al Gobierno de Iván Duque a que no se utilice a la justicia ni a sus fallos como caballo de batalla electoral, a que cesen todos los ataques contra la administración de justicia y a que se acate integralmente el conjunto de los fallos judiciales” concluyen.

El comunicado es la primera acción pública de esta iniciativa liderada por tres plataformas de derechos humanos que agrupan a 500 organizaciones de derechos humanos, bajo el lema “Nadie por encima de la justicia”. También llaman a seguir sumando firmas a través de la Plataforma Change http://chng.it/npVwbk8vzj y con esto buscan enviar un mensaje muy claro al gobierno nacional “Recordemos que en una democracia nadie debe estar por encima de la justicia, mucho menos el Presidente de la República”.

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Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus Nº 17

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Consulte aquí el Boletín N°17 del Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus con análisis sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2021, la perniciosa regulación que se discute para el trabajo de plataformas, las acciones judiciales adelantadas por las Centrales Sindicales en defensa de los derechos laborales, entre otros temas.

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